En un fallo histórico, la Justicia condenó al Ministerio de Salud Pública y al Fondo Nacional de Recursos (FNR) a financiar una técnica de conservación de óvulos de una mujer con cáncer de mama que se hará una terapia que dañará su sistema reproductivo. De esta manera, la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar) logró que por primera vez el Estado deba pagar por un tratamiento para proteger la fertilidad de una paciente oncológica.

En los tratamientos oncológicos hay técnicas que, además de atacar las células cancerígenas, repercuten sobre los óvulos y las células reproductivas. Existen estrategias para proteger la fertilidad antes de comenzar estos tratamientos. La técnica que se utiliza es la criopreservación de óvulos: los ovocitos son extraídos, congelados sin fecundar y conservados para su uso futuro.

La técnica implica un costo de 3.000 dólares durante el primer año de conservación. El FNR financia estos tratamientos para personas que son consideradas “infértiles”, pero no es el caso de las mujeres que tienen cáncer previo a someterse al tratamiento. Para lograr la cobertura, las mujeres deben recurrir a un litigio judicial para acceder a un derecho.

Tras acompañar a dos mujeres en esta situación, y en el marco del Día Mundial de la Fertilidad, que se celebra cada 4 de junio, la Clínica de Litigio Estratégico impulsó la campaña “Derecho a dar vida”. Juan Ceretta, abogado y docente de la clínica, dijo a la diaria que la iniciativa busca “generar conciencia”; “que las mujeres sepan que existe esta chance, que el sistema político sepa que existe esta problemática y que consideren que sería bueno adaptar la normativa para evitar el proceso jurídico para recurrir a un derecho”. Los cambios legislativos son indicados como una clave para cambiar esta realidad.

Según el mensaje central de la campaña, “la infertilidad afecta a las personas sin importar edad, clase social o identidad de género”. Por eso apunta a “luchar para que todos tengan acceso a tratamientos para prevenir, y tratarla es un deber social”.

Ceretta explicó que la iniciativa fue impulsada “porque, ante las consultas individuales, se visualizó una problemática general que dejaba fuera de cobertura sobre todo a las mujeres más pobres, donde por otro lado verificamos cobertura solamente para varones”. “En el sentido colectivo y en la búsqueda de soluciones por fuera del expediente judicial individual decidimos iniciar la movida”, agregó.

Además de “generar conciencia sobre la problemática” en las mujeres, considera que “las niñas adolescentes y jóvenes que enfrentan un tratamiento oncológico deben ser informadas de las técnicas de preservación de fertilidad, que hoy están disponibles solamente para aquellas que pueden pagarlas”.

Respecto de la recepción de casos en la Clínica de Litigio Estratégico expresó: “Nosotros siempre vamos a estar, pero la idea es que se modifique el decreto y también la ley, y no quede ninguna mujer excluida”.

“Cada mujer que va a tener que pasar por quimioterapia debería ser asesorada por su médico y se le debería dar esta posibilidad de preservar sus derechos reproductivos”, señaló. “Las mujeres no deberían tener la necesidad de tener que recurrir a nosotros”, enfatizó.

Finalmente explicó que no se lleva adelante una propuesta que refiera a la preservación de embriones, “porque eso deja a la mujer atada a la pareja de ese momento”. A su entender, esto refiere al derecho de la mujer y no de sus vínculos coyunturales: “Para nosotros es un derecho personalísimo. No es de pareja, ni de familia, ni de nada. Apuntamos a la preservación de óvulos, luego se fecundarán con el varón que elija”.