Con los votos de los legisladores del oficialismo, este miércoles, la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Diputados dio el visto bueno al proyecto de ley de “corresponsabilidad en la crianza”, aprobado por el Senado en agosto. La intención de los partidos integrantes de la coalición de gobierno era aprobar el proyecto de forma definitiva antes de finalizar el año, pero, por medio de un acuerdo con la oposición, esta instancia se definió para febrero o marzo de 2023.

La discusión del proyecto en la comisión de Diputados no estuvo exenta de dificultades y polémica, al igual que ocurrió en la cámara alta. Hubo discrepancias y propuestas de cambios en el texto, por ejemplo, de los legisladores Eduardo Lust, de Cabildo Abierto (CA), y Gustavo Zubía, del Partido Colorado (PC), que no fueron incorporados. Tampoco se tomaron en cuenta las modificaciones propuestas por la diputada colorada María Eugenia Roselló, integrante del sector Ciudadanos. Después de varias idas y vueltas durante estos meses, el texto aprobado es el mismo que llegó del Senado, según confirmó el presidente de la comisión, el diputado nacionalista Diego Echeverría, en una rueda de prensa.

La votación del proyecto en el plenario de la cámara baja es el último paso antes de que la propuesta se convierta en ley. El diputado del Partido Nacional (PN), Rodrigo Goñi, dijo a la diaria que “hoy” están “asegurados” los votos de su partido, de CA y “algunos” del PC, porque hay legisladores que aún no han definido su postura. El Frente Amplio (FA) se pronunciará en contra, al igual que lo hizo en la cámara alta. El diputado nacionalista señaló que este proyecto quedó como “prioridad” en la agenda parlamentaria y cuándo se vote dependerá de las “sesiones que se generen ya sea en febrero o en las ordinarias de marzo”.

En tanto, la diputada del FA Cecilia Bottino dijo a la diaria que también hay “algunos votos del PN” que están en duda. Por lo tanto, la aprobación del proyecto no es segura. Por otra parte, sostuvo que la aprobación de la comisión es “lamentable” y “una muy mala señal”. La diputada tampoco se mostró conforme con la discusión del proyecto en comisión. Manifestó que no se tomaron en cuenta las modificaciones sugeridas por tres diputados y tampoco se hizo el análisis artículo por artículo como pretendía el FA.

Según Bottino, cuando planteó hacer el estudio de esta forma, el diputado Goñi se opuso. “Es una situación inédita que en una comisión, que es donde se trabajan y analizan los proyectos, no se haya podido ni siquiera considerar ni argumentar”, expresó. Asimismo, aseguró que tanto Lust como Zubía retiraron sus modificaciones sólo para que “hoy se diera esta señal”, pero las volverán a plantear en el plenario.

Goñi explicó que no se llevó a cabo “todo el debate” porque “el acuerdo es que el debate artículo por artículo se dé en el plenario”. “Hoy era el último día y, en otras instancias anteriores en las que se podría haber dado el debate, el FA pidió que no”, señaló el diputado, y agregó que “fue por razones que involucran pedidos de un lado y de otro”.

Una “buena noticia”

En diálogo con la prensa, luego de la votación en comisión, Echeverría celebró la aprobación de la iniciativa y sostuvo que es un proyecto que “cuida los intereses del menor, saca a la niña, niño u adolescente del conflicto que a veces tienen los mayores, y genera normas para evitar que se los tome de rehén y que se incumplan acuerdos”. “Acá hay normativas a texto expreso para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes”, manifestó.

Además, el diputado consideró que las disposiciones incluidas en el proyecto “fueron producto de un extenso debate”, en el que se recibió a más de 33 delegaciones, y comentó que “gran parte” del trabajo de la comisión este año estuvo centrado en la discusión y análisis de esta propuesta.

Echeverría consideró que un punto fuerte de esta norma es que da “la señal” de que “no se va a permitir” que “uno de los padres no pueda tener contacto con el menor”, una situación que calificó de “tan dura y tan compleja”. Aclaró que, de todas formas, en los casos en que la jueza o juez lo determine, se puede “cortar el contacto con uno de los padres”. “Nunca se va a exponer al menor, porque entendemos que primero que nada está el interés supremo del menor”, expresó.

Por su parte, Goñi consideró que la aprobación de este proyecto en comisión es una “buena noticia” para “muchas familias” que hoy “sufren esta situación [de separación entre madres o padres e hijas o hijos]”.

“Peligroso” y “regresivo”

Por su parte, el diputado frenteamplista Mariano Tucci señaló en una rueda de prensa que el sistema político “debería encaminarse a acuerdos vinculados a otros temas, como eliminar la pobreza infantil y garantizar la integridad física de las niñas, niños y adolescentes”. El diputado sostuvo que es “tremendo” que en 2023 se discuta una ley que “retrocede en derechos” de la infancia y la adolescencia, cuando este año fueron asesinados ocho niños y niñas en contextos de violencia de género.

En esa línea, apuntó que para la coalición de izquierda es una cuestión de “principio” no acompañar este proyecto, ni de forma general ni particular, por “varias razones”. Entre ellas, mencionó que ya existe “suficiente” legislación sobre la tenencia compartida, algo que “se acuerda de manera cotidiana, no se impone y menos a través de una ley”, dijo Tucci. También consideró que esta propuesta “desconoce la naturaleza” de las medidas cautelares dispuestas por juezas y jueces ante situaciones de maltrato, violencia y abuso sexual. Por último, sostuvo que “no garantiza el interés superior de niñas, niños y adolescentes”.

Por otra parte, el diputado frenteamplista señaló que el documento elaborado por el oficialismo no recoge la postura del FA, pero tampoco de “sociedades científicas, de la academia y las organizaciones sociales”, e incluso de “varios legisladores de la coalición de gobierno” como integrantes del PC y del Partido Independiente.

Unas horas después de que se conociera la decisión de la comisión, el FA emitió un comunicado en el que expresó su “total rechazo” al proyecto de tenencia compartida y llamó a la “reflexión y a la responsabilidad política” de las legisladoras y los legisladores que van a decidir su voto a favor o en contra de “garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situaciones de violencias, maltratos y/o abuso sexual”.

“[Este proyecto] es peligroso y regresivo tal como lo sustentan los representantes de las disciplinas de pediatría, psicología, psiquiatría, trabajadoras sociales, defensores de oficio y decenas de especialistas que trabajan desde distintos ámbitos cotidianamente con niñas y niños en situaciones de violencia”, afirma el texto, y agrega: “Convocamos a la ciudadanía a no dejarse engañar por el uso de términos que sólo tienen la finalidad de confundir sobre los verdaderos propósitos de este proyecto”.

Bottino consideró que esta “es de las peores leyes” porque las niñas y niños “no tienen quién los defienda”. Y aseguró que “los que levanten la mano van a ser responsables de que podamos estar dañando a un niño para toda la vida”.