Uruguay es caracterizado desde hace muchos años como un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas. No obstante, de forma más reciente ha incrementado su peso como país de destino. En todo el territorio nacional, están instaladas redes de trata interna y redes de trata internacional que tienen como principal finalidad la explotación sexual, en su mayoría, de niñas, adolescentes y mujeres adultas uruguayas, pero también extranjeras.
Estos planteos surgen de algunas investigaciones y diagnósticos llevados adelante por diversas instituciones y organizaciones en los últimos años. Entre ellas, el informe Dueños de personas, personas con dueño de la asociación civil El Paso, presentado en 2020, que constituye un primer acercamiento al problema en el país, y un aporte significativo para el análisis histórico y contextual de las redes de trata en Uruguay.
La trata de personas no sólo es una múltiple y profunda violación a los derechos humanos, también es un fenómeno dinámico capaz de adaptarse a los cambios globales, por ejemplo, a través del uso de las tecnologías y redes sociales para desarrollar nuevas formas de captación y explotación, algo que se instaló con fuerza durante la pandemia. Por eso, especialistas, activistas, instituciones y organizaciones de la sociedad civil insisten en la necesidad de profundizar y actualizar el conocimiento al respecto de forma casi permanente.
Precisamente, ese fue el objetivo central del informe Más invisibles. La trata y la pandemia, elaborado por Autonomías Colectivas contra la Violencia de Género, un proyecto que llevan adelante las asociaciones El Paso y El Abrojo, con la colaboración de la Organización Internacional para las Migraciones. El trabajo, presentado este martes en la Intendencia de Montevideo en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, brinda una actualización sobre la trata de mujeres en Uruguay a partir del análisis y sistematización de los datos registrados entre enero de 2018 y diciembre de 2022 por los servicios de atención a mujeres en situación de trata con fines de explotación sexual, gestionados por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y El Paso. Además, se realizaron 16 entrevistas en profundidad a especialistas de diversos ámbitos institucionales y organizaciones en territorio involucradas en la temática.
Principales datos
De acuerdo con los datos obtenidos, entre 2018 y 2022 los servicios atendieron a 300 mujeres mayores de 18 años de edad en todo el país por situaciones de trata con fines de explotación sexual y laboral. La politóloga y coordinadora del Observatorio contra la Violencia Basada en Género y Acceso a la Justicia de Autonomías Colectivas, Tamara Samudio, que estuvo a cargo de la presentación del informe, sostuvo que estos datos cuantitativos “nos aproximan al fenómeno”, pero no representan el “alcance real que puede tener en el territorio”. A eso, se suman las dificultades que tiene Uruguay para “sistematizar y producir datos estadísticos integrales, sobre la situación de trata de personas y sobre muchos ámbitos de la violencia basada en género”, sostuvo la coordinadora.
Al observar la cantidad de mujeres que recibieron asistencia cada año, en 2018 y 2019, se atendieron 73 y 82 mujeres, respectivamente, pero en 2020 el “servicio cayó a más de la mitad” y se atendió sólo a 37 mujeres y al año siguiente a 39. Este descenso se produjo por la afectación de los servicios producto de la pandemia por covid-19, explicó Samudio. “Es un fenómeno que es preocupante a nivel nacional, pero que también se ha dado a nivel global. Los distintos informes plantean que hay un descenso en la identificación [de las víctimas] debido no sólo a las restricciones en las movilidades, sino a las dificultades de las propias instituciones de llegar al territorio e identificar las situaciones allí presentes”, agregó.
En 2022 fueron 69 las mujeres asistidas en todo el país. Si bien Inmujeres informó el 31 de julio que durante ese año se atendió a 175 en situación de trata, de los cuales 51 eran nuevos casos, la diferencia con el estudio está en el corte de la información sistematizada; mientras que el organismo tomó los datos hasta mayo de 2022, el informe va hasta diciembre del mismo año.
La atención de las mujeres estuvo dividida en los cuatro servicios de los que dispone Inmujeres, localizados en Montevideo, Cerro Largo, Tacuarembó y Paysandú, aunque el trabajo de los equipos se lleva adelante en todos los departamentos del país. En el período considerado fueron atendidas situaciones en 13 departamentos del país: la gran mayoría (80%) recibió asistencia en Montevideo, el 10,2% en Melo, Cerro Largo, y el 4% en la ciudad de Paso de los Toros, en Tacuarembó.
Al analizar el perfil sociodemográfico de las víctimas atendidas, se observa que son en su mayoría mujeres jóvenes: siete de cada diez cuentan con menos de 35 años de edad al momento de ingresar al servicio de atención (77,1%, 229 casos) y el 33,3% tiene entre 18 y 24 años de edad. De todas formas, Samudio remarcó que hay “15% de mujeres que son mayores de 41 años de edad”. “Las mujeres adultas son explotadas también”, expresó.
