Este viernes se realizó el acto central del gobierno por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, organizado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), que preside el Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia de Género. El evento fue una oportunidad para presentar algunas de las acciones para prevenir, atender y hacerle frente a la violencia hacia las mujeres que llevan adelante Inmujeres y otras instituciones del Estado -en este caso, la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el Ministerio del Interior (MI) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)-.

La directora de Inmujeres, Mónica Bottero, resaltó que la política pública en esta materia “se ha venido construyendo desde la reconstrucción democrática” y “tuvo hitos importantísimos”, como la creación a fines de la década del 80 de las primeras comisarías de la mujer, la aprobación en 2002 de la Ley 17.514 sobre violencia doméstica y, a fines de 2017, la sanción de la Ley 19.580. “La política pública se ha ido construyendo y ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos 20 años”, dijo Bottero. “No venimos en esta administración para destruir nada, sino para construir y ayudar a seguir construyendo”, agregó, entre aplausos del público.

Más adelante, Bottero señaló que “hay algunos grupos que están pidiendo participación” en las decisiones relativas a la política en violencia de género y valoró que es “importante que den ideas y que aporten su conocimiento”, aunque aclaró que “este gobierno fue elegido para tomar decisiones en esa materia y eso es lo que está haciendo”.

Dijo que un “ejemplo de esto es que se ha creado un relato de que en este país, este año, ha habido una escalada de femicidios”. En esa línea, aseguró que los datos del MI muestran que en 2018 hubo 30 femicidios en Uruguay, en 2019 hubo 25, en 2020 se registraron 20, en 2021 fueron 25 y este año, hasta el 20 de noviembre, sumaron 25. “¿Dónde está la escalada de femicidios? Esa es una pregunta que a veces uno se hace”, continuó la directora de Inmujeres.

Según dijo, “la muerte por causa de género de una sola mujer a manos de otra persona ya es un fracaso para la respuesta del Estado, porque no le pudimos salvar la vida, son cosas que a veces tenemos que asumir como tal”, pero “tampoco podemos aceptar que se diga que en este país hay una escalada de femicidios porque, como habrán visto, no hay”. “Eso no significa que no tengamos un compromiso fuerte con la respuesta y con bajar esos números que nos avergüenzan, no quiere decir para nada que no reconocemos la responsabilidad, pero también tenemos la obligación de decir la verdad desde el Estado”, apuntó.

Acciones concretas

En cuanto a las medidas que lidera Inmujeres para enfrentar la violencia basada en género, Bottero recordó que hace unas semanas se presentó el Plan de acción por una vida libre de violencia de género hacia las mujeres 2022-2024 y mencionó algunas acciones promovidas este año. Entre otras, se refirió a la creación de una casa nueva en el oeste de Montevideo para atender a más de 3.000 mujeres que cada año ingresan a los servicios legales y psicosociales, y mencionó la capacitación a “miles de funcionarias y funcionarios públicos de todo el Estado”.

Además, destacó dos medidas que promoverán en el ámbito de la educación: la inclusión de la prevención de la violencia de género en la nueva currícula educativa y que la campaña “Noviazgos libres de violencia” forme parte de los programas. Al mismo tiempo, resaltó el aumento de la atención a varones agresores con tobillera electrónica, la creación de un área específica de acoso sexual en el ámbito laboral, y la definición de dos líneas nuevas de trabajo, vinculadas a la violencia de género en el ámbito digital y a la violencia política.

Por otro lado, Bottero aseguró que la vicepresidenta Beatriz Argimón “está trabajando codo a codo con la Suprema Corte para la creación de los dos juzgados especializados que faltan, para que en 2023 los tres juzgados” previstos en la Ley de Presupuesto Nacional “sean una realidad”.

Durante su intervención, el presidente de la SCJ, John Pérez, celebró que ya esté en funcionamiento uno de los tres juzgados, concretamente el de San Carlos, en Maldonado. En cuanto a los otros dos, dijo que la creación del juzgado en Rivera “al día de hoy no se ha podido concretar por razones operativas”, por lo que se decidió hacer “modificaciones en las sedes que ya poseemos para la instalación de dos juzgados” en ese departamento.

Por otra parte, aseguró que el organismo está “tratando de concretar” el juzgado en la ciudad de Salto y otro en la ciudad de Paysandú, que será costeado “con fondos propios, no previstos en la ley”.

Por su parte, la directora de la División Nacional de Políticas de Género del MI, Angelina Ferreira, puso énfasis en la “capacitación permanente” del funcionariado y advirtió que sólo haría un adelanto, porque la cartera presentará los datos estadísticos de la materia y la rendición de las gestiones el próximo martes 29.

En lo que refiere a la formación y actualización profesional del funcionariado, señaló que “se fortaleció la modalidad virtual a través del portal educativo policial, incrementándose significativamente las horas de capacitación”, y “se abordaron las líneas programáticas de la respuesta policial a las cuestiones de violencia doméstica y de género, abuso sexual en el ámbito laboral y educativo, trata, tráfico y explotación de personas”. A la vez, se realizaron seis talleres sobre herramientas para la atención en violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes en Maldonado, Colonia y Artigas. Y, en el marco del 25N, se llevó adelante un programa de formación sobre femicidios y otros crímenes de odio realizado por una antropóloga forense y expertos internacionales, que “estuvo orientado al trabajo policial con el objetivo de mejorar y fortalecer las investigaciones penales de los delitos vinculados a violencia basada en género”, apuntó Ferreira.

En tanto, el presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, Robert Silva, apuntó a la importancia de seguir desarrollando “acciones específicas” como la campaña “Noviazgos libres de violencia”, y afirmó que “es necesario avanzar mucho más en materia de salud sexual y reproductiva” y “gestionar situaciones de vulneración de derechos, donde la educación juega un rol importantísimo”.