El número de personas trans que ingresaron a trabajar a dependencias del Estado en 2023 es bajo: cinco mujeres trans y seis varones trans, 11 en total, según se desprende del informe anual de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), que se encarga de medir cuántas personas entran al Estado cada año y hacer el seguimiento de las cuotas a cumplir, que contemplan a personas trans, afrodescendientes y en situación de discapacidad.
Este número significa que en 2023 sólo hubo una representación de 0,06% de personas trans en la administración pública, lejos del 1% del cupo laboral que establece la Ley Integral para Personas Trans, aprobada en 2018 y reglamentada en 2019.
El artículo 12 de la ley dispone que “el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y las personas de derecho público no estatal deben destinar el 1% de los puestos de trabajo a ser llenados en el año con personas trans que cumplan con los requisitos normativos para acceder a los mismos”.
Lo sucedido el año pasado no es nuevo. Desde que se reglamentó la ley hasta ahora, sólo 50 personas accedieron al cupo laboral trans en el Estado. En 2019, lo hicieron siete (0,03%), fueron tres en 2020 (0,016%), nueve en 2021 (0,036%), 20 en 2022 (0,08%) –el número más alto– y 11 en 2023 (0,06%). En ninguno de estos años se llegó al 1% establecido por ley.
“Obviamente, estamos muy mal en eso, no lo vamos a discutir, y no estamos con el cumplimiento”, reconoció en diálogo con la diaria Rosa Méndez, directora de Promoción Sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Este año la cartera -que preside el Consejo Nacional de Diversidad Sexual- hizo una rendición de cuentas de la gestión 2020-2024 y, según afirmó la jerarca, con base en el informe, “por la cantidad de llamados que hubo, tendrían que haber ingresado 900 personas” en el período; entraron sólo 42: 18 varones trans y 24 mujeres trans.
Por su lado, Rodrigo Falcón, presidente fundador del colectivo Trans Boys Uruguay (TBU) e integrante del Consejo Nacional de Diversidad Sexual en representación de la sociedad civil, señaló en conversación con la diaria que los ingresos “son totalmente insuficientes”. “Por algo estamos en el momento que estamos y todavía nuestra población no accede formalmente al empleo”, señaló.
Apuntó que no sólo tienen que esperar a que haya un cupo trans y se cumpla en el ámbito estatal, sino que también debería suceder lo mismo con las empresas privadas: “Hay que buscar algo atractivo que realmente llame la atención a las empresas para poder contratar a nuestra población”, afirmó.
“Considero que estamos como en 2017, cuando estábamos recién presentando la ley, pidiendo acceder a los derechos básicos que tendríamos que tener y que se nos vienen negando”, consideró Falcón, y agregó que la norma está, “pero queda ahí en el papel”.
Mides lanzará guía para controlar llamados que no contemplen el cupo trans
Los únicos cuatro organismos que para 2023 cumplieron con la cuota del 1% fueron el Ministerio de Salud Pública, el Banco Central del Uruguay, el Instituto Nacional de Colonización y la Junta Departamental de Salto. Los que tuvieron ingresos de personas trans, pero no alcanzaron la cuota fueron el Ministerio de Economía y Finanzas, la Administración Nacional de Educación Pública, la administración de OSE y la Intendencia de Montevideo.
A la fecha, en el portal de Uruguay Concursa hay un total de cuatro llamados que tienen en cuenta el cupo laboral trans: tres en el Ministerio del Interior (MI) y uno en el Poder Judicial. De los tres que hay en el MI, uno es para la Jefatura de Policía de Montevideo como “agente ejecutivo”, con una tarea operativa de servicio con supervisión; otro es en la Dirección Nacional de Migración como “administrativo/a zafral” y el tercero es en la Dirección Nacional de Bomberos como “bombero zafral”, con tareas operativas de servicio. El llamado del Poder Judicial busca a “un/a arquitecto/a para tareas técnicas”.
La ley trans no impone sanciones para las dependencias del Estado que no cumplan con el cupo. Por su parte, Falcón considera que sí debería haberlas para quienes estén fuera de regla. “Tiene que haber más que lindas palabras, tiene que haber un poco más que eso y tiene que tocarse a veces el bolsillo”, consideró.
De acuerdo con Méndez, desde el Mides están trabajando con la ONSC “hace un buen tiempo en varias cuestiones” y una de ellas son las capacitaciones en los tribunales de justicia. La jerarca explicó que esto es necesario, ya que quienes los integran “tienen que saber el alcance de la normativa, la sensibilidad hacia una población específica y por supuesto la experticia ante estas situaciones”.
A su vez, tal como anunció el Mides en el lanzamiento del Mes de la Diversidad, la cartera dará a conocer una guía para la aplicación de la cuota laboral trans, que funcionará como una “herramienta práctica y de orientación para todas las áreas de gestión humana de la administración pública”, de acuerdo con la rendición de cuentas.
Méndez explicó que todos los años, en diciembre, los organismos del Estado tienen que enviar la planilla con la cantidad de personas que necesitan contratar para el año siguiente. Eso se envía a la ONSC, que se encarga de revisar que se cumpla con los cupos correspondientes.
“Muchos cumplieron, obviamente; otros no”, señaló la jerarca, ya que algunos organismos no agregaban los cupos. Por lo tanto, la guía pretende desempeñar un rol de monitoreo a aquellas dependencias que no cumplan. De esa forma, si hay un llamado que no contempla el cupo y la ONSC da cuenta de esto, devuelve el llamado y, “hasta que ese organismo no ponga allí la cuota, no va a estar publicado”.
A su vez, la guía refiere no sólo a que se cumpla con el 1%, sino también a cómo se cumple. Puede suceder que un organismo haga un llamado, pero el porcentaje no dé para dividir entre el 1% requerido. Por ende, Méndez explicó que “si se hacen tres llamados anuales y ninguno puso el cupo, [el organismo] tiene que hacer un llamado específico sólo de personas trans”.
