Dos años después de su ingreso en el recinto parlamentario, la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó en la tarde del miércoles un proyecto de ley que sanciona toda forma de discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género en los centros educativos. La propuesta, que fue aprobada con 94 votos a favor, 22 en contra y 22 abstenciones en la cámara baja, pasa ahora a discutirse en el Senado.

Conocida popularmente como “ley José Matías”, la iniciativa fue inspirada por el caso de José Matías Guevara, un adolescente trans de 16 años que después de sufrir permanentes situaciones de acoso y bullying en el colegio al que asistía, en la ciudad de Copiapó, se suicidó, en mayo de 2019. El texto fue presentado en noviembre del año siguiente por diputadas y diputados pertenecientes a distintos partidos de izquierda, gracias al impulso de la madre del adolescente, Marcela Guevara.

El objetivo de la iniciativa es reforzar la normativa chilena sobre la “buena convivencia escolar”, que en el texto es definida como el conjunto de “relaciones e interacciones inclusivas y democráticas que se dan al interior de la comunidad educativa”. En ese sentido, establece la creación de “consejos escolares” que involucren a toda la comunidad educativa y cumplan el rol de velar por la no discriminación y la no violencia. Esto aplica para los casos basados en motivos de orientación sexual e identidad o expresión de género, pero también por razones de “raza o etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, ideología u opinión política, religión, creencia y enfermedad o discapacidad”.

El texto también dispone que todos los establecimientos educacionales tienen que contar con un “equipo de convivencia escolar multidisciplinario”, que contemple protocolos y reglamentos internos para proteger, apoyar y no revictimizar a niñas, niños y adolescentes que hayan atravesado situaciones de violencia.

Por otra parte, el proyecto define cuáles son los pasos a seguir en caso de producirse conductas que puedan constituir acoso, y actualiza las normas que apuntan a calificar la gravedad de la situación de violencia. A la vez, prevé multas para los establecimientos que, “teniendo conocimiento de acoso escolar, no adoptaren las medidas correctivas, pedagógicas o disciplinarias que su propio reglamento interno disponga, o no denunciaren ante los Tribunales de Familia”. También promueve acciones para la prevención.

“Aprobamos la ‘ley José Matías’, que busca ser una herramienta concreta para prevenir y sancionar la discriminación en nuestras escuelas; es un paso crucial para caminar hacia la educación no sexista, inclusiva y, por cierto, hacia la educación sexual integral”, celebró tras la aprobación del proyecto la diputada Emilia Schneider, del partido Comunes, que el año pasado se convirtió en la primera mujer trans en asumir ese cargo en Chile. “No podría haber sido posible este esfuerzo sin el trabajo de años de activistas, organizaciones, de la madre de José Matías y del impulso que en el último tiempo le ha puesto nuestro gobierno. Esperamos que en el Senado corra la misma suerte y concurran todas las voluntades de los distintos sectores políticos, así como ocurrió en la cámara, para avanzar decididamente a erradicar la discriminación en las escuelas de Chile”, agregó la legisladora.

Según la Encuesta Nacional de Violencia en el Ámbito Escolar realizada en 2014 por la Subsecretaría de Prevención del Delito de Chile, 22,3% de estudiantes, 13% de docentes y 10,4% de asistentes de la educación fueron agredidos por alguien del establecimiento en dos o tres ocasiones en el año. Las agresiones que surgieron en el estudio, citado en el proyecto de ley, son verbales (insultos, descalificaciones, hostigamiento), físicas (peleas, lanzar objetos contundentes, empujones) o sociales (rumores mal intencionados, ignorar, aislamiento).