Promover, visibilizar y reafirmar el derecho de las mujeres a una atención integral de la salud –sin restricciones, en igualdad de oportunidades y libres de violencias– es el principal objetivo del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que se celebra cada 28 de mayo. La fecha quedó establecida durante el V Encuentro Mundial por la Salud de las Mujeres de Costa Rica, en 1987, y desde entonces se convirtió en una jornada central en el calendario tanto de organizaciones feministas como de organismos internacionales que trabajan en estos temas. Es, además, una oportunidad para que los estados evalúen qué políticas, acciones o campañas están implementando para garantizar ese derecho.

En Uruguay, este 28M llega unos días antes de que se cumplan los primeros 100 días del gobierno del presidente Yamandú Orsi. El programa del Frente Amplio (FA), con el que llegó al poder, incluye “acciones prioritarias” para la “salud integral de las mujeres”, en el entendido de que “el Estado debe asegurar el derecho humano a la salud desde una perspectiva de género y diversidad sexual que reconozca que existen riesgos y vulnerabilidades diferentes en varones, mujeres y disidencias de acuerdo con sus condiciones específicas”.

Entre esas acciones, que mayoritariamente se enmarcan en la órbita del Ministerio de Salud Pública (MSP), el partido oficialista propone “asegurar la accesibilidad universal, la disponibilidad y la calidad de los servicios de salud, públicos y privados, en todo el territorio urbano y rural, superando las barreras económicas, de distancia y culturales, priorizando a las poblaciones más vulnerables, incluyendo a trabajadoras sexuales, personas trans y privadas de libertad”. También plantea medidas más puntuales para garantizar, por ejemplo, el “acceso efectivo y la calidad de los servicios de interrupción voluntaria del embarazo” (IVE), el derecho a “técnicas de reproducción asistida contemplando la diversidad y especificidades de las personas”, y la formación de los equipos para que puedan hacer una “detección temprana de violencia de género y generaciones”.

Otras cuestiones que aparecen en las bases programáticas del FA tienen que ver con prevenir la violencia obstétrica y el embarazo adolescente, promover programas de educación sexual integral, y asegurar el acceso universal a la atención en salud mental con perspectiva de género.

Sin embargo, a la hora de empezar a bajar las medidas a tierra, siempre hay prioridades dentro de las prioridades. En el marco del 28M, la diaria conversó con la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, sobre cuáles son esas medidas y a qué apuntan.

“Una política robusta de Estado”

Lo primero que aclaró Lustemberg es que “mejorar la salud y el bienestar de las mujeres en todas las etapas de la vida, desde la infancia hasta la senectud, con especial énfasis en el acceso a los derechos en salud sexual y reproductiva, y en la salud física y mental con un enfoque de derechos de género y de diversidad”, es una “prioridad absoluta” del MSP que encabeza.

Con ese objetivo, dijo, es que trabaja el Programa Salud Integral de la Mujer del ministerio, que realiza un abordaje “multidimensional”, contemplando “las desigualdades territoriales, las de género, las intergeneracionales y las étnico-raciales”, porque el tema “requiere que sea una política robusta de Estado”, afirmó la jerarca. Agregó que, para ella y su equipo, eliminar “todas las barreras que tienen las mujeres usuarias del Sistema Nacional Integrado de Salud” es “un desvelo”.

Consultada sobre cuáles son las medidas más urgentes para implementar en la materia, la ministra aseguró que junto con el Programa Salud Integral de la Mujer definieron diez prioridades “a corto, mediano y largo plazo”. En primer lugar, mencionó el desarrollo de “políticas de salud para la prevención, promoción, atención y rehabilitación, así como el abordaje y la prevención de la violencia basada en género y generaciones, con enfoque de ciclo de vida”. Esto incluye la capacitación de los equipos y el fortalecimiento de los dispositivos de atención. Recordó, por ejemplo, que el día de la presentación del último informe de gestión del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia ya anunció que se crearán más equipos que trabajen en la reparación de daño para niñas, niños y adolescentes que han sufrido algún tipo de violencia, “porque no puede ser que en Uruguay haya sólo tres”.

En segundo lugar, aseguró que se reforzarán las políticas de salud sexual y reproductiva, “mejorando el acceso a las mujeres más vulneradas en sus derechos”, como “las mujeres privadas de libertad, las que están en situación de calle, aquellas con alguna discapacidad o con problemas de salud mental”. Como parte de ese esfuerzo, también se hará hincapié en la “mejora de la accesibilidad a los servicios de IVE”, expresó la ministra. Sobre esto último no dio detalles concretos, pero el actual subsecretario del MSP, Leonel Briozzo, dijo en marzo, en el marco de la convocatoria a la Comisión Asesora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que “no está planteado” revisar la ley de aborto aprobada en 2012, sino “eventualmente buscar normativas que mejoren la universalización de esta ley en todo el territorio”.

La ministra señaló que otras prioridades para la cartera serán “la eliminación de la sífilis congénita como reemergencia y marcador de inequidad sanitaria”, así como la mejora en el acceso a “métodos anticonceptivos modernos, eficaces y de larga duración”.

Por otro lado, señaló que esta administración se propuso elaborar un “plan nacional integral e intersectorial para disminuir el número de cesáreas evitables, desde la humanización de la atención del nacimiento, fortalecimiento de los recursos humanos y las buenas prácticas de atención”. A la vez, dijo que “se evaluarán mejoras en el acceso de los tratamientos de reproducción humana asistida”, conforme a lo que establece la ley aprobada en 2013.

Para completar la decena de prioridades, Lustemberg adelantó que la cartera trabajará además para avanzar en “todo lo que tiene que ver con protocolizar el proceso de diagnóstico y tratamiento para la endometriosis”, y en “abordar el climaterio y la menopausia como una etapa fundamental en la vida de la mujer, promoviendo hábitos saludables –nutrición, ejercicio, descanso, salud mental– con especial énfasis en la prevención de las enfermedades cardiovasculares como principal causa de muerte en las mujeres”.

La jerarca puntualizó que, en este momento, el MSP está trabajando estos temas “con vistas al presupuesto” e insistió en que, si bien hay que ver “qué impacto presupuestal van a tener”, “lo que puedo decir es que, para el ministerio, garantizar el acceso de las mujeres a todos los prestadores de las instituciones de asistencia médica colectiva, viendo dónde tenemos las desigualdades en cada una de las áreas, es una prioridad”.