La primera vez que leí sobre “reversión de la píldora abortiva” (APR en inglés) pasaron por mi cabeza imágenes fantásticas. Recuerdo haberme preguntado: “¿Se trata de reimplantar fetos o embriones abortados en el útero?”.

Después trabajé en una investigación encubierta de openDemocracy que expuso la propagación mundial de este presunto “tratamiento” y descubrí de primera mano que se trata de una parodia de medicina moderna que sólo funciona en una versión falsificada y distorsionada de la realidad.

En ese mundo imaginario, muchas mujeres empiezan a abortar con medicamentos y, en la mitad del proceso, cambian de opinión y necesitan ser “rescatadas” por los promotores de este método de “reversión” carente de ensayos clínicos y potencialmente peligroso.

La APR es un invento de un médico antiabortista de California. Consiste en suministrar grandes dosis de la hormona progesterona luego de la primera de las dos píldoras que se emplean en los abortos farmacológicos (mifepristona y misoprostol).

La progesterona no es peligrosa, pero este “tratamiento” delirante podría serlo. El único ensayo clínico de calidad sobre este método debió suspenderse en 2019 cuando algunas mujeres participantes fueron hospitalizadas con hemorragias severas.

Junto con otras reporteras de openDemocracy en cuatro continentes, me puse en contacto con la línea de atención telefónica de APR en Estados Unidos –que dirige el grupo conservador cristiano Heartbeat International– haciéndome pasar por una mujer embarazada que vivía en Uruguay, arrepentida de haber iniciado un aborto con píldoras.

La operadora de la hotline en Estados Unidos me mandó por correo electrónico un formulario de consentimiento para firmar, donde declaraba entender que la APR es “un uso no indicado de la progesterona” y me comprometía a “pedir de inmediato asistencia médica de emergencia” si presentaba dolores o sangrado intenso.

Luego, desde Estados Unidos me conectaron con activistas y una médica en Uruguay. La doctora me prescribió la progesterona por teléfono. Las activistas me ofrecieron con insistencia llevarme las pastillas hasta mi casa, y gratis.

Ninguna autoridad médica de Uruguay ha aprobado o recomendado la APR. Sin embargo, la doctora uruguaya me dijo: “No tenés que tener miedo” y me aseguró que este “tratamiento” funciona, si bien “no es una práctica estandarizada”.

Pero mi embarazo era falso, tan falso como el mundo en el que la APR es un “tratamiento”.

Hechos sobre el aborto en América Latina

En el mundo real, muchas mujeres latinoamericanas con embarazos no queridos se ven obligadas a ser madres o a pasar por un calvario si deciden abortar. Si te violan y quedás embarazada en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana o Surinam, no tenés derecho a poner fin a tu embarazo y podés terminar presa por intentarlo.

Donde el aborto es legal –sólo en cinco de los 34 países de la región– suele ser obligatorio pasar por consejería, recibir información sobre adopciones y esperar un período de reflexión. Donde el aborto se permite sólo bajo ciertas circunstancias, los requerimientos pueden ser insoportablemente minuciosos.

Las mujeres que consideran abortar pueden cambiar de opinión y creo que algunas lo hacen. Pero, después de haber tomado la primera de las píldoras abortivas, ¿cómo pretenden revertir el proceso los promotores de la APR?

“En los muchos años que llevo actuando, y en los años de vigencia de la IVE [interrupción voluntaria del embarazo], no he sabido de casos de mujeres que se arrepientan en mitad del proceso”, me dijo un ginecólogo que trabaja en el sistema de salud pública de Uruguay (y que pidió no dar su nombre).

El médico agregó: “Puede haber algún caso de una mujer que regrese a la consulta y devuelva la medicación sin haberla tomado. Eso está estipulado; en ese caso los medicamentos se reciben y se destruyen, y queda registro de eso”.

Mariana Piastri, ginecóloga y vocal de la comisión directiva de la Sociedad Ginecotocológica del Uruguay, nunca había oído hablar de “revertir” un aborto. Cuando la entrevisté me pidió tiempo para consultar a otros colegas de salud sexual y reproductiva.

“La mayoría de los que me contestaron”, me dijo unos días después, “algún caso [de mujeres que se arrepintieron] conocen, si bien no precisamente después de la primera píldora, [...] pero en un porcentaje muy pequeño”. Y añadió: “Todos estamos de acuerdo en que ese porcentaje bajo se debe a cómo se hace la interrupción del embarazo legal en Uruguay. La exigencia, a rajatabla, de una consulta con un equipo multidisciplinario, luego un período de reflexión obligatorio de cinco días”, dijo.

Solamente después de esos pasos y de que la mujer confirme su voluntad, obtiene la medicación. “No es apresurado, y se le ofrece [a la mujer] apoyo para que cuando tome una decisión esté lo más cercana posible al convencimiento”, subrayó Piastri.

“No sé si nuestros ginecólogos estarían muy cómodos con indicar una cosa que está fuera de las pautas”, dijo Piastri en referencia a la APR. “Se trata de un asunto más político que de una práctica médica”.

En efecto, la ideología parece ser lo único real detrás de la APR, el último ataque coordinado mundialmente contra la salud reproductiva de las mujeres.

Sin arrepentimientos

El año pasado, expusimos una red global de “centros para embarazos en crisis”, también respaldada por Heartbeat International, que se dirige a mujeres vulnerables con desinformación y manipulación emocional sobre su salud, incluyendo el aborto y los anticonceptivos.

Muchos de esos centros se presentan como instalaciones de salud neutrales, escondiendo su agenda antiabortista para atraer a las mujeres que buscan información sobre la interrupción del embarazo.

Un estudio publicado en 2020 en Estados Unidos por la revista Social Science & Medicine encontró que 95% de las mujeres no se arrepienten de haber abortado. La investigación abarcó a 667 mujeres cinco años después de haber interrumpido sus embarazos e incluyó sus respuestas emocionales.

Pero quienes promueven la APR no parecen preocuparse por tales estadísticas, como tampoco les preocupan la eficacia o los potenciales riesgos de su “tratamiento”.

“Yo nunca hice esto, pero sé que funciona”, me dijo una activista antiaborto sin ninguna formación médica cuando intentaba convencerme de que tomara la APR.

Resulta especialmente perturbador cuando un desvarío termina guiando políticas públicas. Por ejemplo, en varios estados de Estados Unidos, incluyendo Arkansas, Kentucky, Nebraska y Tennessee, médicas y médicos están obligadas a informar a las mujeres que existe la “reversión de la píldora abortiva”.

Nuestra investigación descubrió activistas y personal médico que prescriben la APR en al menos 12 países, incluyendo México y Uruguay en América Latina.

La hotline de APR en Estados Unidos no pudo conectar a nuestra reportera encubierta en Ecuador con personal médico en ese país, pero aun así le envió por correo el consentimiento informado y una prescripción con las dosis.

En Chile, nuestra periodista fue derivada a un médico local que trabaja con un grupo antiabortista afiliado a Heartbeat. Pero él, por lo menos, no era propenso a las fantasías. “No hay ningún medicamento en el mundo que revierta el efecto [de la mifepristona]”, dijo. “Es falso”.

Este artículo fue publicado originalmente por el proyecto Tracking the Backlash de openDemocracy.