Este miércoles y jueves se llevará adelante en Montevideo la Cumbre de Protección Infantil: Infancias sin violencia en las Américas 2024, una iniciativa de la organización internacional Keeping Children Safe, que se realiza por primera vez en Uruguay. Durante dos días, autoridades y referentes nacionales e internacionales, organizaciones sociales e instituciones académicas se reunirán en la Institución Nacional de Derechos Humanos para intercambiar conocimientos, experiencias y desafíos, así como promover acuerdos para profundizar la protección de niñas, niños y adolescentes frente a situaciones de abuso, maltrato y explotación a nivel de políticas públicas y de organizaciones en la región.
Entre los temas que forman parte de la agenda está la presentación del informe regional sobre “escuelas sin violencia” y el abordaje de temas como el acceso a la Justicia de niñas, niños y adolescentes, el impacto de las situaciones de violencia en la salud y la protección infantil y juvenil en el deporte, entre otros.
Keeping Children Safe es una organización independiente sin fines de lucro, registrada en el Reino Unido, y que trabaja a nivel internacional por la protección de niñas, niños y adolescentes y para cumplir ese objetivo ha definido una serie de estándares internacionales. En diálogo con la diaria Sarah Blakemore, directora ejecutiva de la organización, profundizó la información sobre el trabajo que realizan, sus objetivos y estándares y su cooperación con organizaciones uruguayas.
¿Cómo y cuándo surge Keeping Children Safe?
Empezamos en el 2002, a raíz de una serie de escándalos por casos de abuso sexual infatil en África Occidental por miembros de las fuerzas de paz y personal de ayuda humanitaria. En respuesta a estos casos, un grupo de personas nos juntamos para crear unos estándares internacionales de protección infantil para que todas las organizaciones que trabajan con niñas, niños y adolescentes los protejan de abusos por parte de su personal o sus actividades.
¿Y cuáles son esos estándares?
Hay cuatro estándares. El primero refiere a la política de protección infantil organizacional, es decir establecer las estrategias de acción. El segundo es sobre las personas en la organización, establecer sus roles y responsabilidades. El tercero apunta al establecimiento de procedimientos para el cumplimiento de la política y el último se refiere a rendición de cuentas de lo actuado por la organización.
¿De qué hablamos concretamente cuando nos referimos a política organizacional? ¿Sólo se refiere a normas dentro de organizaciones o también involucra al Estado?
El primer estándar dice que las organizaciones deberían tener sus políticas, es decir, que tengan los compromisos de cómo van a proteger a niñas y niños, cuáles son los procedimientos que van a tener dentro de la organización, cuáles van a ser las formas para denunciar, para reportar y tratar estos temas. Y eso tiene que estar a nivel de las organizaciones. Pero a su vez, necesitamos leyes a nivel nacional que obliguen a que las organizaciones tengan estas políticas, que después van a ser internas a cada una de las organizaciones, pero, por ejemplo, necesitamos una ley nacional que establezca que las escuelas necesitan tener políticas de protección organizacional o los centros de salud. La protección infantil organizacional es responsabilidad de todos.
¿Cómo trabaja la organización con los distintos países?
Trabajamos en articulación con organizaciones de todo tipo: ONG, escuelas, entre otras, para ayudarlos sobre cómo crear un marco de protección para niñas, niños y adolescentes.
¿Cómo ha evolucionado y crecido Keeping Children Safe?
Originalmente fue un grupo de ONG que integraban, por ejemplo, Oxfam, Save the Children y otras que nos juntamos para trabajar en esta problemática y empezamos a aplicar nuestros programas en otros países para extender los márgenes de acción. Keeping Children Safe es una organización completamente independiente y trabajamos con más de 180 países. Si bien ahora está registrada como una organización independiente, hace mucho tiempo que trabajamos en este rol independiente de ayuda y también de mantener estos estándares y tener un marco de certificación.
Y en Uruguay, ¿con qué organizaciones y en qué aspectos han trabajado?
Trabajamos con el Ministerio de Defensa para crear una política de protección infantil organizacional para todas las misiones de paz, que es la primera política organizacional para misiones de paz del mundo. Ahora queremos hacer una cooperación con escuelas y organizaciones sociales que trabajan con niñas, niños y adolescentes y el gobierno. Todo esto tanto en Uruguay como en el resto de países de América del Sur.
Sarah Blakemore.
