“Ni chauchas, ni palitos: presupuesto”. Bajo ese título, una veintena de colectivos y referentes feministas pusieron la firma en un comunicado en el que expresan su “gran preocupación” por los “reducidos recursos que la propuesta presupuestal presentada por el gobierno pone en juego para reducir las brechas de desigualdad de género que persisten en nuestra sociedad”.
El texto –difundido este jueves, el mismo día en que empezó a votarse el proyecto de presupuesto en la Cámara de Representantes–, plantea que “la evidencia muestra que las políticas de género no son un gasto, sino una inversión social y económica que sostiene la reproducción de la vida, el bienestar y la democracia”. En ese sentido, asegura que “las políticas de igualdad son un tema de justicia social, de derechos humanos, pero también una definición estratégica para generar una economía más igualitaria y dinámica”. Agrega que “el desarrollo integral sólo será posible desde una perspectiva interseccional que tome en cuenta las dimensiones estructurales de la desigualdad que se potencia en articulación con las esferas económicas, culturales y políticas”.
Las firmantes ponen el foco en tres cuestiones en particular: cuidados, violencia de género e institucionalidad de género. “¿Qué pasó con ‘saber cumplir’ el compromiso con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados [SNIC]?”, se preguntan, haciendo referencia a uno de los eslóganes de la campaña del Frente Amplio de cara a las elecciones nacionales, que prometía “Sabremos cumplir”. “Invertir en el empoderamiento de las mujeres es propiciar el cuidado de la vida y promover la corresponsabilidad sobre los cuidados, es reducir la pobreza infantil (política prioritaria para este gobierno), ya que según lo informa Unicef el 34% de las niñas, niños y adolescentes pobres viven en hogares monoparentales y en el 87% de estos las jefas de hogar son mujeres”, acotan. Por eso, en esta materia, piden “garantizar el derecho al cuidado mediante el SNIC e implementar el Plan Nacional de Cuidados con una asignación suficiente de recursos”.
Por otra parte, aseguran que el presupuesto para la “lucha contra la violencia de género” no es “suficiente”, por lo que “deberemos seguir esperando a que la Ley 19.580 sea implementada integralmente”. El pedido en este caso es el de más recursos para justamente implementar la ley de violencia de género de manera integral y “garantizar el rediseño del sistema actual de acceso a la Justicia, que no responde a las necesidades de las mujeres que sufren violencia o mueren sin respuestas”.
La tercera solicitud que plantean los colectivos y referentes tiene que ver con más presupuesto destinado a “fortalecer la institucionalidad de género para dotarla de las capacidades y posibilidades para la toma decisiones autónomas en la gestión y en la administración de los recursos que garanticen la transversalidad de las políticas”.
“El presupuesto debe reflejar el compromiso del gobierno con la igualdad de género. Una perspectiva feminista en el diseño presupuestal no es un ‘anexo’, sino el corazón de un modelo de desarrollo que coloca la vida –y no la ganancia– en el centro de las decisiones públicas”, aseguran, y agregan que “cada peso invertido en cuidados, salud sexual y reproductiva, vivienda, justicia y educación para las mujeres se traduce en más autonomía, menos pobreza y mayor cohesión social”. “¿Qué podemos esperar de un gobierno que en el punto 4 de las bases programáticas se compromete con ‘un país que asume la perspectiva interseccional de género como transversal e integradora’? Que sepa cumplir”, afirman, antes de finalizar: “Sin igualdad presupuestal, no hay justicia social posible. Sin recursos, los derechos son letra muerta”.
Los 13 colectivos y organizaciones que firman el documento son Casa Abierta, Cátedra de Género y Generaciones de la Uclaeh, Ciedur, Colectivo La Pitanga, Colectiva Mujeres, Cotidiano Mujer, El Paso, Iniciativas Sanitarias, Instituto Mujer y Sociedad, Mujeres con Historias, PLAI, Proyecto Ikove y la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad del PIT-CNT. En tanto, la lista de 17 referentes feministas del activismo, la política y la academia incluye a Alicia Esquivel, Andrea Carriquiry, Beatriz Ramírez, Elena Zaffaroni, Fernanda Olivar, Graciela Sapriza, Karina Núñez, Mariana González Guyer, María Goñi, Mariella Mazzotti, Margarita Percovich, Mercedes Altuna, Mercedes Oyhantcabal, Natalia Magnone, Silvana Pissano, Susana Rostagnol y Teresa Herrera.
El grupo de firmantes envió el documento a la vicepresidenta de la República y presidenta de la Asamblea Nacional, Carolina Cosse, a la Secretaría de Presidencia y a los coordinadores de bancada, a la vez que se puso “a disposición para dialogar” al respecto, confirmó a la diaria Cristina Prego, directora de El Paso.
¿Qué propone el Presupuesto?
En materia de violencia de género, la propuesta presupuestal que se está votando establece recursos para crear sólo dos juzgados especializados en violencia de género en el interior del país, para lo que asigna una partida anual de un poco más de 78 millones de pesos a partir de 2027. En el proyecto original que la Suprema Corte de Justicia elevó al Poder Ejecutivo, pedía la creación de 24 juzgados especializados (seis en Montevideo y 18 en el interior). Los dos juzgados que se proponen ahora se sumarían a los primeros tres instalados durante la administración anterior.
Por otra parte, la iniciativa prevé crear una nueva Fiscalía Penal de Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género en Montevideo, que empezará a funcionar en 2027, para lo que se destinan partidas anuales de 14 millones y medio de pesos para “asesoramiento” y “funcionamiento”, 212 millones de pesos para “perfeccionamiento académico y técnico”, y 200.000 pesos para “repuestos y accesorios”, todas a partir del 1º de enero de 2027.
Además, el presupuesto destinado al Ministerio del Interior, en particular, contempla una partida anual de 55 millones de pesos para el “arrendamiento de dispositivos electrónicos de verificación de presencia y localización de personas, destinadas a agresor y víctima de violencia doméstica”, a partir de 2027. Actualmente, el país cuenta con 2.300 equipos –que corresponden a 4.600 personas monitoreadas– y, según detalla la exposición de motivos, la intención es implementar 1.000 dispositivos más en el quinquenio.
También se destina una partida anual de 30 millones de pesos para profesionales y técnicos que trabajan en los servicios de atención a mujeres en situación de violencia de género y trata que gestiona el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
En cuanto al Sistema de Cuidados, gran parte de los incrementos en el área estarán destinados a ampliar la cobertura del servicio de asistentes personales para personas con dependencia severa. La propuesta es destinar una partida anual de 40 millones de pesos para 2026 y de 80 millones de pesos a partir de 2027.
Después de que se conocieron los detalles, el Comité Consultivo de Cuidados expresó su preocupación por “la insuficiencia de los recursos asignados” para las personas mayores en situación de dependencia y solicitó una “financiación adecuada” del SNIC: “Estos fondos son claramente insuficientes para garantizar plenamente el derecho al cuidado de todas las personas que dependen de estos servicios esenciales”, apuntaba un comunicado difundido.
En el texto también se calificaba de “alarmante” que cerca de 7.000 personas estén en lista de espera para el Programa de Asistentes Personales y se solicitaba que el presupuesto incluya partidas específicas para “fortalecer los cuidados de larga duración y cuidados Elepem [establecimientos de larga estadía para personas mayores], asistentes personales, centros de día, teleasistencia, cuidados comunitarios y cuidados comunitarios en espacios colectivos, garantizando acceso equitativo y evitando vulneraciones a los derechos de las personas mayores”.