El Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva de la organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) difundió este martes los resultados de una encuesta sobre experiencias vividas durante la atención del embarazo, parto, puerperio y aborto, que tuvo como objetivo “identificar percepciones, experiencias y situaciones de violencia obstétrica vividas por la población usuaria del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS)”, según indica el informe.

La violencia obstétrica es “una dimensión de la violencia de género ejercida por el personal de salud sobre niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar, durante la atención del embarazo, el parto, incluyendo partos por cesárea, y el post parto, en un aborto o una emergencia obstétrica”, explica MYSU. A la vez, recuerda que es una de las formas de violencia de género que contempla la Ley 19.580.

La encuesta, que se hizo con el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas, se realizó de forma online entre el 21 de setiembre y el 11 de octubre de 2022, y contó con 1.192 respuestas. El documento aclara que, “dada la naturaleza del sondeo, los resultados no son representativos de la totalidad de mujeres uruguayas, pero permiten visibilizar la dimensión de esta problemática en el país y arrojan indicios de algunos nudos críticos”.

El estudio reveló que más de la mitad de las mujeres consultadas (56%) experimentó alguna situación de violencia obstétrica, mientras que tres de cada diez afirmaron haber vivido situaciones de este tipo en los últimos cinco años.

Para MYSU, “la percepción de haber vivido menos situaciones de violencia en experiencias gineco-obstétricas más recientes que las vividas en períodos anteriores es un cambio positivo”. Lo atribuye a los avances normativos de las últimas décadas, a una mayor capacitación del personal de salud y a “la incidencia y perseverancia de los movimientos feministas bregando por el respeto a la libertad y autonomía en las decisiones reproductivas”.

Sin embargo, el análisis de los resultados da cuenta de que “existen y persisten prácticas que vulneran derechos y que su naturalización hace que no sea percibida ni identificada como violencia por las propias afectadas”.

Resultados

La encuesta indagó en cuestiones como las percepciones sobre el trato del personal de salud, cómo fue el acceso a consultas o estudios durante el embarazo, si las mujeres fueron sometidas a prácticas no recomendadas o si se respetó el derecho a estar acompañadas durante el embarazo y el parto.

Siete de cada diez mujeres dijeron haber recibido un trato respetuoso de parte del personal de salud en relación con sus dudas y consultas durante el embarazo, cifra que baja a seis de cada diez mujeres cuando se valora la atención recibida durante los trabajos de parto y cesárea. En tanto, 55% opinó haber tenido trato respetuoso durante el puerperio.

El informe destaca que “la evolución hacia tratos más respetuosos en las vivencias de las mujeres encuestadas con relación a sus experiencias en los últimos cinco años” es “una señal muy alentadora”, y pone en evidencia que “las prácticas pueden cambiar si se sostiene el propósito de entender a la salud como un derecho y al bienestar de las mujeres y personas con capacidad de gestar como centro de la preocupación de la atención de calidad en salud sexual y reproductiva”.

Por otra parte, la gran mayoría no tuvo dificultades para acceder a estudios o consultas vinculadas a la atención del embarazo, aunque 20% tuvo problemas para conseguir hora para una ecografía y 16% para acceder a los controles. Además, casi 90% declaró no haber tenido dificultad para agendar los análisis requeridos, lo cual MYSU valoró como “un resultado muy positivo”.

En cuanto al acompañamiento durante los controles de embarazo y el parto, en términos generales, la valoración es positiva. A pesar de que no todas las mujeres que quisieron estar acompañadas pudieron hacerlo, los resultados dan cuenta de que lo logró la amplia mayoría. En ese sentido, nueve de cada diez mujeres pudieron entrar acompañadas en su primer parto/cesárea, mientras ocho de cada diez lograron ingresar con compañía a los controles de embarazo.

