El color rojo fue el distintivo principal de la primera marcha nacional contra la violencia gineco-obstétrica y neonatal en Argentina, que tuvo lugar en la tarde de este miércoles y se replicó en 24 ciudades. La movilización fue organizada por la campaña “Mi parto, mi decisión”, que cuenta con el apoyo de más de 80 organizaciones a nivel nacional, y se realizó en el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado.
En la capital la concentración fue frente al Congreso, donde cientos de mujeres con pañuelos y otro tipo de distintivos respondieron al lema principal: “Sumate a la marea roja”. En las imágenes de la manifestación, difundidas por diferentes medios argentinos, se ven pancartas con distintas consignas como “Basta de violencia obstétrica”, “Por nacimientos sin violencia” o “Emergencia obstétrica no es delito”.
También había carteles con frases de profesionales que fueron dirigidas a mujeres en salas de parto, tales como “Quedate quieta o te ato”, “Dejá de llorar, que bien que cuando lo hiciste no llorabas”, o “Acá la única que grita soy yo, así que callate y pujá”, según reportó Página 12.
El objetivo de la convocatoria era visibilizar las distintas formas que adopta la violencia gineco-obstrética en el país –que es la que se ejerce en el contexto del embarazo, parto y puerperio– y reclamar medidas para prevenirla.
En el marco de este último reclamo, la campaña exigió la aprobación de cuatro proyectos de ley vinculados a la temática que ya tienen estado parlamentario en la Cámara de Diputados pero que aún no han sido tratados, informó el mismo medio argentino. Se trata de una ley que establece la capacitación obligatoria del personal de salud en violencia gineco-obstétrica; la ley de nuevo ejercicio profesional de las licenciadas y licenciados en Obstetricia; una que crea casas de partos, y otra que regula la actividad de las puericultoras.
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Las representantes de la campaña “Mi parto, mi decisión” también solicitaron la creación de un programa específico en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad para “lograr la erradicación definitiva de la violencia gineco-obstétrica” y la implementación de programas de “detección, contención y acompañamiento” a víctimas de este tipo de violencia de género. A la vez, insistieron en la necesidad de que haya protocolos de atención a estas víctimas para que existan “procedimientos claros y unificados para quejas, reclamos o denuncias de carácter administrativo”.
Por otro lado, reclamaron la actualización de la currícula en las carreras que abordan la temática y la incorporación de este tema en la educación sexual integral. Otro de los pedidos estuvo dirigido directamente al sistema judicial, al que le solicitaron la liberación de “todas las personas presas por eventos obstétricos”.
De acuerdo con información publicada por Latfem, en base a un informe presentado en diciembre por el Observatorio de las Violencias y Desigualdades por Razones de Género, del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, 37% de los nacimientos registrados en 2019 en Argentina se hicieron a través de cesáreas, una cifra que triplica la recomendada por la Organización Mundial de la Salud, que es entre 10% y 15%. El mismo medio informa que 43,7% de las personas que parieron ese año no tuvieron permitido el acompañamiento en el proceso de parto, incumpliendo así lo establecido en la Ley 25.929 sobre parto humanizado, que fue aprobada en 2004 pero recién se reglamentó en 2015.
Por otra parte, el informe citado por Latfem asegura que 79% de las denuncias por violencia obstétrica que recibió entre 2015 y 2021 la Línea 144 –servicio de atención a la violencia de género dependiente del ministerio– fue por violencia psicológica.