El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer es una buena oportunidad para que los Estados rindan cuentas sobre qué acciones realizan para prevenir, atender y combatir esta problemática. Uruguay no es la excepción y por eso este viernes el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), como organismo que preside el Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia de Género, profundizará en los avances de este último año en un acto en la Torre Ejecutiva.

Un poco antes, la directora de Inmujeres, Mónica Bottero, adelantó en diálogo con la diaria algunas de las principales medidas y evaluó cuál es la situación actual en nuestro país. En ese sentido, dijo que si bien la pandemia no generó una “explosión” de casos, los equipos técnicos identifican situaciones más “cruentas” que antes.

¿Cómo describirías el panorama actual de Uruguay en materia de violencia de género?

Se puede mirar desde dos puntos de vista. Por un lado, se puede decir que cada vez sabemos de más casos, de casos más cruentos y de casos de violencia hacia niñas, niños y adolescentes, que los incluimos dentro de nuestra mirada de violencia de género. Es un tema que está cada vez más en la agenda pública, porque los casos han sido impactantes. Pero también hay que ver que la violencia de género se ha desnaturalizado de una manera muy significativa en los últimos años. Hoy, por el trabajo que se ha hecho en estos años, la ciudadanía está muy alerta, entiende que no es una cuestión de la pareja, puertas adentro, y que hay que involucrarse. Por otro lado, las placas tectónicas de los cambios que estamos haciendo las mujeres en nuestro lugar social se están moviendo. Cuando se mueven, hay terremotos. Estamos aprendiendo a decir que no, estamos tomando autonomía económica, lo que nos permite tener menos pulgas con un violento. Y la incertidumbre en la que está hoy el lugar masculino, que genera inseguridades y la necesidad de construirse un nuevo lugar o de deconstruirse, genera reacciones. Sobre todo en personas que quizás tienen una mirada bastante esquemática de lo que es una mujer, un hombre, lo que son los vínculos. Las dos cosas están generando que la demanda hacia los servicios de respuesta y hacia el Estado para encarar el tema cada vez sea mayor. ¿Eso quiere decir que hay más violencia de género? Me parece que es bastante más compleja la respuesta.

Recién decías que han identificado que los casos de violencia de género son cada vez “más cruentos”. ¿En qué sentido?

Cuando vino la pandemia, lo primero que hicimos fue tomar recaudos para tratar de que los servicios nunca dejaran de atender, porque pensamos que iba a venir una explosión [de situaciones]. Sin embargo, tenemos que decir que la explosión que hubo fue en el desafío de los cuidados. En cuanto a violencia de género, no se puede decir que hubo una explosión de demandas de casos. Lo que sí constataron nuestros equipos técnicos es que hubo un aumento en lo cruento de la violencia. No sabemos si es por la pandemia, por un aumento del consumo de sustancias, porque la gente está mucho más nerviosa y más insegura por cuestiones económicas –porque mucha gente perdió el trabajo o fue a seguro de paro–, porque los chiquilines perdieron enseñanza y tuvieron que estar en su casa, porque generó situaciones de depresión. Lo que nosotros constatamos es que la violencia es mucho más cruenta. Por ejemplo, los relatos de las mujeres que vienen [a los servicios] muestran que los golpes son a niños, a niñas, a bebés. Con armas de fuego en la cabeza, con violaciones, con fracturas. Mucho más brutal. Sacándoles la comida, dejándolas días sin comer; cosas terribles. Lo que relatan desde la División de Violencia es que ven que esto está cada vez peor. Se ven cosas que los propios equipos técnicos, con experiencia en el tema, no habían visto antes de la pandemia.

Las organizaciones feministas denuncian una escalada de femicidios en este último año, ¿ustedes también lo ven así?

