Despidos sin indemnización, pagos por debajo del salario mínimo doméstico, situaciones de violencia física y psicológica, acoso laboral y sexual, informalidad, casos de esclavitud. Estos y otros puntos integran la lista de denuncias y reclamos que sostienen desde hace años las trabajadoras domésticas en Uruguay. Algunos de estos problemas se profundizaron en la pandemia y aparecieron otros, sobre todo referidos a la falta de organización del sector. Por eso, la consigna elegida por el Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas (SUTD) para este 19 de agosto, Día de la Trabajadora Doméstica, es “No te aísles, tus derechos se conquistan colectivamente”. La propuesta apunta a impulsar a las trabajadoras a acercarse al grupo a conocer sus derechos y colectivizar sus luchas.

Este año, el sindicato renueva el reclamo por el reconocimiento y respeto de sus derechos consagrados en la Ley 18.065 de Trabajo Doméstico, aprobada en 2006, que establece las características del trabajo doméstico y los derechos de todas las trabajadoras sin importar su nacionalidad. Aunque la aprobación de esta norma constituyó un hito “muy importante”, en “muchos casos” no se cumple con sus disposiciones. Esto ocurre, a veces, por “viveza criolla” de los empleadores, pero también por desconocimiento de las propias trabajadoras, dijo a la diaria la presidenta del SUTD, Lucía Gándara. Por eso, remarcó la importancia de que las trabajadoras se informen para que lo aprobado efectivamente se cumpla.

Asimismo, las trabajadoras mantienen el reclamo por la definición de categorías para el sector. Gándara explicó que esto responde a que las mujeres son contratadas para hacer las tareas domésticas, pero luego se les solicita que realicen otras, como cocinar o cuidar de niñas, niños y personas adultas mayores. La propuesta de las trabajadoras incluye cinco categorías: cuidado de niños, de adultos mayores y/o personas en situación de discapacidad, cocina, limpieza diaria y limpieza profunda. Por cada una de ellas se pagaría un “plus” sobre un sueldo base, apuntó Gándara.

Un tema que adquirió relevancia durante la pandemia fueron las condiciones de trabajo en materia de seguridad y protección en salud. En relación con estos aspectos, Gándara sostuvo que el 19 de agosto de 2021 se aprobó un protocolo de prevención sobre covid-19 en el trabajo doméstico. El abordaje de este tema puso sobre la mesa otras cuestiones de salud de las trabajadoras, como los efectos en la piel de los productos químicos de limpieza y el impacto en los huesos de determinadas posturas.

En cuanto a la situación de las trabajadoras domésticas que vienen de otros países o incluso de localidades del interior del país, la presidenta del sindicato dijo que una de las principales dificultades que atraviesan es el desconocimiento del marco normativo que las ampara, entre otros obstáculos, lo que a veces deriva en que acepten trabajos mal pagos y en malas condiciones. “Muchas veces las compañeras migrantes vienen al país y no saben sus derechos, y, a veces, los empleadores se aprovechan de esa situación y les proponen salarios por debajo del legal”, dijo Gándara.

Desde otras tierras

Mónica Kukulka es brasileña y dejó su país en 1992, cuando tenía 20 años, con el objetivo de venir a Uruguay para estudiar en la Universidad de la República. Ese sueño poco a poco se desvaneció al verse sola en un país desconocido, sin personas allegadas y sin trabajo. Así, comenzó a buscar una fuente laboral y la encontró poco después como trabajadora doméstica sin retiro. Sobre esta primera experiencia, Kukulka sostiene que fue vivir como una “esclava”. “Al principio viví muchas situaciones de explotación y violación de mis derechos. Después empecé a informarme y a entender que esas cosas no estaban bien”, contó a la diaria.

En los años siguientes, pasó por varios trabajos, algunos con empleadores buenos y otros malos. Sin embargo, las irregularidades parecían ser una constante. Entre ellas, una remuneración menor a la correspondiente, falta de aportes al Banco de Previsión Social (BPS) o un “regalito” en lugar del aguinaldo. Kukulka empezó a ver con mayor claridad todas estas situaciones cuando se afilió al SUTD. “Me afilié para poder ayudar a otras compañeras y son ellas las que me están ayudando a mí”, aseguró.

Así como ella atravesó varias dificultades, Kukulka sostuvo que le han llegado historias de otras compañeras migrantes que viven situaciones de explotación, sobre todo en los casos en los que vienen a Uruguay a trabajar “con cama”. “Tengo una amiga que su patrón la explota, la hace trabajar en todo horario y no le paga lo que le corresponde. Pero, como ella depende de él para poder pagar el alquiler de la casa, la comida y otras cosas, se queda callada”, relató.

Gándara sostuvo que es muy difícil conocer cuál es la cantidad “real” de mujeres extranjeras que trabajan en el rubro doméstico porque no hay estudios del Instituto Nacional de Estadística (INE) que hayan tomado en cuenta a las trabajadoras domésticas migrantes y que les permitan hacer algún tipo de estimación. Además, planteó que la informalidad del sector tampoco permite conocer cuántas son las trabajadoras del sector en general. Con base en la última cifra publicada por el INE en 2019, el sindicato sostiene que en Uruguay hay unas 125.000 trabajadoras domésticas, de las cuales sólo alrededor de 77.000 se encuentran en situación de formalidad. De todas formas, Gándara sostuvo que hoy en Uruguay hay trabajadoras domésticas provenientes de Perú, Colombia, Paraguay, República Dominicana, Venezuela, Brasil, Argentina, entre otros países.

