El 28 de mayo se celebra el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, una jornada a la que todos los años se suman organizaciones sociales, colectivos feministas y organismos internacionales para promover el derecho de las mujeres a una atención integral de la salud. Uno de los principales objetivos de la fecha –que quedó establecida en 1987, durante el Quinto Encuentro Mundial por la Salud de las Mujeres en Costa Rica– es reafirmar el derecho a la salud como un derecho humano al que las mujeres deben acceder sin restricciones, con igualdad de oportunidades y libres de violencias.

Si bien en los últimos años los feminismos latinoamericanos centraron la jornada en la lucha por la despenalización del aborto, lo que está en el centro del reclamo es el llamado a que los estados garanticen los servicios de salud sexual y reproductiva, para que las mujeres puedan decidir de manera libre e informada cómo ejercer su sexualidad y su capacidad reproductiva. Para eso, es fundamental que faciliten el acceso a métodos anticonceptivos y a estudios que permitan la detección a tiempo de infecciones de transmisión sexual, brinden las condiciones necesarias para que las mujeres puedan elegir cómo transitar el embarazo, parto y puerperio, y no pongan barreras para acceder a un aborto.

“Es un día de reivindicación feminista que denuncia la morbilidad y mortalidad de mujeres y personas con capacidad de gestar vinculadas a condiciones evitables de riesgo durante el embarazo, parto, puerperio y aborto, que demuestran los niveles de injusticia social, económica y de género”, resume la organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), referente en esta materia, en un comunicado difundido esta semana.

En este marco, MYSU y el colectivo Gozarte convocan para este sábado a una “jornada feminista” en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de “todas las mujeres”, que incluirá actividades de difusión de información, una intervención artística y una instancia de encuentro, análisis, reflexión y proyección de estrategias para el futuro. El cronograma empieza a las 10.30 con la pintada de un muro con la consigna elegida para este 28M, que es: “Mientras ellos ponen las condiciones, nosotras ponemos el cuerpo”. Más tarde, de 11.00 a 13.00, los colectivos realizarán, por tercer año consecutivo, la intervención “Uruguay no será como la república del Cuento de la criada”, en los alrededores del Palacio Legislativo.

Luego, la acción se trasladará hacia el local de MYSU (Salto 1267) donde tendrá lugar el “Encuentro feminista por el 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres de toda expresión y en todas sus diversidades”, que se extenderá hasta las 17.00. La instancia es abierta a “todas las organizaciones sociales, feministas, de mujeres, de la diversidad sexual y a todas las personas que quieran participar”, explicó a la diaria Tamara Savio, integrante de MYSU. Se puede solicitar el formulario de inscripción a través del correo [email protected]

El objetivo del encuentro es reflexionar y analizar el estado de situación de la salud sexual y reproductiva en Uruguay y revisar la Plataforma sobre salud, educación y derechos sexuales y reproductivos 2020-2024 que se aprobó en octubre de 2019, durante la Jornada Nacional por la Salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos, a modo de guía para acciones de incidencia de las organizaciones sociales vinculadas a esta agenda. “Es una instancia necesaria de encuentro del movimiento en defensa de los derechos sexuales y reproductivos, porque entendimos que este año era insuficiente simplemente salir en una performance, como venimos convocando todos los años, sino que aparte teníamos que sentarnos a hablar entre nosotras, para reflexionar, y también proyectarnos ante los desafíos que se vienen”, señaló Savio.

La activista dijo que la idea de la jornada es también habilitar una instancia “para bajar tensiones”. “Vamos a poder trabajar con el cuerpo, encontrarnos, darnos un espacio, distendernos y permitirnos hablar de cómo estamos y cuáles son las problemáticas con las que nos estamos encontrando”, puntualizó. Agregó que, en ese sentido, habrá “distintas dinámicas que nos llevarán a poder ubicar qué es lo que logramos hasta ahora –porque también hay logros que hay que reconocer– y qué es lo que está en riesgo”.

Acerca de la consigna elegida este año, la representante de MYSU aseguró que apunta a la inexistencia de una “respuesta clara” del gobierno sobre cuál es la estrategia de abordaje de la salud sexual y reproductiva y “las consecuencias que ello tiene”. “Claramente, los costos los seguimos pagando nosotras, ya sea en traslados para solucionar, en demoras, en exposición al estigma, quedando por fuera de los plazos establecidos en el caso de aborto e incluso con resultados altamente preocupantes, como es pagar con la propia vida o la libertad”, enfatizó.

Desafíos y barreras

Entre las distintas problemáticas que los dos colectivos denuncian y monitorean, Savio resaltó en particular el aumento de la mortalidad materna, que según dijo se duplicó en los últimos dos años, y los obstáculos que todavía existen en el país para acceder a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Sobre lo último, denunció que desde que se aprobó la ley de IVE, en 2012, “ya han fallecido cinco mujeres por procesos de aborto, tres por fuera de los servicios legales y dos en procesos de aborto legal”. Dijo que en el último caso, que tuvo lugar a fines de 2020 en Treinta y Tres, “ella era adolescente, fue un proceso de aborto legal y todavía no tenemos información concreta sobre qué fue lo que pasó y, en particular, cómo se previene para que no pase de vuelta”.