Foto: Ernesto Ryan
También hemos cooperado con Aldeas Infantiles, la embajada británica, trabajamos con el club de fútbol Montevideo City Torque, el centro educativo Fe y Alegría, la organización Save the Children. Hay muchas organizaciones con las que hemos trabajado.
“Es importante que cada organización tenga sus políticas, sus mecanismos y sus adaptaciones”
¿En qué tiene que mejorar Uruguay en materia de protección infantil organizacional?
Uruguay necesita una ley sobre protección infantil que abarque a todas las organizaciones y las obligue a tener sus políticas de protección infantil organizacional.
En los últimos años en Uruguay hubo un aumento de casos de violencia vicaria. La semana pasada un niño de cuatro años y una niña de seis fueron asesinados por su padre, y en un caso de violencia doméstica, un bebé de 15 meses fue asesinado por su madre y padrastro. ¿Trabajan sobre estos temas? ¿Asesoran a las organizaciones en cómo abordar estas temáticas?
Nuestro enfoque está en las organizaciones, en la Policía, organismos involucrados y escuelas. Tratamos de ayudar a organizaciones que están en contacto con niñas, niños y adolescentes que quizás están en condiciones de altos niveles de vulnerabilidad. Aportamos, por ejemplo, en la mejora de los sistemas que atienden esas situaciones, en la forma de recibir las denuncias, en cómo coordinar los sistemas para dar atención a todos los niños en general, y sobre todo, cuando hay situaciones o factores que aumentan niveles de vulnerabilidad.
Desde el enfoque organizacional, pensamos en todas las organizaciones que forman parte del sistema de protección y en que cada una tenga sus propias políticas de protección infantil organizacional para asegurarse que la respuesta siempre es adecuada.
Un tema que ha estado presente en el debate público e incluso fue motivo de discusión en la campaña electoral que transita Uruguay son los casos de niños heridos o asesinados en el marco de situaciones vinculadas al narcotráfico. ¿Ustedes han trabajado en este tema estableciendo alguna línea de trabajo en organismos vinculados?
No, específicamente no. Solamente en el sistema de protección, cómo proteger a niñas y niños en contacto con el sistema de justicia. No específicamente con situaciones de violencia vinculadas al narcotráfico.
¿Cómo está la región en materia de política organizacional de protección infantil en comparación con otras?
Las Américas tienen muchos países con situaciones diferentes. No es lo mismo en Uruguay que en México. Pero en América Sur no hay ningún país con una ley sobre protección infantil organizacional en las escuelas.
En las escuelas o centros de salud, por ejemplo, ¿cómo se aplicaría una política organizacional?
A través de la implementación de nuestros estándares: tener una política de protección que explique cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a capacitar a las personas para que puedan cumplir estos roles, para que puedan apoyar de la mejor manera y que sepan qué tipo de comportamiento también se espera de ellos, cuáles serían cosas apropiadas y cuáles son inapropiadas. Eso se traspola a todos los diferentes escenarios, en la educación con las maestras, en la salud con médicos y enfermeros, en los deportes con los entrenadores. Pero también la política se aplica no sólo en la formación del personal, sino también desde la óptica de las actividades y de los programas. Es decir, cuando pensamos actividades o cuando pensamos programas, estamos considerando también los riesgos, el impacto de esas actividades y programas y cómo se van a llevar a cabo tratando de minimizar esas posibles situaciones de vulneración de derechos.
En ese sentido, es muy importante la contextualización al país, a la normativa de los países, pero a su vez al contexto particular donde está ese centro educativo o ese centro de salud para entender cuál es el entorno, cuáles son los factores que influyen, cuál es la comunidad con la que se está trabajando. Por eso es bien importante que cada organización tenga sus políticas, sus mecanismos y sus adaptaciones para asegurar que el plan que se lleve adelante realmente funcione.
En los países en los que sí hay una ley de protección infantil organizacional, ¿cómo funciona?
Lo que hace la ley es obligar a todas las organizaciones como escuelas, hospitales y todos a tener una política de protección infantil organizacional, también implica la obligación de denunciar. En cada organización debe haber personas que se encarguen de reportar en caso de que se conozca o se detecte una situación de violencia, maltrato o vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes y se apliquen responsabilidades y consecuencias correspondientes.
Además de intercambiar experiencias y desafíos, ¿cuál es el objetivo de esta cumbre en Uruguay?, ¿está sobre la mesa la intención de impulsar una ley?
Sí, trabajamos por una ley en Uruguay y en el resto de países de América del Sur, y trabajamos con socios para implementar protección e impartir capacitación aquí y en otros países.