Italia ejerce presiones para que el Vaticano –firme oponente del aborto, los anticonceptivos y la fertilización in vitro– obtenga un papel permanente en los debates de salud de la ONU, informa Open Democracy.

Un puñado de otros países europeos, incluyendo algunos con gobiernos conservadores como Hungría y Polonia, son supuestamente coauspiciantes del proyecto de resolución italiano presentado a la Asamblea Mundial de la Salud, el órgano de gobierno de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que se sesionará formalmente desde el 24 de este mes hasta el 1º de junio en Ginebra.

En Italia gobierna desde febrero una coalición entre el derechista partido Lega y el centroizquierdista Partido Democrático. El objetivo central que ha establecido este gobierno es enfrentar la crisis sanitaria, económica y social vinculada a la pandemia de covid-19.

Pero también ha promovido una resolución para formalizar el estatus de la Santa Sede en la Asamblea Mundial de la Salud, lo que permitiría al Vaticano participar en debates y reuniones de los comités de políticas y de presupuesto, algo alarmante para quienes defienden los derechos sexuales y reproductivos.

Jessica Stern, directora ejecutiva de Out Right Action International, una organización que defiende los derechos LGBTI, contrastó la misión de la OMS, que consiste en promover la salud de todas las personas, con la posición “excluyente” del Vaticano hacia las minorías sexuales.

“La OMS no es lugar para la exclusión basada en la religión, en especial en mitad de una pandemia que ha dañado de forma desproporcionada a quienes son más vulnerables, como las mujeres y las personas LGBTI”, dijo Stern a Open Democracy.

Caroline Hickson, directora regional de la Federación Internacional de Planificación Familiar, también advirtió que fortalecer “la influencia conservadora de la iglesia católica en este escenario único y vital para la colaboración internacional en salud pública [...] podría resultar desastroso para la salud reproductiva y los derechos de las mujeres”.

Jamie Manson, presidenta de Catholics for Choice, observó que el Vaticano procura desde hace décadas frenar avances de los derechos de las mujeres en la ONU. La doctrina de la iglesia en cuestiones de salud sexual y reproductiva “tiene consecuencias de vida y muerte, en especial para las áreas más pobres del sur global. Es muy grave”, dijo.

La primera versión del borrador de Italia, que se distribuyó entre las delegaciones de los gobiernos a inicios de este mes, proponía otorgar a la Santa Sede el derecho a auspiciar decisiones sobre cualquier tema, lo que potencialmente incluiría el aborto, los anticonceptivos y los derechos LGBTI, todos asuntos a los que la iglesia católica se opone.

Esta semana, Italia retrocedió en su proyecto inicial. El texto del borrador actual –al que Open Democracy tuvo acceso– es más limitado: sólo habilitaría al Vaticano a “coauspiciar proyectos de resolución y de decisión [de la Asamblea Mundial de la Salud] que hagan referencia a la Santa Sede”.

Esto parece poner la iniciativa italiana en línea con el actual rol del Vaticano en la Asamblea General de la ONU. También formaliza un arreglo ad hoc de larga data, en virtud del cual la Santa Sede lleva décadas participando en la Asamblea Mundial de la Salud por invitación personal de su director general.

El nuevo texto otorgaría al Vaticano un lugar permanente en la mesa, si bien no tendría derecho al voto. Pero la preocupación se mantiene entre los activistas, debido a la forma en que el Vaticano ha aprovechado su acceso a otros órganos de la ONU para “obstruir” derechos sexuales y reproductivos.

Para Neil Datta, secretario del Foro Parlamentario Europeo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, “el papa Francisco otorga al Vaticano una imagen más suave, pero su diplomacia internacional y el contenido que la sustenta no han cambiado”.

“Con un estatus formal, en lugar de la invitación de cortesía, en la Asamblea Mundial de la Salud, la Santa Sede puede comenzar a actuar aquí del mismo modo que lo hace en el resto de la ONU, y eso puede crear problemas para los derechos sexuales y reproductivos”, advirtió Datta.

Historial “antiderechos”

La Santa Sede se opone desde hace mucho tiempo al acceso al aborto, los anticonceptivos, la fertilización in vitro y la maternidad subrogada, así como al matrimonio y a la adopción para parejas del mismo sexo.

El Vaticano, por ejemplo, ha recomendado “negar la existencia y los derechos de las personas transgénero e intersexuales” y ha hecho campaña en la ONU “contra muchas iniciativas para la igualdad de género y LGBTI”, observó Stern, de Out Right.

Datta añadió que las delegaciones del Vaticano en los grupos de trabajo del Consejo de Europa han incluido a representantes del European Center for Law and Justice (filial de un grupo estadounidense dirigido por Jay Sekulow, exabogado personal de Donald Trump).

Gualberto García Jones, que encabeza la misión permanente del Vaticano ante la Organización de los Estados Americanos, forma parte también del patronato del grupo Citizen GO, que en 2020 lanzó una petición para desfinanciar a la OMS por “promover información falsa de China comunista sobre la covid”.

Varios jerarcas del Vaticano también figuraron como oradores en el programa de la cumbre 2019 del Congreso Mundial de Familias, una red fundada por ultraconservadores rusos y estadounidenses que nuclea a movimientos antiabortistas y contrarios a la igualdad de derechos de las personas LGBTI.

Las negociaciones sobre el proyecto de resolución italiano continúan en forma reservada, y las posiciones de los países parecen estar cambiando rápidamente, tanto entre los miembros de la Unión Europea como de otras regiones. Una reunión informal para seguir discutiendo el texto se celebró en la mañana del jueves.

Ni Italia ni los demás estados que se supone coauspician la resolución contestaron nuestro pedido de entrevista. Tampoco lo hizo la Santa Sede.

En octubre del año pasado, gobiernos conservadores encabezados por la entonces administración Trump divulgaron lo que dieron en llamar ‘Consenso de Ginebra’, que inicialmente se iba a lanzar de forma paralela a la Asamblea Mundial de la Salud 2020, pero fue suspendido por la pandemia.

Esta declaración establece, entre otras cosas, que “no existe el derecho internacional al aborto”. Si bien hubo quienes esperaban que esta iniciativa muriera luego de que Trump abandonara la presidencia de Estados Unidos, no fue así, y sigue siendo una herramienta organizativa para movimientos y estados conservadores.

Según la OMS, millones de mujeres son hospitalizadas cada año en todo el mundo y decenas de miles mueren por abortos inseguros, que son más comunes donde la interrupción del embarazo es ilegal.

Contribuyeron a este artículo Nandini Archer y Lou Ferreira.