Hizo su primer estudio sobre prostitución hace más de tres décadas, casi de casualidad, porque se le presentó la oportunidad cuando todavía era estudiante. Sin embargo, el tema le interesó y, ya como sociólogo, dedicó su tesis de doctorado a las movilizaciones de trabajadoras sexuales en Francia, con el objetivo de analizar “cómo una población que vive de esa actividad puede movilizarse, generar algo colectivo, construir una identidad positiva contra la estigmatización, y expresar públicamente demandas”, explicó a la diaria. Desde entonces, Lilian Mathieu es especialista en el tema.

Hoy, además, es director de investigaciones del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia y miembro del Centro Max Weber de la Escuela Normal Superior de Lyon.

El sociólogo francés estuvo de visita esta semana en Montevideo, donde el lunes brindó la conferencia “Controversias y políticas en torno a la prostitución en Francia”, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. También se reunió con integrantes de la Organización de Trabajadoras Sexuales de Uruguay (Otras), con quienes habló sobre el proyecto para modificar la ley de trabajo sexual, que actualmente está a estudio en el Parlamento. Antes de irse del país, Mathieu habló sobre distintos aspectos del tema con la diaria.

Los debates en torno a la prostitución suelen girar en torno a tres modelos regulatorios: el prohibicionismo, el regulacionismo y el abolicionismo. ¿Te considerás más cercano a alguno?

No, y de hecho creo que hacer esa categorización no es pertinente. Por ejemplo, se dice que la ley aprobada en Francia en 2016, que hace de pagar por sexo un delito, es abolicionista, porque quiere abolir la prostitución. Al principio, el abolicionismo quería abolir la regulación de la prostitución, pero no la prostitución en sí misma, entonces hubo un cambio de sentido. Además, hoy esa ley que se dice que es abolicionista es prohibicionista, porque prohíbe pagar por la actividad. A la vez, me parece que las leyes en Europa, sean regulacionistas –como los casos de Alemania y Holanda– o abolicionistas –como Francia–, tienen los mismos objetivos: que la actividad sea más discreta y que no haya mujeres extranjeras en situación ilegal. En Francia, las multas para los clientes buscan alejar la actividad, que no sea visible en los centros de las ciudades, que se desarrolle en la periferia, en las zonas rurales, y que no moleste a los vecinos. En tanto, en Alemania o en Países Bajos, el objetivo es encerrarla en lugares cerrados, que son los burdeles. Entonces, en concreto, ya sean leyes regulacionistas, abolicionistas o prohibicionistas, todas tienen esos efectos. Por otra parte, la regulación de hoy en Holanda, por ejemplo, no tiene que ver con la regulación del siglo XIX, porque no hay un control sanitario, sino que se trata del acceso a los derechos de las trabajadoras y trabajadores.

Diferente de lo que plantea la ley que hoy está vigente en Uruguay.

En Uruguay sí hay un control sanitario. En ese sentido, Uruguay parece mantener un sistema de regulación heredero del siglo XIX, porque el control sanitario, sobre todo de las mujeres, es para luchar contra la difusión de las enfermedades de transmisión sexual, y ese es el objetivo del primer regulacionismo del siglo XIX. Siguen teniendo la libreta [de profilaxis venérea, expedida por el Ministerio de Salud Pública], cosas que existían en Francia hasta 1960. Entonces, es el regulacionismo del siglo XIX pero que ha sido transformado, que ha innovado con los derechos laborales, y que, desde Francia, parece un verdadero reconocimiento del trabajo sexual y una legitimación de esa actividad, pero en ese marco.

¿Qué temas abordaron en el encuentro con las integrantes de Otras?

Hablaron mucho del problema de la ley aquí en Uruguay. También hablaron del control de la salud, de diferencias que se mantienen entre este trabajo y los otros, el tema de la libreta y del hecho de que es una política que está en las manos de los ministerios del Interior y de Salud Pública, y no del de Trabajo [y Seguridad Social]. Esa es una diferencia que produce estigmatización y discriminación. Señalaron además los problemas con las redes de trata, sobre todo en el interior del país, y las prioridades del trabajo de la Policía, que no siempre son el bienestar de las trabajadoras sexuales.

Las modificaciones a la ley que exigen las trabajadoras sexuales uruguayas apuntan justamente a un abordaje desde una perspectiva de derechos y no con una mirada sanitarista, sobre todo para dejar de ser estigmatizadas, tanto ellas como sus familias. ¿En qué se funda el estigma que persiste contra las trabajadoras sexuales?

La estigmatización tiene diferentes aspectos que hay que analizar. La idea de que haya muchos contactos sexuales fuera del matrimonio o de una pareja estable, sobre todo para las mujeres, constituye una primera estigmatización. También genera estigmatización el hecho de que sea un medio de obtener, a veces, relativamente mucha plata, sin estar en el mercado laboral “normal”. A la vez, considerarlas víctimas –como pasa en Francia– es un elemento para ayudarlas, pero también puede ser una estigmatización, porque se asume que no pueden controlar su vida, que son pasivas, que hacen malas elecciones y que no están en capacidad de decidir por su propia vida, por lo que hay que decidir por ellas. Este el discurso abolicionista de Francia, en apoyo a la ley de 2016.

Si miramos la experiencia de otros países, ¿se puede identificar algún modelo de regulación que haya tenido mejores resultados?