Rosa Méndez.
Foto: Mara Quintero
Falcón entiende que, “más que un tirón de oreja, tiene que haber también un pago de multa”, algo que “realmente afecte” a quienes no cumplan. A su vez, lamentó la “falta de compromiso” y que “no haya un seguimiento” de que se cumpla con los cupos laborales establecidos por ley. “Nuestra población sigue esperando”, expresó.
¿Por qué no se cumplió con el cupo?
Consultada específicamente sobre por qué no se logró cumplir con la cuota en el período, Méndez fundamentó que “se debe a varias razones”. En primer lugar, “falta más capacitación” en el funcionariado público que toma las decisiones. “Cada vez que hacemos alguna capacitación no queremos solamente que venga el técnico o la técnica que se encarga de llenar los formularios de las solicitudes, sino también los decisores de la política pública, porque en realidad es ahí donde está la toma de decisión sobre un llamado que se coloca”, apuntó.
Por otro lado, Méndez destacó que “muchas veces los perfiles de lo que se solicita en el llamado no están dentro de lo que puede cubrir la población trans en términos de formación y de los niveles académicos que se exigen” y que, por lo general, esta población, y en especial las mujeres trans, no tienen.
Falcón recordó un llamado que se hizo el año pasado para cubrir un cargo de “ingeniero/a agrónomo/a” que tenía el cupo trans y quedó vacante. “Claramente, no había personas trans, y no creo que haya personas trans [que sean] ingenieras agrónomas”, consideró. Este llamado implicó una dificultad para otro que hubo en la misma dependencia, en el que se ofrecía un cargo administrativo, pero no tenía el cupo porque “ya se había usado en el de ingeniero agrónomo”, indicó el integrante de TBU.
El activista observó que “la capacitación viene de la mano del trabajo” y que, si “uno no tiene la posibilidad de sustentarse, no va a estar muy afín de poder estudiar; hay que primero avanzar con lo que tiene la fuente laboral, y después se ven los estudios”.
Sobre este punto, la rendición de cuentas presentada por el Mides muestra que durante este período 424 personas trans se capacitaron en cursos del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, entre ellas, 230 mujeres y 194 varones. A su vez, participaron 40 mujeres trans en el Programa de Desarrollo y Fortalecimiento de Competencias Transversales para Personas Trans.
El otro tema al que se refirió Méndez es el de la edad, ya que hay llamados “que son muy limitantes” en este aspecto y “restringen de alguna manera que llegue a más personas”. Falcón subrayó que “la población mayor es la que corre con menor suerte”, porque en los llamados “siempre se está pidiendo mínimamente terminado el bachillerato y claramente esta población no lo tiene”, e incluso “podés tener mucha población de arriba de los 30 que no tiene culminado ni siquiera el ciclo básico”.
“Las nuevas generaciones tienen esta posibilidad de continuar sus estudios y eso hace que estén más capacitadas para poder ingresar a los cupos laborales”. Por el contrario, a las personas más grandes el sistema educativo “se ha encargado de expulsarlas y expulsarlos”, afirmó.
“Cuando hablamos con referentes de educación nos dicen: ‘Nosotros no echamos a nadie por su identidad de género u orientación sexual’, [pero] claramente no es que el director del liceo o los profesores los echan de los lugares”, sino que “es el grado de discriminación que tienen que soportar dentro de los centros de estudio”. “Ya es bastante complicada la vida de cada uno de nosotros como para todavía seguir la educación en un lugar que debería ser muy seguro, pero es muy hostil”, matizó.
El activista aseguró que “no se está pidiendo que se pasen por alto los requerimientos, sino que haya llamados en que los requerimientos sean más bajos”. Puso de ejemplo trabajos como auxiliar de servicio o de administración que “a veces piden ciclo básico”. Para él, debería haber “más llamados de ese tipo, incluso con primaria culminada”.
“El compromiso tiene que venir de más arriba” y ser “real”
Para Méndez, con el objetivo de cumplir la ley, es “fundamental” continuar con lo que “ya está”, porque “ya están las bases”, y eso incluye “una línea específica de formación para el empleo y de atención a las trayectorias educativas que lo tiene el Mides”. “Tenemos que asegurarnos que se continúe con estas políticas, porque no hay soluciones mágicas”, valoró.
Por lo tanto, para la directora, hay que atender el “acceso a las oportunidades” y “la garantía de derechos a todas las personas”. A la vez, abogó por “continuar con esta línea de protección y promoción de las trayectorias educativas de las personas trans” y con “políticas que estén relacionadas, que son socioeducativas laborales para continuar en el mercado laboral formal”.
En tanto, Falcón dijo que es “el Estado el que tiene que moverse” y que “no hay un compromiso real para que la ley se cumpla de punta a punta”. “Sería demasiado duro con Rosa [Méndez] decir que recae solamente sobre ella [la responsabilidad]; por arriba de ella hay un ministro y por arriba del ministro hay un presidente”, apreció.
Asimismo, comentó que, como parte del Consejo Nacional de Diversidad, si bien las sesiones son “bárbaras” y tienen “buena escucha”, “no pasa de eso, del tomar nota, y luego no pasa nada”. Aseguró que “está bueno el espacio” porque es de intercambio, pero no ve que “haya resultados positivos ni rápidos”.
“Cuando este gobierno asumió, parte de lo que decían en sus discursos era que no iban a tocar ninguna de las leyes y claramente no tocaron ninguna, pero todos sabemos que la falta de presupuesto es tocar las leyes y que, si no se les pone una mirada económica también a las leyes, no se llevan a cabo”, concluyó.