Prácticas no recomendadas

Un dato preocupante que arrojó la encuesta es que 47% de las mujeres que transitaron por un parto o cesárea alguna vez en su vida declararon que se les realizaron prácticas no recomendadas según lo establecido por la normativa sanitaria nacional (MSP) y con base en los estándares internacionales (Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud). “En los últimos cinco años, la mitad de las mujeres que tuvieron parto vaginal, un tercio de las que tuvieron cesárea y tres de cada cuatro mujeres que han transitado por un parto con fórceps experimentaron prácticas no recomendadas”, asegura el informe.

Si se observan estas mismas cifras por subsistema de salud, las usuarias de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) manifiestan en mayor porcentaje (63%) haber padecido prácticas no recomendadas en relación con las usuarias de mutualistas privadas (45%). “Si bien ambos porcentajes son altos y preocupantes, la mayor incidencia de esta forma de violencia obstétrica se dio en la población en situación de mayor vulnerabilidad”, puntualiza MYSU.

Las prácticas no recomendadas que identificaron las mujeres encuestadas fueron la episiotomía (24%), la administración de medicación para acelerar el parto (24%), la rotura artificial de bolsa (23%) y los tactos vaginales reiterados y realizados por diferentes personas (18%). Una de cada cuatro mujeres experimentó al menos una de ellas.

Ante la pregunta sobre si se les consultó o explicó lo que se les iba a realizar, alrededor de la mitad (48%) declaró que no se les informó o que se les realizaron las prácticas aun sin su consentimiento explícito durante al menos un parto o cesárea. Sólo 11% de las encuestadas afirmó que se les relevó y respetó el consentimiento ante prácticas no recomendadas. El documento señala que, para los últimos cinco años, estas cifras se mantienen “en guarismos similares”, por lo que “los cambios normativos no lograron su correlato en las prácticas de todos los equipos de salud actuantes”.

El documento recuerda que el índice de cesáreas en Uruguay es “extremadamente alto”: mientras que la OMS recomienda que no más de 15% de los partos sean por cesárea, las últimas cifras del MSP indican que 48% de los partos realizados en el país en 2021 fueron de esa forma, señala el informe. Y resalta que “Uruguay registra valores por encima del 15% desde la primera fecha para la que hay registros oficiales (1996) y se ha mantenido por encima del 40% en forma consistente desde 2011”, de acuerdo con las estadísticas vitales del MSP. “La realización de cesáreas innecesarias también es una forma de violencia obstétrica”, apunta la organización.

Durante el aborto

El observatorio de MYSU resaltó como “positivo” que la mayoría de las mujeres encuestadas que transitaron por la interrupción voluntaria del embarazo (69%) manifestó que, en la primera consulta, cuando expresaron su voluntad de acceder al servicio de aborto legal, recibieron respaldo y asesoramiento profesional oportuno.

Sin embargo, 23% dijo que, en esta primera consulta, sintió que se la “juzgaba por la decisión”, 11% que se la “intentó desestimular”, 4% no recibió la información oportuna “por sesgo profesional” y en 7% de los casos las mujeres fueron derivadas a otro profesional por encontrarse con un objetor de conciencia.

Al mismo tiempo, durante la realización de la ecografía confirmatoria del tiempo de embarazo, 53% dijo que se le mostraron imágenes, 25% tuvo que escuchar sonidos y 11% recibió comentarios del profesional actuante acerca de su decisión. Todas estas acciones “están prohibidas en la normativa sanitaria nacional y en las recomendaciones internacionales de buenas prácticas, por entenderlas contraproducentes hacia quien decide interrumpir el embarazo en curso y se le impone sin su consentimiento”, detalla el informe.

La segunda Encuesta Nacional de Prevalencia de la Violencia Basada en Género (2019) registró que 54,4% de las mujeres uruguayas que recurrieron a los servicios legales de aborto, desde la aprobación de la ley, experimentaron alguna situación de violencia por parte del equipo de salud. Para el observatorio, “la coincidencia entre resultados ratifica la preocupación señalada de violencia obstétrica en aborto que debería ser tarea prioritaria de las autoridades involucradas en la implementación del Plan Nacional para una Vida Libre de Violencia de Género”, presentado el mes pasado.