El Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva de la organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) publicó una encuesta sobre el uso de anticonceptivos, que refleja qué métodos son los más utilizados por las mujeres, en qué se basan para hacer la elección y cómo impactó la pandemia en el acceso. El estudio fue realizado durante el primer semestre de este año, en el marco del proyecto regional “Impacto de la pandemia del covid-19 en el precio consumidor de los anticonceptivos orales”, llevado adelante con organizaciones de Chile, Colombia y Perú.

Si bien la encuesta fue abierta a todas las personas de entre 15 y 49 años que residieran en Uruguay, más de 95% de las respuestas recibidas (1.563) corresponden a mujeres. En ellas se basa el análisis de los resultados.

El documento asegura que el acceso de las mujeres a los métodos anticonceptivos es una de las dimensiones de la salud sexual y reproductiva que se vio afectada por la emergencia sanitaria. Una de las razones esgrimidas es el aumento del desempleo y la profundización de otras brechas de género en materia de empleo, que supusieron “una caída del poder adquisitivo de las mujeres, lo que impacta en el acceso a métodos anticonceptivos y otros requerimientos en salud e higiene”.

MYSU señala que el acceso a métodos anticonceptivos accesibles o gratuitos “es esencial para que las personas disfruten del ejercicio libre de su sexualidad y el control de su capacidad reproductiva, sin ningún tipo de coacción ni obstáculo”. Estos métodos, además, “deben ser seguros y no perjudiciales para la salud, permitiendo prevenir embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual (ITS)”. La organización destaca que son “aún más relevantes para las mujeres, dado que culturalmente se las continúa considerando las únicas responsables de la atención de la salud sexual y reproductiva, así como de la crianza”.

Los resultados

La primera conclusión del estudio es que el uso de métodos anticonceptivos por parte de las mujeres que viven en Uruguay ha aumentado “de forma constante” a lo largo del tiempo. Según datos de informes previos de MYSU y del Fondo de Población de las Naciones Unidas, cerca de 83% de las mujeres utilizaban algún tipo de método en 2011, una cifra que aumentó a 83,6% en 2015 y alcanzó el 86,4% en 2021.

Por otra parte, la mayoría de las mujeres (58,4%) utiliza algún tipo de anticonceptivo oral, mientras que 53% “depende de que su pareja varón use el preservativo masculino, como único método o para doble protección”. Al mismo tiempo, los resultados revelan un bajo uso del dispositivo intrauterino (DIU) (10%) y del implante subdérmico (6%) como métodos de larga duración, y de la anticoncepción de emergencia para situaciones de sexo no protegido (5%).

El estudio señala como “especialmente llamativa” la baja incidencia del implante subdérmico, ya que formó parte de la Estrategia nacional e intersectorial de prevención del embarazo no intencional en adolescentes elaborada para el período 2016-2020. Para la organización, en el contexto de emergencia sanitaria, los métodos de larga duración “podrían haber supuesto un cambio sustantivo en la garantía de anticoncepción para aquellas mujeres que así lo quisieran, ante dificultades para acceso a consultas o asistencia a farmacias para retiro de métodos”.

A la vez, el bajo uso de anticoncepción de emergencia es “de gran preocupación”, dice el informe, “en tanto método fundamental en casos de mal funcionamiento de los anticonceptivos de uso habitual, en particular la rotura o mal uso de métodos de barrera como el condón”.

La encuesta reveló además la baja prevalencia del uso de preservativos femeninos (3,6%), algo que MYSU también considera una “alarma”, ya que se trata de un “método privilegiado para subsanar dificultades derivadas de la negociación con parejas sexuales masculinas para el uso de preservativo masculino”, además de garantizar “un mayor control de parte de las mujeres en la doble protección, evitando embarazo y previniendo ITS”.

Por otro lado, la encuesta muestra que sólo 23% de las mujeres utilizan doble protección —es decir, un método de barrera junto con otro método (como pastillas anticonceptivas o DIU)—, mientras un alto porcentaje de mujeres (43%) expresaron utilizar anticonceptivos sólo con el fin de control reproductivo. La organización considera que esto refleja “la no incorporación del cuidado en ITS para lograr una doble protección”.

El acceso y la elección

El informe recuerda que, desde 2010, los servicios de anticoncepción son prestación obligatoria por ley para todas las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), públicas y privadas. En la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), el acceso es gratuito, mientras que en las mutualistas tienen bajo costo. A su vez, en farmacias comerciales, los anticonceptivos orales, los preservativos, el DIU con hormonas, los parches anticonceptivos y los anticonceptivos hormonales inyectables son de venta libre y tienen un descuento si se compran con receta médica.

La encuesta muestra que 56% de las mujeres encuestadas accede a anticonceptivos orales en farmacias comerciales y 43% lo hace a través de su prestador de salud. Esto sucede pese a que el costo de acceder a métodos por fuera del SNIS “es considerablemente más elevado”. Dentro de las razones identificadas, muchas mujeres declararon dificultades para programar consultas ginecológicas durante la pandemia y para acceder a receta médica aun en caso de consulta, y falta de stock o no distribución de determinados métodos y marcas en su prestador de salud.

Cuando se preguntó a las encuestadas si habían cambiado de marca de anticonceptivos orales durante el período relevado y, en caso afirmativo, por qué lo habían hecho, algunas mencionaron motivos de salud, aunque la mayoría alegó otras razones. Así, aseguraron que aumentó el costo de la marca anterior durante el período investigado, se redujeron sus ingresos, dejaron de entregarlas en su prestador de salud o cambiaron de prestador y el actual no proporciona la pastilla que tomaba.

En este escenario, MYSU afirma que “la libre elección de los métodos se ve claramente coartada por razones que las mujeres no pueden controlar”. Esas limitaciones pueden estar también vinculadas a la desigualdad de género. “No son pocas las que eligen un tipo de método que no les implique tener que negociar con su pareja varón el uso de preservativo masculino, dada la resistencia por parte de ellos”, detalla el documento.

Responsabilidad colectiva

“La anticoncepción, el cuidado y el autocuidado, no son responsabilidad exclusiva de las mujeres, sino que compete a todas las personas, y es obligación del Estado y los prestadores de salud velar por ello”, afirma el informe. En esa línea, MYSU enumera una serie de medidas que deben implementar el Estado y los prestadores de salud para garantizar un acceso universal y de calidad a los anticonceptivos.

La primera es realizar campañas públicas sobre anticoncepción y prevención de ITS, así como para fomentar el involucramiento y responsabilidad de los varones en el cuidado y autocuidado. Además, pide controlar el debido cumplimiento de las prestaciones en anticoncepción por parte de las instituciones del SNIS, incorporar los métodos anticonceptivos a la canasta de consumo básico y regular los costos para garantizar la accesibilidad de acuerdo a las demandas de cada persona.

También proponen fortalecer el sistema de información oficial sobre anticoncepción y asignar recursos presupuestarios con rubros debidamente etiquetados en salud sexual y reproductiva “para dar continuidad a las prestaciones en este campo y superar barreras existentes”.