Asimismo, la mayoría de estas mujeres son madres: el 69% tiene al menos una hija o hijo. De ellas, el 33% tiene una o uno solo, el 29,9% tiene dos y el 37% tiene tres o más. Sin embargo, el 63,8% de estas mujeres no tenía hijas o hijos a su cargo al iniciar la atención, mientras que el 36,2% tenía al menos una hija o hijo a cargo.
En relación con el nivel educativo de las mujeres, “el 58% de ellas tiene un nivel educativo medio alto, es decir, al menos han finalizado el ciclo básico de secundaria”, manifestó la politóloga. No obstante, apuntó que es importante observar las diferencias en el nivel educativo según las nacionalidades.
En ese sentido, señaló que “los niveles educativos cursados y aprobados por las mujeres extranjeras son altamente superiores a la situación y la realidad de las mujeres uruguayas”. A modo de ejemplo, mencionó que “mientras el 50,8% de las mujeres extranjeras han finalizado el nivel secundario de enseñanza, [en el caso de] las mujeres uruguayas, sólo el 9,6% ha podido finalizar”.
La nacionalidad de las víctimas
El informe destaca como una de las “modificaciones sustanciales” del fenómeno de la trata en Uruguay el “aumento de las mujeres víctimas extranjeras”, “aspecto que responde a la llegada de nuevos flujos migratorios al país provenientes de países latinoamericanos no tradicionales, como son República Dominicana, Venezuela, Cuba y Perú”.
Entre 2018 y 2022, los servicios de atención recibieron a 188 mujeres extranjeras y a 112 mujeres uruguayas. Esto implica que el 62,7% de las mujeres provienen de otros países. Samudio sostuvo que si bien esta diferencia se mantiene desde hace varios años, hubo un descenso en relación con el período entre 2012 y 2018, cuando el 79% de las mujeres atendidas eran extranjeras. Asimismo, sostuvo que si observamos los años de pandemia, “es cuando se reduce en mayor sentido el número de mujeres extranjeras que son ingresadas; y, de hecho, en 2021 hay un número mayor de ingresos de mujeres uruguayas que de mujeres extranjeras”. “Las restricciones conocidas en materia de movilidad juegan un factor muy importante en relación con esta caída de mujeres extranjeras atendidas por el servicio”, agregó.
Del estudio se desprende que casi la totalidad de las mujeres extranjeras que ingresaron al servicio son latinoamericanas y es muy puntual el ingreso de personas provenientes de otros continentes: “dos mujeres provenientes de África, una de Europa y otra de Siria”, apuntó Samudio. Las mujeres que vienen del Caribe representan el 85%: el 71,8% de República Dominicana y 17,6% de Cuba. Con relación a las nacionalidades de países sudamericanos, se destaca la atención de cinco venezolanas, cinco brasileñas y cuatro peruanas.
Del total de mujeres extranjeras atendidas, el 53,4% contaba con cédula uruguaya al momento de ingresar al servicio de atención. Este es un factor que “da cuenta de la extrema situación de vulnerabilidad en la que la mitad de ellas en términos, por ejemplo, registrales se encontraba en nuestro territorio”, sostuvo la coordinadora.
Tipo de trata según traslado y finalidad de la explotación
En el 58,2% de los casos se atendieron situaciones donde la trata se desarrolló fuera del país de origen, mientras que el 36,8% de ellas fueron víctimas de trata interna. El 4,7% de las mujeres fueron víctimas de trata mixta, esto es, que son trasladadas dentro del país para ser explotadas y luego movilizadas fuera de frontera con la misma finalidad. En el caso de las mujeres uruguayas atendidas por el servicio, “casi el 80%” fueron víctimas de trata interna y el “14,4%” fue víctima de trata internacional”, señaló Samudio.
En la amplia mayoría de los casos informados (92,7%) la finalidad de la trata es la explotación sexual; en el 87,4% de las situaciones ocurre de forma exclusiva, mientras que en el 5,3% la explotación se da en una modalidad combinada con trata laboral. Por otra parte, el 6,3% de las situaciones que se atendieron estuvieron vinculadas a la trata laboral y a un caso de matrimonio forzado, complementó la politóloga.
Según la finalidad de la explotación se observan “diferencias sustanciales” en las características de las mujeres, señaló Samudio. En el caso de las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual “son más jóvenes, tienen en promedio de 28,7 años de edad” y la “amplia mayoría de ellas, seis de cada diez, tiene entre 17 y 29 años de edad”. Además, la mayoría de las mujeres explotadas con esta finalidad son extranjeras (60,2% frente a 39,8% de uruguayas).
En cambio, para los casos de trata laboral, el promedio se eleva a los 47 años de edad (46,5% del total es mayor de 60 años al momento de ingresar al servicio) y “más de nueve de cada diez” son extranjeras, apuntó la coordinadora.
