El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres fue el marco de varias actividades impulsadas por colectivos feministas, la academia y también el Estado. Entre los distintos eventos organizados por instituciones estatales en torno al 25 de noviembre estuvo la presentación de Femicidios en Uruguay: Análisis para la homogeneización de criterios y su categorización (2019-2024), un informe que actualiza el documento publicado en 2019 y vuelve a traer luz sobre las características de estos delitos de odio en nuestro país.

El documento fue elaborado en la órbita del Observatorio de Violencia Basada en Género hacia las Mujeres, en un trabajo conjunto entre el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Ministerio del Interior (MI) y la Fiscalía General de la Nación. El jueves pasado, representantes de los tres organismos estuvieron a cargo de presentar los principales hallazgos.

Uno de los datos destacados es que, entre 2019 y 2024, siete de cada diez mujeres que fueron asesinadas en Uruguay fueron víctimas de femicidio –es decir, fueron asesinadas por motivos de violencia basada en género–. Dentro del período analizado, el año de mayor incidencia fue 2021, cuando 75% de los homicidios a mujeres constituyeron femicidios.

“Esto significa que más de la mitad de los homicidios con mujeres víctimas responden a patrones de violencia que no son propios, sino que responden a una violencia que está estructurada y arraigada en nuestra sociedad”, comentó durante la presentación Nadia Eiris, secretaria técnica del Observatorio e integrante del Sistema de Información de Género de Inmujeres.

Por otra parte, y en consonancia con lo que muestran distintos estudios desde hace años, la mayoría de los casos fueron femicidios íntimos (71%), como se califican aquellos en los que el vínculo entre víctima y victimario es de pareja, expareja o afectivo-sexual. Le siguen los femicidios en relación a actividades criminales vinculadas al tráfico (8%) –una novedad respecto al informe anterior–, el femicidio familiar (5%), el infantil y por conexión (5%), el vinculado al trabajo sexual y contexto sexual (3%), y el no íntimo (2%). Otras categorías como femicidio familiar sexual, por conexión, infantil y en el marco de una agresión sexual representan 1% cada una.

Respecto a las edades, el informe muestra que, de 0 a 6 años, la gran mayoría de los femicidios (71%) corresponde a la categoría infantil por conexión –esto es cuando se mata a una niña o niño para dañar a la madre, enmarcado en la violencia vicaria–, 14% a la categoría infantil y otro 14% a la familiar sexual. En el tramo de 7 a 12 años, la totalidad de los casos está vinculada al femicidio infantil por conexión. Para el resto de las franjas etarias, los femicidios que acumulan la mayor cantidad de casos son los que se dan en el contexto del vínculo íntimo; este tipo se ubica por encima de 60% en todos los tramos, siendo más alto en el que va de 51 a 60 años, con 92%.

En este período, las armas cortopunzantes fueron las más utilizadas por los femicidas (32%), seguidas por las armas de fuego (27%), la fuerza física (21%), objetos pesados contundentes (7%) y, en 3% de los casos, otras armas.

Durante la presentación, el encargado del Departamento de Información y Análisis Estratégico de la Dirección Nacional de Políticas de Género del MI, Christian Gularte, recordó que “una de las características específicas de este fenómeno es el suicidio posterior al hecho de los indagados” –los femicidas suicidas– y aseguró que eso sucede, en promedio, en tres de cada diez casos que se dan en el ámbito doméstico, según se identifica en la investigación.

En concreto, el documento revela que 57% de los femicidas que se suicidaron después de cometer el crimen convivía con la víctima al momento del hecho, 24% había convivido anteriormente y 17% nunca convivió. “Lo que se desprende, en definitiva, es que en 80% de las situaciones en las que el indagado se suicida en el ámbito doméstico, [los agresores] convivían o habían convivido con su víctima”, sintetizó Gularte.

Tentativas de femicidio

El informe del Observatorio no sólo analiza las características de los femicidios registrados entre 2019 y 2024 sino que también incluye datos sobre las tentativas de femicidio. Ese análisis arroja que, al igual que en los femicidios consumados, la enorme mayoría de los intentos de asesinar a una mujer por razones de género, 96%, son en contextos íntimos.

Por otra parte, en 44% de las tentativas había denuncias previas de violencia entre la víctima y el victimario y, en el marco de estas denuncias previas, 34% de las situaciones tenía medidas vigentes al momento del hecho.

“Esto lo que nos está mostrando son mejores niveles de registro y claridad de las instituciones al tomar contacto con esas situaciones respecto a la investigación que presentamos en el año 2012-2018”, pero “también nos confirma la urgencia de fortalecer las estrategias de alerta temprana en estas situaciones”, acotó Eiris.

Imputaciones por parte de Fiscalía

Entre 2019 y 2024, la Fiscalía realizó 2.102 imputaciones por homicidio. De ese total, 415 fueron por homicidio con al menos una mujer víctima y, de estas, 112 fueron por el agravante de femicidio. En estos últimos casos, 96% de los imputados eran varones.