Entre compatriotas

Senobia Asenjo es peruana. Tenía 39 años cuando llegó a Uruguay en 1999. Cinco días después de su llegada, encontró trabajo como trabajadora doméstica. En ese momento, desconocía sus derechos laborales y las obligaciones que tenían sus patrones con ella. Sus empleadores se aprovecharon de esa situación: le plantearon que tenían problemas económicos y le propusieron “dejar a guardar” la mitad del sueldo, que eventualmente le pagarían. Asenjo aceptó. Sin embargo, la despidieron de un día para el otro y sin pagarle nada.

Frente a la experiencia que le tocó vivir y las dificultades que atravesó como migrante en Uruguay, Asenjo decidió crear un grupo junto a otras peruanas para asistir a mujeres compatriotas que llegaban al país, brindarles apoyo y ayudarlas a encontrar trabajo. En ese grupo, Asenjo escuchó “muchos testimonios” de situaciones complejas de otras trabajadoras domésticas peruanas. “Llegamos hasta a tener que ir con la Policía a sacar a una chica de una casa en Carrasco, que la tenían prácticamente secuestrada. No la dejaban salir y no se podía comunicar con nadie. Estaba recluida y excluida de todo, vivía penurias, todos los días le daban de comer fideos. Le habían quitado el pasaporte, no la querían anotar en el BPS, en seis meses nunca le habían pagado”, relató a la diaria.

Este grupo se disolvió en 2002, pero Asenjo continuó involucrada con diferentes historias de mujeres migrantes a través del grupo Jueves Migrantes. Allí escuchó los relatos de trabajadoras domésticas bolivianas, ecuatorianas, dominicanas, cubanas, venezolanas y de otras nacionalidades. Todas denunciaban situaciones de vulneración de derechos, violencia psicológica, física e incluso sexual por parte de los empleadores, situaciones de encierro y condiciones “deplorables” de trabajo. “Podría pasar más de una semana relatando historias”, expresó.

Asenjo sostuvo que es importante que las mujeres migrantes que vienen a trabajar a Uruguay conozcan sus derechos para hacerlos valer y que sepan que hay un marco normativo que les ampara. “No tengan miedo, luchen. No trabajen por una miseria y no admitan violencias de ningún tipo”, alentó.

Migrante en el propio país

Betty Cabrera, referente del SUTD en Río Negro, tenía 14 años cuando viajó a Montevideo a inicios de la década del 90 para trabajar como empleada doméstica sin retiro en la casa de una mujer mayor, de unos 80 años, que convivía con su hija que era usuaria de sillas de ruedas y tenía varios problemas de salud. A su padre le habían dicho que, con este trabajo, Cabrera iba a poder estudiar y le pagarían bien. Pero la realidad que se encontró fue otra. “No tenía forma de comunicarme con mis padres ni con nadie. Estaba aislada. Cuando salía tenía que hacerlo con lo puesto y tenía que volver a determinado horario. También el tema de la comida era muy complicado”, contó Cabrera a la diaria. Trabajó allí tres años, hasta que pudo dejar el lugar con la ayuda del portero del edificio.

Después de esta mala experiencia, vinieron otras igual de complicadas. Cuando consiguió otro trabajo, su empleador quiso abusar sexualmente de ella, que todavía era una adolescente. De todas formas, Cabrera no desistió y siguió buscando oportunidades en Montevideo. “Algunas fueron buenas”, dijo. En total, trabajó en la capital durante 15 años.

A lo largo de ese período, se encontró con muchas trabajadoras domésticas que venían del interior del país y vivieron situaciones similares. Por eso, cuando llegó a Río Negro, estaba convencida de que tenía que formar una filial del SUTD para evitar que otras mujeres vivan esas situaciones, dijo Cabrera. En 2014, después de tres años de esfuerzos continuos, junto con otras compañeras lograron fundar la sede del sindicato en Fray Bentos.

Cabrera contó que aún son múltiples los relatos de mujeres de diferentes edades que se trasladan desde distintos puntos del país a trabajar –por ejemplo, a Punta del Este durante la temporada de verano– y atraviesan situaciones complejas. “Les prometen un lugar de trabajo, con un buen sueldo, buenas condiciones de trabajo, pero termina siendo algo totalmente diferente”, señaló.

La referente de Fray Bentos dijo que, a partir de los avances normativos conquistados en Uruguay, es “menos frecuente” que se conozcan casos de adolescentes que se trasladen para trabajar en Montevideo, pero que aún es un fenómeno común entre mujeres jóvenes. En ese sentido, desde su rol como militante sindical, Cabrera brinda charlas en liceos y centros de UTU de su departamento para que las jóvenes se informen sobre sus derechos, normativa laboral, y tengan un “plan B” por si esa propuesta de trabajo no llega a ser lo que les plantearon.