La lucha de la comunidad LGBTI+ se renueva para que “los derechos sean hechos” en otra Marcha por la Diversidad en Montevideo

Uruguay se ganó la reputación de ser un país pionero en materia de derechos humanos y en los últimos tres lustros demostró con distintas leyes el compromiso específico que tiene con los derechos de la población LGBTI+. Sin embargo, la implementación de algunas de esas normas todavía está lejos de ser total -porque no se les asigna presupuesto, porque no se jerarquizan, porque no hay voluntad política, entre otros motivos-. A esto se suman otras señales del sistema político, como discursos o propuestas que aparecen tímidamente (como ecos de una arremetida ultraconservadora global) para recordarnos que estas conquistas no siempre son permanentes ni intocables, y tampoco irreversibles.

La Coordinadora de la Marcha por la Diversidad lo tiene claro y, sobre todo en los últimos años, ha enmarcado esta movilización emblemática en la defensa de lo ganado. Este año no es la excepción. Por eso, la marcha en Montevideo, que está convocada para este viernes a partir de las 18.30 desde la plaza Libertad a la plaza 1º de Mayo, recorrerá las avenidas Rondeau y Libertador bajo la consigna “Hasta que los derechos sean hechos”.

La frase busca visibilizar que Uruguay cuenta hoy con un “marco normativo de avanzada”, que hace que sea “un país mucho más libre” que hace un tiempo, pero que, “a la hora de cumplir esas leyes, hay muchas falencias”, explicó a la diaria Daniela Buquet, integrante del colectivo Ovejas Negras y vocera de la Coordinadora de la Marcha. “Las leyes por sí solas no funcionan; es necesario que detrás de ellas haya voluntad política para hacerlas cumplir y presupuesto que las acompañe”, enfatizó.

Para las organizaciones que integran la coordinadora, estas conquistas hoy “se encuentran en constante riesgo”, según aseguran en un comunicado difundido esta semana. “Las leyes que defendimos, discutimos y militamos hasta que fueron aprobadas por el Parlamento nacional no se cumplen”, agregan, y apuntan contra una “pantomima estatal”, en la que, si bien “no se elimina el marco normativo”, tampoco se “asigna presupuesto para que funcione efectivamente o se le hace el vacío en todos los sectores posibles”.

Uno de los ejemplos que mencionan los colectivos es la Ley Integral para Personas Trans, aprobada en 2018, que, según afirman, “es rechazada una y otra vez por profesionales de la salud que se rehúsan a brindarnos una atención integral, a la vez que el Estado no garantiza el acceso a las prestaciones obligatorias”. Tampoco se cumplen las acciones afirmativas para el acceso al trabajo o a la educación, “reproduciendo los mismos esquemas de exclusión que siempre denunciamos”.

La quincena de organizaciones denuncia, además, que “la violencia continúa siendo moneda corriente en las calles, en las instituciones y en discursos de odio que se hacen cada vez más potentes, avalados y promovidos por nuestros propios legisladores”. “¿Cómo es posible vivir cuando el odio proviene de quienes se supone que nos representan? ¿A quién le vamos a pedir ayuda si quienes deberían cuidarnos son quienes nos persiguen?”, cuestionan en esa línea.

Al mismo tiempo, denuncian “la persecución de la protesta, el recorte de derechos, el desarme de la protección social y el vaciamiento de las políticas sociales”. “La omisión por parte del Estado también es una política pública. Es hacer morir todo lo que nuestra sociedad ha construido y logrado, todo lo que hemos avanzado en reconocimiento y acceso a derechos. Es hacer vivir los privilegios, cuidar a los de siempre y que sigan acumulando los de siempre”, agrega el texto.

“Hay un montón de cosas que están en el papel escritas muy lindas, pero que en la práctica no funcionan”, resumió Buquet, y dijo que el llamado a garantizar los derechos de la población LGBTI+ no está sólo dirigido al Estado, sino que también tiene que involucrar a la sociedad: “Hemos avanzado en muchas cosas y nos relacionamos de otra manera, pero la violencia continúa y se resiste, por lo que es necesario mirar a nuestro alrededor, abrir un poco más los ojos sobre los privilegios que tenemos, y reconocer efectivamente que hay un otre que todavía está siendo muy vulnerado en sus derechos”.

Un gobierno que “no ha tomado estas causas como bandera”

La Marcha por la Diversidad de este viernes es la última que se celebrará durante el gobierno de coalición que lidera el presidente Luis Lacalle Pou. “Durante este gobierno no se han retirado leyes, algo que es positivo, pero se ha hecho muy poco y no se han tomado estas causas como bandera importante”, evaluó Buquet. La vocera dijo que “las políticas sociales en general se fueron desmantelando” y eso tiene “repercusión en la comunidad LGBTI+”.

Respecto de la ley trans, en concreto, resaltó el trabajo de la comisión especial que se encarga de asignar las pensiones reparatorias para las personas trans nacidas antes del 31 de diciembre de 1975 que hayan sido víctimas de violencia institucional y/o privadas de libertad debido a su identidad de género, que dijo que “siguió funcionando muy bien”.

Sin embargo, aseguró que “lo demás no termina de cumplirse”. En ese paquete incluyó particularmente el cupo laboral trans -que sigue sin llegar al 1% establecido por la ley para los llamados públicos-, las políticas vinculadas a la educación y las de acceso a la vivienda.