Tenemos una diferencia siempre, que ha sido histórica, entre las cifras de las organizaciones sociales y las del Ministerio del Interior. No se puede contar cualquier asesinato de mujer como un femicidio o como un homicidio con agravante de femicidio. En muchos casos, las organizaciones sociales consideran femicidios a determinados homicidios o situaciones que no necesariamente la Justicia caratula como tal; por eso las diferencias. En ninguno de los dos casos, podemos decir que hay una escalada de femicidios. El promedio histórico ha sido de unos 25. Desde que se contabilizan, en 2007, hasta ahora, el año con el promedio más alto fue 2018, y después se ha mantenido. Naturalmente, como pasó con otras situaciones criminales, en la pandemia bajó un poco, porque muchos femicidios se dan en contexto de calle, cuando el femicida espera a que la mujer vaya a algún lado y la mata. Entonces, bajó en 2020, en 2021 subió un poco respecto de 2020, pero no de 2019, y en 2022 subió otro poco, pero nunca superó las cifras récord y está en el promedio de los 25. Yo no voy a entrar en esa discusión, porque, aunque haya un femicidio, ya es un fracaso. Pero tampoco podemos decir que hubo una escalada.

Esto hay que atacarlo por muchos lugares. Hacemos capacitaciones a todo el Estado y tenemos los servicios, que lo que hicimos en estos años fue aumentar las horas de atención, aumentar la atención a varones agresores, aumentar los puntos de atención, aumentar los centros 24 horas. Ahora estamos inaugurando una casa nueva para descentralizar la atención donde no nos podemos complementar con las comunas [Mujer]. Trabajamos en coordinación con el Poder Judicial, con Fiscalía, con el Ministerio del Interior, con salud pública. Vamos a poner un módulo de prevención en la nueva currícula educativa. ¿Se puede hacer más cosas? Se puede, sí. Es más: tenemos que trabajar, como nos mandata la ley, en más formas de violencia de género.

¿Qué otras medidas contra la violencia de género desarrolladas en el último año se pueden destacar?

Estamos poniendo en marcha el proyecto BID [Banco Interamericano de Desarrollo], que es un proyecto grande, que llevó su tiempo de preparación y se empezó a concretar este año. Estaremos sacando en unos días el pliego de llamado a una empresa constructora para hacer la reforma total de la casa de la calle Florida. Estaremos inaugurando la semana que viene lo que llamamos Montevideo B, el segundo centro de atención de Montevideo descentralizado, en el sector oeste de la ciudad. Por otra parte, este año formamos a unas 30 mujeres de zonas rurales como referentes en violencia. Además, culminamos el plan nacional de violencia, que también implica un trabajo y un esfuerzo de compromiso y de coordinación que nos llevó más de un año construirlo, por la pandemia. Por supuesto, está previsto seguir capacitando personal en todos los niveles del Estado, sobre todo para poder dar respuesta eficiente sobre qué hay que hacer en determinadas situaciones y cómo se pueden detectar situaciones de violencia. El Ministerio del Interior también lo está haciendo con la Policía. Después, generamos una nueva línea de trabajo en acoso sexual laboral, por demanda, además, de las instituciones tanto públicas como privadas. Estamos ampliando la respuesta a otras formas de violencia, como violencia política. Tenemos una línea de discapacidad y en estos días se inaugura la atención del 0800 con mujeres sordas. Inauguramos el servicio de Costa de Oro en Atlántida, que ya está funcionando bien. También aumentamos los servicios de varones agresores en tres departamentos donde no había. Esos servicios estaban en 12 departamentos, ahora están en 15, y nuestra idea es llegar a los 19 en esta administración.

La respuesta habitacional para las mujeres que están en salida de la situación de violencia es otra punta fundamental para abordar el problema. ¿Cuál es la situación?