No sé si puede existir un sistema mejor. El tema es proteger a todas las personas frente a la violencia o a la explotación, ya sean prostitutas o no. Por ejemplo, en Suiza se dice que el sistema está muy bien porque son consideradas trabajadoras y trabajadores, con los mismos derechos que los otros trabajadores, y que la Policía no acosa. Pero esa es la situación de las personas que se consideran trabajadoras y trabajadores sexuales, que hacen de esa actividad un medio para vivir, es decir, una fuente de ingreso regular. En cambio, a una persona que no tiene hogar ni ingreso regular y que mantiene encuentros con uno o dos hombres para intercambiar servicios sexuales no va a interesarle un estatus de trabajadora sexual. Vender servicios sexuales es la actividad también de las personas que no tienen otra fuente de ingreso y están en una situación de emergencia; esas personas sí ejercen la prostitución, pero la definición de su identidad no es de trabajadoras o trabajadores sexuales. Hay una ambigüedad porque sí puede ser un trabajo para algunas personas, y a la vez es una actividad para personas en situación de emergencia, en una pobreza muy dura –que en la mayoría de los casos son mujeres–, y para ellas no es una identidad.

La ley que rige en Francia desde 2016 busca penalizar a los clientes, así como apoyar a las mujeres en la salida de la situación de trabajo sexual. En estos seis años, ¿cómo ha impactado esta normativa en las trabajadoras sexuales?

No hubo muchos efectos, porque las multas para los clientes son casi las mismas que las multas para la oferta de servicios sexuales que se hace en la calle. La situación no cambió porque, ya sean los clientes o las prostitutas quienes reciban las multas, hay que esconder el encuentro, y se esconden usando internet o alejando la actividad de los centros de las ciudades. Si no hay vecinos para protestar que son molestados por la actividad, la Policía no hace nada, y muchas prostitutas están hoy en camionetas en la periferia de las ciudades, no están más en el centro, porque ahí molestan a los vecinos. Si están en la periferia, en las zonas rurales, cerca de las rutas, no hay problema, pero están en peligro, porque en los centros podían gritar en caso de que les pasara algo y había colegas para ver lo que pasaba. Si están aisladas y un cliente es violento, no pueden hacer nada. Así que diría que no cambió mucho; es la misma situación y no es una buena.

¿Cómo funcionan los dispositivos que creó la ley con el objetivo de ayudar y acompañar a las mujeres en el proceso de salida del trabajo sexual?

En estos seis años hubo muy pocos dispositivos de salida de la prostitución. En Francia la responsabilidad de juntar a las organizaciones y coordinar comités a nivel del departamento para tratar todos los temas de prostitución, incluyendo los dispositivos de salida, es del prefecto [el representante del Estado en cada departamento, dependiente del Ministerio del Interior]. El problema es que, en algunos departamentos, al prefecto no le interesa el tema, entonces no hay dispositivos. El otro problema es que esos procesos de salida de la prostitución son muy estrictos, sobre todo para las mujeres. Por ejemplo, hay un subsidio que es de menos de 400 euros por mes [cerca de 16.000 pesos uruguayos] y hay una obligación de parar la actividad de prostitución. Esto es muy ambiguo porque menos de 400 euros es muy poco y, si una mujer tiene clientes frecuentes que la llaman, tiene que mentir a los trabajadores sociales, ya que si se descubre que mantiene una actividad de prostitución es expulsada del dispositivo.

También hay una ambigüedad porque una mayoría de prostitutas son extranjeras y los prefectos pueden dar papeles por seis meses, pero no se sabe si les darán una extensión de la regularización de la estancia en el territorio nacional, porque no tienen ganas de dar papeles a muchas extranjeras y extranjeros, aunque sean víctimas de redes de proxenetismo. En realidad, el dispositivo es bueno para las personas que querían terminar con esa actividad y que estaban listas para reintegrarse en otro trabajo. Pero la mayoría de las prostitutas están en una situación peor y necesitan más ayuda. Sin embargo, la única ayuda que hay son los dispositivos y no se adaptan a las personas que están en situaciones más difíciles.

Este es un tema que genera debates en muchos ámbitos, incluso –y sobre todo– a la interna de los feminismos. Una de las cuestiones que aparecen en este marco es si el trabajo sexual es una elección libre o no. ¿Cuál es tu análisis?

En sociología no se habla de libertad, porque entendemos que nuestras elecciones son determinadas por el contexto social. Entonces, desde el punto de vista de la sociología, ninguna elección es verdaderamente libre. Al elegir hacer determinado trabajo, hay una determinación social. También hay diferencias en el nivel de limitaciones. Es decir, algunas elecciones están más limitadas que otras. Hay gente que tiene menos posibilidades de elección.

Otra cuestión que entra en discusión es la de la legitimidad de una sexualidad sin deseo.

En nuestra concepción moderna de la sexualidad, la buena sexualidad necesita el deseo y, sí, en el caso de la prostitución es una diferencia. Pero hay muchas situaciones en las cuales hay sexualidad sin deseo y, por supuesto, en la mayoría de los casos, sin deseo de las mujeres. Dentro del matrimonio puede existir, por ejemplo, porque hay negociación de algo entre las dos personas. Este es un tema importante también para las prostitutas, porque ellas dicen que con su pareja tienen deseo y placer, pero que está prohibido tenerlos con un cliente. Es una de las prohibiciones que se tratan cuando las prostitutas dicen que es un verdadero trabajo, porque hay ese límite, entre otros elementos. Pero, sí, para nuestra concepción moderna de la sexualidad, es un problema, porque desde los años 60 y la llamada “revolución sexual” se dice que se necesitan el deseo y el placer para que sea una buena sexualidad. Sin embargo, en la práctica, las investigaciones sobre la sexualidad –al menos en el caso de Francia– muestran que es más complicado que eso.