Por otra parte, dijo que el Consejo Nacional de Diversidad Sexual, que preside el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), “está funcionando de forma muy compleja, lo sostienen las organizaciones sociales honorariamente, pero los representantes del Estado que están obligados por la ley a ir no asisten”, por lo que “las denuncias y los reclamos no llegan nunca a ningún lado”, no se pueden pensar “políticas públicas concretas” y, en ese sentido, “hay un vaciamiento importante”.

La representante de la coordinadora dijo que el censo de 2023 fue un reflejo de esta situación compleja, porque si bien “por primera vez se iba a censar a la población trans preguntando la identidad de género de las personas”, se decidió que esa pregunta sólo se plantee a las personas adultas, con lo que “se invisibiliza la existencia de las infancias y adolescencias trans”. “Esto es un problema concreto, material, porque si el Estado no tiene números de cómo es su población, cuáles son sus características y cuáles son las dificultades que la atraviesan, no puede pensar políticas públicas concretas”, puntualizó.

Consultada sobre si las organizaciones consideran que efectivamente hubo un retroceso de derechos como se temía cuando recién asumió este gobierno de derecha, Buquet respondió: “Yo creo que sí; tiene que ver con esto del vaciamiento de la política social y de no entender que hay que hacer cosas mucho más concretas que tener lindos discursos a favor de los derechos humanos”. Para la militante, “a nivel de política pública no se ha hecho nada relevante” y, en definitiva, no se logró “avanzar o concretar efectivamente los derechos que ya están puestos en la ley”.

Al mismo tiempo, habló de algunas situaciones que “sí se complicaron un poco más” en estos últimos años, como el ingreso de los colectivos a las instituciones educativas para brindar talleres sobre diversidad sexual. “Los colectivos de la diversidad siempre habíamos logrado tener buena relación con la educación pública, ya sea secundaria o primaria, donde docentes, centros de estudiantes y direcciones nos invitaban a dar talleres o a conversar con los gurises, y no hemos logrado entrar a ninguna de las instituciones, porque cada vez que nos invitan empiezan a exigir un montón de trabas burocráticas [...] que hacen que el taller nunca suceda”, afirmó, y dijo que esto ha sucedido “en todo el país”. Lo atribuyó a “una intención de que el movimiento social no entre en la educación”, algo que, a su entender, “sería fundamental” porque “hace a la construcción de la democracia”.

La formación del funcionariado público en temas de diversidad es “otra cosa que se venía llevando adelante y que se cortó casi por completo”, señaló Buquet, y remarcó que, con la excepción de los espacios que impulsa la Universidad de la República, “fue casi imposible el trabajo efectivo con el Estado” en esta materia.

Los colectivos también identificaron barreras en el sistema de salud, donde uno de los principales desafíos sigue siendo la descentralización, porque la atención a estas poblaciones “sigue estando muy concentrada en Montevideo”, entonces pasa, por ejemplo, “que las personas trans que quieren llegar a tratamientos tienen que trasladarse a la capital y ni siquiera, porque hay una lista de espera impresionante para acceder a las cirugías de reasignación”. Buquet dijo que “no se sabe por qué estas cosas no avanzan”, entre otras cosas, porque el Ministerio de Salud Pública “no da respuestas”.

Los deberes para el próximo gobierno

¿Cuáles son las prioridades que debería atender el gobierno que asuma el 1º de marzo de 2025 en materia de derechos LGBTI+? Para la activista, lo primero es promover más instancias de “formación y sensibilización en diversidad y género” a profesionales que trabajan en ámbitos como la salud, la educación y la Justicia.

Por otro lado, dijo que es necesario generar políticas específicas para revertir la “desconexión” que existe “en cómo se piensa la política sobre el acceso al trabajo”, porque hay “llamados públicos que son muy interesantes y que están muy buenos, pero que contemplan una franja etaria corta, entonces hacen que la población mayor de 40 años quede completamente excluida”. En ese sentido, señaló que “lo único que se hace por parte del Estado y por parte de la intendencia [de Montevideo]” son cursos muy específicos que vuelven a marginar a la población a trabajos de muy bajos ingresos, entonces no está pensada la política pública educativa que permita después terminar en una política de trabajo real que transforme la realidad material de las personas”.

Hay otras “cuestiones simbólicas” que, según Buquet, es crucial empezar a poner arriba de la mesa. Una de ellas tiene que ver con el reclamo de las madres lesbianas para que puedan registrar a sus hijas e hijos con los apellidos de las dos progenitoras sin la obligación de estar casadas, un requisito actual que calificó de “arbitrario”, ya que a las parejas heterosexuales no se les exige. En una línea parecida, y con base en su propia experiencia personal, contó que ella se casó hace dos años y en la libreta de matrimonio que emite el Registro Civil la pareja figura como “don” y “doña”. “Es un papel impreso, cambiarlo no cuesta absolutamente nada, y sí tiene que ver con una decisión política de no pensar concretamente en estas cuestiones”, consideró. En esa línea, hizo un llamado a revisar “cómo denominamos a los sujetos a los cuales les damos derechos para no excluirlos, porque si no el Estado vuelve a ejercer violencia simbólica negándonos la identidad”.