La responsable de compartir esta información fue Lucía Pellegrino, integrante del Departamento de Políticas Técnicas de la Fiscalía, quien destacó que,“cuando consideramos la totalidad de imputaciones por homicidio, sin diferenciar qué víctima había o si había agravante o no, el tramo de edad que tiene mayor peso es el de 18 a 29 años”, en línea con “esta idea que tenemos de que los homicidios son perpetrados por jóvenes varones”. Sin embargo, “cuando vemos los homicidios en donde se identifican víctimas mujeres y más especialmente cuando se solicita la agravante de femicidio, los tramos de edad mayores a 30 años pasan a tener un peso mayor, por lo que parecería haber un comportamiento distinto”, especificó la socióloga.

En cuanto a las imputaciones por femicidio según departamento, el estudio refleja que la mayoría de los casos se concentra en Montevideo (44), seguido de Canelones (12), Rivera (9) y Florida (8), y hay al menos uno en casi todo el resto del país, con la excepción de Treinta y Tres y Flores, en donde no se registró ninguna imputación durante el período estudiado. Esto “en parte muestra que estas imputaciones están en todo el territorio nacional y no solo en la zona metropolitana”, señaló Pellegrino.

La representante de Fiscalía resaltó que los principales delitos que se solicitaron junto con la imputación del agravante de femicidio, en orden de prevalencia, son violencia doméstica, lesiones personales, lesiones graves, lesiones gravísimas, abuso sexual y violación de domicilio.

Más adelante, la directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía, Manuela Reguera, aportó algunas interrogantes y reflexiones a partir de los datos actualizados. Lo primero que puso en cuestión es que haya habido sólo 112 imputaciones por femicidio de 2019 a 2024, considerando que “vemos que hay muchas más muertes de mujeres de los que están imputados por homicidio especialmente agravado por femicidio”.

Por otro lado, se preguntó si el 44% de las tentativas de femicidio que tenía denuncias previas no tendrá que ver con “un subregistro de situaciones de violencia que no se denuncian, una cifra negra a la que no estamos llegando”. “¿Será que hay una naturalización de los fenómenos de la violencia? ¿Será que no estamos socializando bien los indicadores que tenemos que mirar para poder prevenir? ¿Será que nos faltan herramientas para denunciar y proteger? ¿Será que los discursos regresivos que puede haber en materia de derechos también desestimulan a que las mujeres denuncien?”, apuntó Reguera.

Al cierre de su intervención, destacó algunas novedades que trae este informe en comparación con el anterior. Una es que deja en evidencia que las mujeres víctimas de femicidios en Uruguay “son cada vez más jóvenes”. Otra es que 2019 marca un “quiebre” en cuanto al registro de femicidios “relacionados a actividades criminales vinculadas al tráfico”. “En el año 2019 no se registraron casos de este tipo pero, a partir de 2020, sí tenemos datos de este tipo de femicidio, llegando a 15% en 2021, 2022, 2023 y 2024”, especificó la directora, y agregó que es un dato “fundamental en el que también tenemos que poner el ojo y empezar a pensar”.

Recomendaciones para la política pública

“En síntesis, este documento nos brinda evidencia contundente de que la violencia contra las mujeres persiste, se repite y nos está dando señales tempranas”, dijo Eiris, antes de comentar algunas de las recomendaciones. La integrante del Sistema de Información de Género de Inmujeres consideró que las instituciones “mejoraron en la detección y en el registro”, pero todavía enfrentan “el desafío de prevenir antes que la violencia llegue a un punto que es el femicidio”.

En referencia a las recomendaciones de líneas de acción que incluye el documento, Eiris mencionó la necesidad del “fortalecimiento interinstitucional” del Observatorio de Violencia Basada en Género, “a través del presupuesto estable, de recursos humanos especializados y de una voluntad política sostenida a lo largo del tiempo para garantizar la continuidad de la medición, la investigación y el seguimiento de las políticas públicas”.

Otras recomendaciones tienen que ver con “mejorar y unificar registros administrativos” para “avanzar hacia un sistema integrado de información que permita cruzar datos entre las distintas instituciones, homogeneizar variables e incorporar nuevos actores”, “continuar con las estrategias de capacitación en investigación, abordaje y prevención” para el funcionariado, y “profundizar el análisis de la violencia basada en género desde una mirada más integral”, que pueda poner el foco en otras víctimas, como las infancias. En línea con esto, Eiris dijo que es importante “profundizar el estudio de la violencia vicaria” y, en ese sentido, recordó que el Observatorio tiene en marcha una consultoría para “conceptualizar y establecer criterios de medición” de este tipo de violencia, tal como anunció la directora de Inmujeres, Mónica Xavier, en el acto oficial por el 25N.

Además, el equipo recomienda “profundizar los mecanismos de detección temprana para las víctimas”, en tanto “el incremento de denuncias registradas previo al hecho [de femicidio] exige reforzar las respuestas estatales, exige que como instituciones lleguemos antes a esa situación, y esto implica nada más ni nada menos que fortalecer el sistema de respuesta interinstitucional en violencia basada en género”, apuntó Eiris. De la mano con esto, también propone “asegurar disponibilidad y cobertura territorial del servicio de atención para víctimas y mujeres sobrevivientes, especialmente en los departamentos con tasas más altas y también en las zonas rurales donde tenemos el factor del aislamiento que puede generar más vulnerabilidad a esas mujeres”.