Rutas y lugares de explotación
“En relación con estos traslados o estas rutas que realizan las mujeres extranjeras hasta llegar al territorio uruguayo, se identifica que más de la tercera parte de estas mujeres transitó sólo por un país antes de llegar al destino, y más de la mitad de ellas tuvieron que trasladarse, por lo menos, por dos o tres países de tránsito y casi todos, o en casi la mayoría de los casos, son países sudamericanos”, manifestó Samudio. En esa línea, apuntó que la mayoría de las víctimas de trata llegan a Uruguay a través de países limítrofes y con frontera terrestre, en particular, Brasil y en segundo lugar Argentina.
Las rutas varían según la nacionalidad de las mujeres. “En el caso de las mujeres cubanas hay una ruta muy señalada y muy marcada que tiene que ver con el ingreso por Guyana a territorio sudamericano y a través de allí transitar a Brasil para ingresar en la frontera terrestre, generalmente en las zonas o en las ciudades de Rivera, en el norte del país, y del Chuy en la frontera hacia el este”, planteó la politóloga.
En tanto, en el caso de las mujeres de República Dominicana, el ingreso a Uruguay se realiza “mayoritariamente también desde Brasil, pero se identifican rutas diversas y algunas que implican, por ejemplo, el pasaje por varios países del pacífico, como puede ser Ecuador, Perú o Chile”.
En cuanto a los lugares de explotación, el 89,5% de las mujeres atendidas han sido explotadas en Uruguay. “Estos son aspectos que siguen consolidando la imagen de Uruguay como país de destino”, subrayó Samudio. La ciudad más mencionada como lugar de reclutamiento es Montevideo, seguido de Paysandú y Canelones. Otros países mencionados como puntos de destino fueron Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y México. Además, “el 2,5% de las situaciones señaladas tienen destino a Italia. Generalmente son mujeres uruguayas víctimas de trata internacional que son llevadas o trasladadas al país europeo”, comentó Samudio.
El estudio también abarca la situación de la persecución y sanción de la trata de personas en el ámbito penal. De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General de la Nación a las autoras del informe, entre 2018 y 2022 hubo un total de 16 denuncias formalizadas con el título “trata de personas”, la mayoría de ellas en Montevideo, y otras registradas en Maldonado, Rivera, Flores y Rocha, comentó Samudio. Entre estas denuncias, “hay 40 víctimas que están identificadas; todas ellas menores de 45 años de edad. La amplia mayoría son mujeres, aunque también se identifican seis varones”, manifestó.
El impacto de la pandemia
Uno de los objetivos principales de este informe fue analizar el impacto de la pandemia de covid-19 en el fenómeno de la trata. Al respecto, Samudio dijo que este acontecimiento “tiene que ver con las transformaciones o la profundización del problema”. “No sólo en las modificaciones en términos de las características, sino también del debilitamiento de las instituciones para poder detectar y perseguir penalmente este tipo de delitos”, expresó.
En particular, sobre el caso de Uruguay, la politóloga sostuvo que el “confinamiento debilitó y dificultó la detección de casos”. En ese sentido, señaló que si bien los servicios de atención y las instituciones públicas permanecieron abiertos y no pausaron el trabajo en territorio, “las restricciones en materia de movilidad sin duda afectaron la capacidad de detectar y, además, tuvimos cambios importantes en términos de la presencialidad en otras áreas de atención, como puede ser la salud, la educación, ámbitos que son centrales muchas veces para identificar situaciones vinculadas a la trata de personas”.
En relación con las mujeres víctimas de trata durante la pandemia, Samudio afirmó que “se profundizó” su situación de vulnerabilidad, se agudizaron las condiciones de pobreza y muchas mujeres se quedaron sin ingresos o “más limitadas” en el acceso a recursos económicos. Esto, a su vez, estuvo vinculado a un mayor sometimiento y mayor explotación. “La reducción de la movilidad fomentó la consolidación de otros espacios más oscuros, más discrecionales y clandestinos para desarrollar la explotación, de menor circulación y menor visibilidad. Se habla de apartamentos privados, el alquiler de casas o de espacios privados para llevar a cabo la explotación”, explicó.
El desarrollo de estas estrategias por parte de los explotadores generó una dificultad para la identificación y, por lo tanto, para la persecución de este delito y la protección de las víctimas, dijo la politóloga. A su vez, durante este período, se desarrollaron nuevas estrategias de captación y explotación, por ejemplo, a través del uso de celulares para estar en contacto permanente con las víctimas y ejercer un control constante sobre ellas.
“El aislamiento [producto de la pandemia] profundizó la situación de explotación de mujeres que quedaron mucho más limitadas para poder salir del lugar donde estaban siendo explotadas”, manifestó Samudio. Esta situación fue aun peor para las mujeres extranjeras, cuyas redes de contención o de apoyo suelen ser “más débiles o son menores y,en algunos casos, inexistentes”.