Después de 40 años de perpetrados los crímenes, la Corte Superior Nacional de Perú condenó a diez exmilitares acusados por las violaciones a nueve mujeres campesinas en las localidades de Manta y Vilca, en el departamento de Huancavelica, entre 1984 y 1995. La sentencia, que es la primera en condenar violencias sexuales durante un conflicto armado en América del Sur, también declaró los delitos juzgados como crímenes de lesa humanidad. En el momento de los hechos, las víctimas eran adolescentes de entre 13 y 18 años.

“Se condena a los acusados por los delitos contra la libertad y el honor sexual, considerados de lesa humanidad”, aseguró el juez René Eduardo Martínez, presidente de la Corte Superior Nacional, al leer el fallo contra los exmilitares, que no estuvieron presentes en la audiencia. “No es legítimo que se utilicen estrategias de violencia sexual como método de intimidación”, agregó el magistrado.

Siete de los acusados fueron condenados a diez años de cárcel y los otros tres a penas de 12, ocho y seis años de prisión. Además, el tribunal les impuso el pago de una reparación civil de 100.000 soles (poco más de 26.000 dólares) para cada una de las denunciantes.

Si bien este proceso se realizó a raíz de las denuncias de nueve mujeres –una de ellas ya fallecida–, se estima que fueron decenas las víctimas de violaciones durante el conflicto armado que enfrentó al Ejército y al grupo Sendero Luminoso, y que se extendió en Perú desde 1980 hasta el año 2000. “Sólo nueve mujeres denunciaron [...], pero fueron centenares porque los abusos fueron masivos. Hubo una proliferación de nacimientos en esas fechas, los nombres con los que se registraba a los nacidos eran apelativos de los militares, como se les conocía o se llamaban entre ellos”, aseguró a Efe Cynthia Silva, abogada de las víctimas y directora de la organización Demus, que acompañó el proceso.

Las situaciones de violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes campesinas fueron expuestas en 2003 por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que recogió 35 denuncias por hechos que ocurrieron entre 1984 y 1995. Sin embargo, la comisión aseguró que durante las dos décadas de conflicto armado hubo cientos de violaciones, esclavitud sexual, explotación sexual, así como uniones, embarazos y abortos forzados. De hecho, en mayo de este año, el Registro Único de Víctimas del conflicto ubicaba en 5.882 los casos de violaciones durante ese período, según consignó la agencia AFP. La mayoría de las agresiones fueron cometidas por el Ejército y la Policía. Huancavelica fue una de las cinco regiones donde se registraron más casos.

La sentencia histórica se dio a conocer el 19 de junio, cinco años después de iniciado el juicio y, casualmente o no, en la fecha en que se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos.