Este lunes se firmó el convenio “Por una convivencia en paz” entre la Unión Europea (UE) y el Centro de Promoción por la Dignidad Humana (Ceprodih). El proyecto tiene como objetivo generar estrategias para la “inclusión socioeconómica de mujeres y niños en situación de violencia” a través de “servicios de calidad que ayuden a reconstruir sus vidas con dignidad y autonomía”, publicó en su cuenta de Twitter el titular del Ministerio de Desarrollo Social, Martín Lema, que participó en la actividad.

El proyecto tendrá una duración de cuatro años y estará a cargo del Ceprodih, que para financiarlo recibió una donación de 456.848 dólares por parte de la UE. Entre los fines concretos que buscan alcanzar, está el de atender, por año, al menos a 600 mujeres que se encuentren en situación de “emergencia o riesgo de violencia de género” y realizar capacitaciones para la inclusión económica, que tendrán 360 cupos anuales, informó la agencia Efe. Otro de los objetivos es que al menos 70% de las mujeres que inician el proceso puedan generar ingresos y lograr que al menos diez empresas ofrezcan alternativas de inserción laboral.

La directora de Ceprodih, Adriana Abraham, dijo en diálogo con Efe que la asociación trabaja desde hace 23 años “con muy escasos recursos” y que, en ese sentido, esta donación significará “un antes y un después”. “Creemos que con esa inversión vamos a tener un salto cualitativo y cuantitativo por la cantidad de mujeres a las que vamos a poder llegar, no sólo de Montevideo sino de todo el país”, expresó.

El Ceprodih se presenta como una asociación civil con “la misión de atender y promover a toda persona que se encuentre en situación de desamparo”, “especialmente mujeres con niños en situación de alto riesgo social” como “desempleo, violencia doméstica, desamparo durante el embarazo”, según se lee en su página web. En las últimas semanas, su nombre apareció en los medios ya que la organización formaba parte de la propuesta que el dirigente del Partido Nacional Carlos Iafigliola presentó a la Administración de los Servicios de Salud del Estado para “desestimular los abortos”, que finalmente no prosperó. En concreto, la iniciativa planteaba que el equipo interdisciplinario que atiende a las mujeres en proceso de interrumpir su embarazo ofrezca la “alternativa” de vincularse con esta organización.