Un dato difundido en abril por Amnistía Internacional disparó las alarmas de organizaciones de la sociedad civil, profesionales de la salud y especialistas en temáticas vinculadas a la infancia: en 2019, los nacimientos en niñas de 14 años o menos aumentaron por primera vez en cinco años.

Algunas de las hipótesis planteadas para explicar ese crecimiento eran el aumento de las situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes, de las denuncias de explotación sexual comercial infantil y, en general, de los casos de violencia de género, ya que la enorme mayoría de los embarazos infantiles suele configurarse en contextos de vulneración de derechos y violencia sexual. Sin embargo, profesionales y especialistas insistieron en que era necesario conocer los indicadores de 2020 para ver si se trató de un pico o si la tendencia se mantuvo al alza, para determinar posibles causas y definir acciones.

Estos datos aparecen en las Estadísticas Vitales que el Ministerio de Salud Pública (MSP) actualizó la semana pasada y que muestran que, en el año que empezó la pandemia, 60 niñas y adolescentes de 14 años o menos tuvieron una hija o un hijo en Uruguay. Esto representa un descenso de 27% respecto de 2019 y es, además, la cifra más baja desde que hay registro.

La información revela que la mayoría de esos nacimientos (65%) tuvo lugar en el interior del país. A la vez, refleja que sólo un tercio de las niñas y adolescentes embarazadas hizo cinco consultas prenatales –el mínimo que sugiere el MSP en embarazos no considerados de riesgo– o menos.

Según los datos del Sistema Informático Perinatal (SIP) que publica la página de Estadísticas Vitales, nueve niñas y adolescentes aseguraron que el embarazo fue “planificado”, aunque el registro no señala en qué contexto o en qué condiciones proporcionan ellas esa información. Hay que aclarar que el SIP registra 70 nacimientos totales en niñas y adolescentes de 14 años o menos, y no 60, como contempla el capítulo de Nacimientos de Estadísticas Vitales. La diferencia se debe a que utilizan distintas fuentes de datos.

Por otra parte, en 2020 hubo 3.475 nacimientos en adolescentes de 15 a 19 años, lo que implica un descenso de 12,5% respecto del año anterior y mantiene así la baja sostenida que registra el país desde 2013. De hecho, los embarazos adolescentes cayeron a la mitad (53%) de 2015 a 2020.

Una estrategia integral

El MSP generalmente publica las Estadísticas Vitales a principios del año y la demora en esta ocasión había provocado preocupación entre organizaciones de la sociedad civil y profesionales de la salud, que entendían que la información era fundamental para, entre otras cosas, evaluar el impacto de la pandemia en los distintos indicadores. El retraso también motivó que la diputada frenteamplista Cristina Lustemberg, médica pediatra y exsubsecretaria de Salud Pública, elevara un pedido de informes a la cartera para conocer tanto los datos sobre embarazo infantil y adolescente de 2020 como las estrategias implementadas por el gobierno en esta materia.

Para la legisladora, la baja registrada el año pasado es una “buena noticia”, si bien señaló que “una variación anual no permite hacer una conclusión desde el diseño de las políticas públicas”, por lo que habría que “mirar por lo menos tres años”. En ese sentido, “hay que ver cómo se comporta en 2021 e ir haciendo un análisis mucho más profundo”, dijo a la diaria.

Lustemberg aseguró que “las acciones que se han ido manteniendo tienen su impacto en la política pública”. “El embarazo adolescente viene disminuyendo en los últimos años y eso es producto de una mirada y un abordaje integral de la salud sexual y reproductiva”, afirmó.

La diputada señaló que está a la espera de la respuesta al pedido de informes porque no sólo solicitó datos, sino el detalle de “cómo se está haciendo la coordinación territorial intersectorial, qué se está trabajando con los adolescentes y cómo está el acceso a la atención integral”. Además, dijo que habló con el subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, para coordinar una reunión enfocada en cómo se viene implementando la estrategia nacional e intersectorial de prevención del embarazo no intencional en niñas y adolescentes. Esa estrategia, que empezó a construirse en 2016, incluyó por primera vez un mapa de ruta para la atención de niñas y adolescentes menores de 15 años en situación de embarazo.

“Me interesa saber cómo le están dando continuidad a la estrategia, si tiene la mirada de derechos de salud sexual y reproductiva, si el mapa de ruta para la atención de las niñas y adolescentes menores de 15 años en situación de embarazo realmente lo tienen como una hoja de ruta para trabajar con todos los prestadores”, aseguró Lustemberg. “La idea de la reunión es ir mucho más allá de los datos: es para ver cómo es la estrategia de política pública del actual MSP en esta temática, que estuvimos de acuerdo en que tiene que ser una prioridad”.