El suicidio femicida de Milagros Chamorro el 25 de octubre de 2024, después de denunciar una violación grupal, expuso de la manera más brutal el periplo al que se enfrentan las víctimas de violencia sexual y las falencias institucionales en materia de atención y reparación. En la mañana de este lunes, su familia dio un paso importante para que esto no quede sólo a nivel del debate público y presentó una demanda ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) con el objetivo de que el Estado tome medidas que garanticen el acceso efectivo de todas las víctimas de violencia sexual a los servicios de salud mental y a la Justicia.
En concreto, los familiares de Milagros piden que la INDDHH “recomiende la gratuidad de la atención en salud hacia las mujeres víctimas de violencia sexual y, en subsidio, que la autoridad sanitaria (Ministerio de Salud Pública, MSP) en conjunto con el Instituto Nacional de las Mujeres adopte medidas provisionales tendientes a asegurar la cobertura universal y gratuita de psicoterapia a todas las víctimas de violencia sexual”, según establece el escrito, al que accedió la diaria.
Afirman que esto iría en línea con lo que ya establece el artículo 22 de la Ley 19.580, que en su literal D mandata al MSP a “asegurar la cobertura universal y el acceso a la atención sanitaria a todas las mujeres en situación de violencia basada en género, para la prevención, disminución de los factores de riesgo, tratamiento oportuno y rehabilitación”. A su vez, sugieren que estos dispositivos de terapia tienen que contemplar la posibilidad de que las instancias puedan ser virtuales, además de tener una frecuencia semanal, “sin límite de edad, gratuitos y con ausencia de una cantidad fija de sesiones”.
Por otra parte, la denuncia –que lleva la firma de Álvaro Gustavo Chamorro, padre de la joven– solicita que la INDDHH recomiende al Poder Legislativo el “estudio profundo de las leyes sobre prescripción” de los delitos sexuales, así como la “creación de juicios por la verdad”, instancias en donde “se descubra y publique la verdad, aun cuando no se pueda condenar a los agresores sexuales”.
“Lo que se espera es que esto derive en un beneficio social para todo el país”, resumió Ignacio Barlocci, abogado de la familia, a la diaria. “Ya Milagros lamentablemente falleció, pero la familia quiere continuar lo que fue su lucha y que esto no vuelva a pasarle a nadie”, agregó el letrado. En ese sentido, aseguró que esta demanda, para la familia, “significa una materialización de lo que fue la lucha de Milagros, la militancia social, la militancia académica, y a la vez engloba todo lo que se está planteando en los distintos procesos” en curso, tanto a nivel penal (en Maldonado) como administrativo (en Montevideo).
Los costos (económicos y vitales) en salud mental
En el escrito presentado el lunes, la familia recuerda que, después de que Milagros hizo la denuncia ante Fiscalía por la violación grupal, en 2022, tuvo varios intentos de autoeliminación y pretendió iniciar un tratamiento de salud mental en el Casmu. Sin embargo, asegura que la terapia psicológica y psiquiátrica “era paga y en muchas ocasiones no era brindada o lo era de forma deficiente, con retrasos en la presencia de los profesionales”. Y señala que incluso, por ese motivo, ese mismo año la joven denunció la situación ante la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental.
Además, la demanda expresa que “se desconoce si Milagros accedió a los descuentos legales en los costos de su atención psicológica” tras los intentos de suicidio, muchos de ellos cometidos en el propio centro de salud, pero “sí se sabe que ella abandonó su terapia en varias oportunidades manifestando problemas para pagar los tickets y sin que se le haya ofrecido la exoneración humanitaria de las órdenes médicas”.
El documento también recuerda que las normas que existen sobre este tema no amparan la psicoterapia gratuita para víctimas de violencia sexual. En el caso de la Ley 19.580, lo que prevé es “la gratuidad de la atención médica en los equipos de referencia de violencia de género, en donde se asesora y se escucha y orienta a las pacientes”, pero no la garantiza cuando la atención es brindada a través de dispositivos clínicos de terapia.
En tanto, “la terapia por daño psíquico derivado de la violencia sexual tampoco está incluida en el catálogo de prestaciones médicas del Fondo Nacional de Recursos”, remarca el texto.
Por otro lado, los familiares señalan que el Decreto 114/2024–que amplía la cobertura de salud mental a la población de entre 25 y 30 años– establece la reducción del “copago para los abordajes psicoterapéuticos, manteniéndose el número de sesiones y modalidades de atención” para las personas con intentos de autoeliminación, pero no aplican para quienes tienen ideación suicida y no llegan a materializarla en tentativas.
Para Barlocci, algunas medidas que se pueden tomar “a corto plazo”, tanto a nivel de la salud mental en general como de la salud mental en víctimas de violencia sexual, son “sencillas”. Mencionó, a modo de ejemplo, que la página de denuncias de la Comisión de Atención sobre Salud Mental agregue entre los motivos a elegir “el hecho de que una mutualista o un prestador de salud no haga el descuento en terapia que tienen las personas que han tenido intentos de autoeliminación”. “Con esto estamos buscando que la mayor cantidad de la población tenga presente que si un paciente tiene intentos de autoeliminación, tiene derecho a que se le haga un descuento en la terapia psicológica”, puntualizó el abogado.
Una medida más “a largo plazo” es que el Estado considere directamente “que las personas con intentos de autoeliminación o con ideación suicida, así como las víctimas de violencia sexual, tengan derecho a una terapia que sea totalmente gratis, que pueda ser de por vida, que se aumente la cantidad de faltas que pueden tener en los dispositivos clínicos, y que sea con EMDR”, un tipo de terapia generalmente utilizada ante hechos traumáticos.
La demanda también pide que la institución recomiende al MSP “elaborar un protocolo general para pacientes que acudan a las emergencias de centros de salud, tengan o no riesgo y/o ideación suicida, en donde sea obligatorio para todos los prestadores de salud la figura de psicólogos de guardia”, y que esté “transversalizado con perspectiva de género”.
Seguir abonando el camino hacia la imprescriptibilidad
Cuando Milagros hizo la denuncia penal en 2022, la Fiscalía archivó el caso bajo el argumento de que los delitos habían prescrito. La agresión sexual fue en 2010, cuando ella era adolescente, y denunció en 2022, cuando pudo. En ese entonces, le dijeron que no había elementos para probar la violación –cuya prescripción es de 15 años– y que los delitos de atentado violento al pudor habían prescrito dos años antes –en este caso la prescripción es de diez–.
El sábado, tras el pedido de la familia de Milagros, la Fiscalía de Maldonado que lleva adelante la causa reabrió la investigación y en estos días interrogará a testigos. La defensa de la familia Chamorro centrará este nuevo tramo del proceso en probar que hubo violación, un delito que no prescribió y que vencería en setiembre de este año.
“Milagros se suicidó pensando que la violación cometida por el único varón mayor [de edad] había prescrito”, señala la denuncia. Mili ya no podrá ver la posibilidad de que se haga justicia, pero la familia le pidió a la INDDHH que recomiende al Poder Legislativo la revisión de las leyes de prescripción de los delitos sexuales, para que nadie más pase por lo que ella pasó, y la creación de “juicios por la verdad”.
Barlocci reconoció que “sólo con esta denuncia no alcanza” para modificar leyes, pero aseguró que “hay instituciones, asociaciones civiles y también la academia que están poniendo sobre la mesa este debate y la familia de Milagros cree que esto es una contribución a esa discusión”.