La demanda de vivienda y las dificultades de acceso a la vivienda están en todas las poblaciones vulnerables, y se ha intentado ir construyendo respuestas habitacionales, también en el caso de las mujeres en situación de violencia. Tenemos un convenio firmado con el Ministerio de Vivienda por 500 soluciones habitacionales, que son subsidios de alquiler por dos años. Lo que sucedió fue que el convenio anterior, que era por 200 cupos cada dos años que se iban renovando, nos desbordó en la pandemia. Se cumplían los dos años de subsidio durante la pandemia y no podíamos decirles a las mujeres que se vayan en medio de esa situación, lo que hizo que se acumularan un montón de casos y que hubiera lista de espera. Hasta hace dos meses, que fue la última vez que me informaron, estábamos sin lista de espera. Por otro lado, para los casos de emergencia real, de una mujer que tiene que salir corriendo de su casa, tenemos dispositivos en todo el país para dar esa respuesta hasta que el o la fiscal disponga las medidas que tenga que disponer. Allí sí tenemos respuesta y también tenemos respuesta en nuestros centros 24 horas. ¿Necesitaríamos más soluciones de vivienda? Sí, claro.

Recién mencionabas el Plan de acción por una vida libre de violencia de género hacia las mujeres 2022-2024, que entre sus objetivos está el de incluir una materia sobre violencia de género en las currículas de todos los niveles de enseñanza, tanto de la educación pública como privada. ¿Cuáles son los pasos a seguir para consolidarlo?

Eso está en el proyecto que tenemos con el BID, que tiene tres componentes y uno de ellos es la educación. Allí hay dos acciones principales: una es esa y la otra es llevar la campaña “Noviazgos libres de violencia” como parte de los planes de la ANEP [Administración Nacional de Educación Pública], como una acción que se haga en los centros todos los años. El presidente de ANEP específicamente nos expresó su voluntad de que la campaña escale a todo el sistema educativo. Lo de la currícula es un acuerdo que hicimos, sobre todo, con [la directora de Planificación Educativa de la ANEP], Adriana Aristimuño, que está a cargo de la nueva currícula, y en estos días va a salir el llamado a consultoría para construir la propuesta. Los detalles se van a tener que ver cuando esté la propuesta que haga la consultoría. [La materia] puede estar dentro de un módulo importante que va a haber, que es de derechos humanos y educación emocional, o como un tema transversalizado en la nueva currícula.

¿Te parece que Uruguay está abordando la violencia de género como una emergencia nacional?

Este es un tema que no sé si se tiene que abordar como una emergencia o se tiene que abordar con un sentido de compromiso muy grande. Una emergencia es una cosa que uno cree que es transitoria, y esto transitorio no es; esto es algo que lamentablemente tenemos que mirar, por lo menos, a mediano plazo, como un fenómeno que va a requerir una respuesta muy exigente. Pero a mí una emergencia me hace pensar que es algo a corto plazo, y esto no es a corto plazo. Por otro lado, creo que lo estamos haciendo bien, porque venimos con una construcción anterior que estamos tratando de mejorar y esperamos que quien venga la siga mejorando. La respuesta en varones que tenemos, por ejemplo, es casi única en el continente. Las salidas laborales, los subsidios de alquiler, son fenómenos bastante puntuales en otros países. ¿Tenemos carencias? Claro. ¿Tenemos que mejorar? Por supuesto. Incluso en el índice de femicidios a nivel regional estamos a mitad de tabla, no es lo que más nos gusta. Lo que importa es que estamos trabajando.

El movimiento de mujeres ha producido una revolución en el mundo, en el mundo occidental, por lo menos, que implica reposicionar de forma radical el lugar social de las mujeres. Y esos movimientos tienen consecuencias. Yo leo el fenómeno [de la violencia de género], en buena medida, como una reacción a esto. Si tú mirás los femicidios y los casos más duros de violencia de género, se dan porque la mujer se quiere separar, porque está queriendo salir a trabajar o porque está teniendo más éxito profesional y gana más plata. Por otro lado, la ciudadanía lo está visibilizando y hay una respuesta del Estado.