Por otro lado, Savio se refirió a la barrera que implica en muchas localidades la objeción de conciencia. En esa línea, denunció que no exista “posibilidad metodológica de chequear si un profesional es objetor de conciencia en una institución y no en la otra”, y que haya hospitales en capitales departamentales que tengan 100% de profesionales objetores de conciencia. “Nos estamos encontrando frente a un contexto en el que, aparte de la problemática en sí misma de la objeción de conciencia y lo que genera en los servicios, no hay una clara regulación de la cifra de cuántos son ni dónde están”, señaló.

Ligada a la objeción de conciencia, recordó además la denuncia presentada el año pasado contra la ginecóloga Gabriela Fischer, referente de salud sexual y reproductiva de la Red de Atención Primaria Metropolitana de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, que “obstruyó un proceso de aborto legal de una mujer que todavía estaba en los plazos legales y la expulsó el servicio”. “¿Cómo puede ser que pongan a profesionales como responsables de servicios que, en cierto punto, están negándose a dar? ¿Cómo es posible que les demos a esos profesionales la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las normativas y de los servicios de salud sexual y reproductiva, cuando están en contra de estos servicios?”, cuestionó Savio.

La activista reconoció que estas situaciones tienen lugar en un momento de “deterioro” de los servicios provocado por la pandemia, que entre otras consecuencias generó “saturación”, “retroceso” y “un momento de impacto en el que se perdieron vidas y en el que las emergencias estaban sólo dispuestas para la covid y la atención pasó a ser por teléfono”. Sin embargo, agregó que “también hay problemas que se deben a decisiones de política pública”.

En ese sentido, dijo que el gobierno no tiene “una línea clara o una política específica para abordar los derechos sexuales y reproductivos que podamos observar, hacer críticas, comentar o decir ‘qué bien’”. “Este gobierno comenzó en 2020; estamos a 2022 y todavía no tenemos claro cuáles van a ser las políticas en materia de salud sexual y reproductiva y derechos sexuales y reproductivos”, continuó Savio. “Eso es algo que nos tiene preocupadas y no solamente desde MYSU y Gozarte, sino que estuvimos convocando a una reunión en la que participaron organizaciones que no están en Montevideo y nos han comentado las situaciones a las que se están enfrentando en los distintos departamentos donde no se están respetando los derechos como corresponde”.

Falta de diálogo y pocas respuestas

A un panorama actual “bastante complicado” se suma que el gobierno “no está abierto al diálogo”, detalló Savio. La activista recordó que en mayo de 2020 el presidente Luis Lacalle Pou dijo en una conferencia de prensa que su gabinete tiene una agenda “provida” y abogó por la protección de los derechos de “los niños por nacer”. “Eso ha evolucionado después a proyectos de ley que se han presentado en el Parlamento que no atentan directamente contra la ley de aborto pero sí generan algunos retrocesos”, señaló.

Frente a estas y otras preocupaciones, MYSU solicitó varias reuniones con autoridades pero, según Savio, las veces en las que la organización fue recibida, se trató de encuentros en los que no se plantearon respuestas, soluciones o acciones concretas ante las problemáticas presentadas. “Entendemos que este es un gobierno que no dialoga y que tampoco está respetando la cantidad de espacios de diálogo que supimos crear y sostener en todo lo que tiene que ver con rendición de cuentas o para poder tener sobre la mesa distintas formas de solucionar los problemas”, afirmó la activista.

Por eso, en parte, este año, a diferencia de los anteriores, las actividades del 28M no buscan terminar con un pedido o una solicitud a las autoridades. “Estamos en un contexto complejo y por lo menos nosotras hemos agotado la cantidad de veces que hicimos una movilización artística para llamar la atención de forma creativa y que el objetivo sea presentar una solicitud de reunión. Lo venimos realizando sostenidamente desde 2020 con este nuevo gobierno y la realidad es que no se han sentado a hablar con el movimiento feminista”, cuestionó Savio. La decisión que tomaron los colectivos, entonces, es la de movilizarse “desde la intervención artística y performática, desde la agitación y la propaganda, desde el diálogo con la población, haciéndole llegar la información y en un esfuerzo nuevamente por dar a conocer nuestros derechos, conocer cuáles son las respuestas que corresponde que nos de el Estado y en qué está fallando”.

“Venimos diciendo hace dos años que estamos en alerta y desde el movimiento feminista estamos llamando a estar en lucha y resistencia”, insistió Savio; “ante las respuestas nulas, no nos queda otra que organizarnos y seguir denunciando”.