“Feministas proponemos al país” es el nombre de un documento difundido este miércoles en el que más de 500 activistas y 173 organizaciones feministas de Colombia presentan propuestas para frenar la violencia y “fortalecer la democracia” en medio de las protestas que se desataron el 28 de abril. Las firmantes reivindican el carácter “masivo, pacífico y diverso” de las movilizaciones, que califican como “sin precedentes” y que, a su entender, han sido enfrentadas “con extendida militarización, brutal represión y uso desmedido de la fuerza contra la gente, especialmente la juventud, que durante días ha ejercido su legítimo derecho a la protesta social”.
En ese sentido, aseguran que se han presentado hechos “que degradan la movilización”, como “infiltraciones de grupos violentos con propósitos ajenos a la defensa de los intereses de la ciudadanía”, y “expresiones de una rabia largamente contenida por las víctimas del sistema patriarcal y del modelo económico neoliberal”. También denuncian un enfoque de seguridad nacional “basado en la sospecha mutua y la doctrina del enemigo interno”, que “actúa como una amenaza a la estabilidad nacional”.
Las feministas enumeran varias “amenazas” a las que está sometida la sociedad colombiana: a su supervivencia –por casos de abuso físico, múltiples violencias, incluida la violencia sexual, la persecución o la muerte-, a sus medios de vida –debido al desempleo, la inseguridad alimentaria y las amenazas a la salud-, y a su dignidad -por la “falta de garantías para el goce efectivo de los derechos humanos, la desigualdad, la exclusión, la discriminación y la falta de libertad”.
En este escenario, aseguran que “se acorta el tiempo para encontrar salidas antes de una hecatombe que el gobierno nacional no logra enfrentar por su indolencia y soberbia”. Surge entonces la necesidad de que “los sectores democráticos asuman una agenda compartida para salvar vidas y detener este baño de sangre”.
El documento plantea siete propuestas para llegar a esa meta, que pueden demostrar el poder de la “práctica política feminista” para “fortalecer la democracia”, “sin que sacrifique la existencia de nadie, con el cuidado de la vida como un principio inviolable en la protesta social”.
La primera tiene que ver con la necesidad no sólo de un diálogo con los sectores sociales y políticos del país, sino una negociación en la que también participe “la comunidad internacional”, con el apoyo de una mediación especializada. Esa negociación debe incluir la agenda del movimiento feminista y garantizar la presencia paritaria de las mujeres en todas las etapas del proceso.
Lo segundo que reclaman las feministas es el ingreso de misiones médicas y humanitarias en las movilizaciones. Y recuerdan cuál debería ser el rol de las fuerzas de seguridad: “Que el Ejército custodie la soberanía e integridad del territorio y la Policía garantice la movilización ciudadana, siempre en el marco de los derechos humanos”. Piden además que el gobierno condene los abusos de las fuerzas estatales y que la sociedad que apoya la protesta “rechace la violencia en su desarrollo, buscando siempre su desescalamiento”.
El tercer punto aboga por la “desmilitarización inmediata de las ciudades, los territorios y las vidas de colombianas y colombianos”, al tiempo que recuerda que “el uso de la figura de la asistencia militar para contener la protesta social es inconstitucional”. Las feministas colombianas piden además una reforma al sector de la seguridad que garantice el desmantelamiento del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía, la prohibición del uso de armas de letalidad reducida y de armas de fuego en los equipos de policía de patrullaje, y la exclusión de la Policía de las Fuerzas Armadas. También que se introduzcan modificaciones a la Jurisdicción Penal Militar –“para que se excluya de dicho fuero a los miembros de la Policía y a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas por violaciones a los derechos humanos”- y la creación de un mecanismo con participación de la comunidad internacional que permita la investigación y judicialización de todos los casos de violaciones de derechos humanos ocurridos durante la movilización.
También, y sobre todo, exigen justicia por estos abusos y la renuncia inmediata del ministro de Defensa, Diego Molano, que “ha promovido desde sus declaraciones y acciones la estigmatización al derecho legítimo a la protesta poniendo en riesgo la vida de protestantes, defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y personal médico”.
La reforma a la seguridad que reclaman las activistas debe plantearse “desde el enfoque de seguridad humana, que reconozca que en sus bases están las garantías a una vida libre de miedo y la libertad para vivir en dignidad”, dice el cuarto punto. Un enfoque “garantista del Estado social de derecho que asegure el goce efectivo de los derechos humanos y de una Fuerza Pública guardiana de la democracia y de la vida”.
La quinta propuesta apunta a la concreción de acuerdos para enfrentar las “profundas desigualdades que existen en el país”, con particular énfasis en la desigualdad de género, y la puesta en marcha de un plan de emergencia que afronte “los efectos del empobrecimiento de la población colombiana”. Este plan también deberá poner el acento en las mujeres, afectadas de manera desproporcionada por la pandemia, debido al “incremento desmedido de su carga de trabajo no remunerado, y la violencia de género en su contra, del deterioro alarmante de sus condiciones de vida laborales y su falta de reconocimiento en las diversas esferas de poder”.
Por último, demandan una renta básica universal que priorice a las mujeres en toda su diversidad, la implementación de garantías “para el acceso al trabajo con remuneración justa” y la promoción del Sistema Nacional de Cuidado, “en el que el cuidado sea un derecho, se transforme la división sexual del trabajo y se eliminen las grandes brechas del uso del tiempo”.
Según el último reporte de la organización civil Temblores, que se convirtió en referente en el registro de los casos de abuso policial durante las protestas, del 28 de abril al 10 de mayo murieron 40 personas “víctimas de la violencia homicida”, 313 manifestantes fueron sometidos a agresiones físicas, se registraron 1.003 detenciones arbitrarias, hubo 28 agresiones oculares y 12 casos de violencia sexual.
La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, organismo gubernamental, lleva su propio registro. En un informe publicado hoy, asegura que durante el mismo período se registraron “35 homicidios, 12 amenazas, dos actos de violencia sexual, 181 personas víctimas de lesiones personales y cinco víctimas de lesiones personales en circunstancias de agravación”. Además, informó que se recibieron 548 casos de personas que fueron reportadas como desaparecidas durante las manifestaciones: de ese total, 227 ya fueron localizadas, 153 solicitudes de búsqueda son “infundadas” y 168 casos siguen activos, asegura el organismo.