Olga Díaz tiene 65 años. Fue víctima de una tentativa de femicidio en marzo de 2017. Quien era su marido intentó matarla y le dio cinco puñaladas. Pasó 45 días en el CTI y necesitó dos meses de rehabilitación.
Estuvo 36 años casada con quien intentó matarla, y tuvieron cuatro hijos. La violencia empezó en 2002. Lo había denunciado varias veces, pero nunca se determinaron medidas adecuadas de protección. Luis Palavecino, su agresor, fue condenado a 20 años de prisión y actualmente sigue preso.
En un hecho inédito, el Estado argentino tendrá que pedirle “disculpas públicas” a una sobreviviente de una tentativa de femicidio por “no haber dado protección cuando denunció a su marido”, publicó Página 12. Se realizará un acto público y Argentina va a asumir la responsabilidad internacional “por no haberle brindado ninguna medida de protección cuando las pidió”.
El evento será virtual. Es coordinado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y contará con la participación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, este jueves a las 11.00.
En entrevista con dicho medio argentino, Olga dijo que “este pedido no es sólo por mí”. “El Estado les debe disculpas a muchas mujeres que no fueron escuchadas. Acepto estas disculpas en nombre de todas ellas”, expresó.
Este hecho es parte de un acuerdo de “solución amistosa” al que se llegó en el marco de una denuncia presentada ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de Naciones Unidas (Cedaw, en inglés), donde se reconoció que en su caso no se tuvieron en cuenta los tratados internacionales sobre el tema.
Según Página 12, Olga quiere reconocer en este evento a dos mujeres argentinas que pasaron por lo mismo que ella, pero no sobrevivieron: Úrsula Bahillo y Guadalupe Curual. Ambas denunciaron a sus parejas, pero el Estado no las escuchó e hizo caso omiso.
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El Estado argentino “reconoce su responsabilidad internacional por el deficiente tratamiento judicial que le dio y que significó una vulneración de tratados internacionales que fijan el deber de los funcionarios de actuar diligentemente para prevenir la violencia de género”. También se comprometió a “implementar una serie de medidas en el ámbito de la Justicia” para que no se vuelva a repetir lo que le pasó a Olga.
El acuerdo prevé que el Estado adopte “medidas de no repetición” para mejorar el acceso a la Justicia de las mujeres que atraviesan una situación de violencia de género, y también se prevé la capacitación para la Policía y los jueces.