A pocos días de terminado el extenso ciclo electoral en Uruguay, están las condiciones dadas para afirmar que el panorama político que quedó configurado no incluye avances significativos en términos de representación femenina ni en el Poder Legislativo, ni en el Ejecutivo, ni a nivel departamental. Las elecciones de octubre derivaron en un Parlamento donde las mujeres siguen sin superar el tercio. Un mes después, tras el triunfo de Yamandú Orsi en la segunda vuelta, el gobierno del Frente Amplio (FA) no logró cumplir con la promesa programática de conformar un gabinete paritario. En tanto, las elecciones departamentales del domingo pasado resultaron en una sola intendenta electa, de 19, y 38 alcaldesas en un total de 136 municipios.

Para entender qué explica que nuestro país constituya una de las democracias menos paritarias de la región hay que conocer cómo funciona el sistema electoral, qué dicen las leyes, cómo operan los mecanismos formales y, también, cuáles son las maniobras internas de los partidos. Niki Johnson y Verónica Pérez Bentancur, politólogas e investigadoras de la Universidad de la República que han dedicado gran parte de sus trayectorias académicas a estudiar la participación política de las mujeres en Uruguay, se embarcaron en esa tarea a partir del análisis de los resultados específicos de las elecciones parlamentarias de 2024.

Sus observaciones aparecen en el informe ¿Avanzando hacia una democracia paritaria? Elecciones parlamentarias 2024 en Uruguay, que las especialistas realizaron en el marco del proyecto FESminismos de la fundación Friedrich-Ebert-Stiftung y que fue publicado a fines de abril.

En líneas generales, las investigadoras concluyen que “se produjo un aumento sensible en varios indicadores, incluyendo el porcentaje de mujeres que encabezaban o que ocupaban lugares elegibles en sus listas”, lo que a su vez se tradujo en “una mayor presencia femenina entre el elenco parlamentario electo, con un crecimiento de casi ocho puntos porcentuales, en comparación con las elecciones anteriores”. Sin embargo, aseguran que también se puede afirmar que “las prácticas excluyentes de los partidos políticos apenas han cambiado”.

En diálogo con la diaria, Pérez señaló que el estudio “confirma tres cosas que son relevantes para los tomadores de decisión” a la hora de pensar en cómo revertir la “subrepresentación de mujeres en el Parlamento uruguayo y en el sistema político uruguayo en general”. La primera es que “Uruguay, usando la ley de cuotas, ha llegado a una meseta y la presencia de mujeres en el Parlamento no va a aumentar significativamente en la próxima elección”, explicó la politóloga. Dijo que esto es lo que generalmente se observa en otros países, donde se registra un “salto en el porcentaje de mujeres en las primeras elecciones” en las que se aplica la ley y luego “un amesetamiento”, porque los partidos utilizan la herramienta “colocando a las mujeres en el lugar mínimo requerido”. “Las leyes de cuotas han mostrado que si bien son significativas para aumentar la presencia de mujeres en los parlamentos, no producen parlamentos paritarios y por eso otros países han cambiado su legislación sobre cuota por legislación de paridad”, enfatizó.

Lo otro que confirma es que “hay algunos sectores que sistemáticamente utilizan las mismas estrategias para aplicar la cuota de manera formal, pero en realidad para hacer trampa, por lo que intentan pasar por encima de la cuota, y esto es básicamente jugando con las suplencias”.

Además, el informe revela que “el crecimiento del porcentaje de mujeres en esta elección se explica casi totalmente por el FA, que es el que usa paridad”, lo que deja en evidencia que “la paridad tiene un efecto”, aseguró la coautora, aunque matizó que sigue siendo “limitado”.

Barreras en el sistema y en los partidos

El estudio revela que “sigue existiendo una diferencia notoria entre la ubicación de candidatas en lugares proclives a ser elegidos o como cabezas de lista en listas competitivas y en aquellas que no tienen oportunidades de ganar bancas”. A su vez, al igual que en los procesos electorales anteriores, “nuevamente se registraron casos que reflejan un manejo cínico de la ley de cuotas, al resultar electas candidatas que ocupaban lugares competitivos en más de una lista y que fueron sustituidas en uno de los cargos ganados por su suplente varón”. Las académicas aseguran que, desde que se aplica la ley de cuotas, esta práctica de “ubicar a la misma mujer en lugares competitivos de más de una lista y con suplentes varones, se repite en algunas fracciones, constituyendo una forma de eludir la aplicación efectiva de la ley”.

Consultada al respecto, Pérez dijo que la última elección mostró que “en algunos sectores es un comportamiento sistemático” –mencionó “en particular” sectores del Partido Nacional–, lo que refleja que “no es que lo hicieron una vez porque tuvieron un error, sino que hay una intención de no aplicar la cuota en el sentido en el que el legislador la pensó”, que no fue para “aumentar la presencia de mujeres en las listas, sino para que más mujeres sean electas repitiendo mujeres en listas diferentes”.

Por otro lado, las politólogas identifican que dos características particulares del sistema electoral uruguayo –el doble voto simultáneo y el tamaño del distrito– “siguen impactando en la efectividad de la ley de cuotas y también de la paridad en el caso del Frente Amplio, básicamente porque las mujeres que encabezan listas siguen siendo una porción minoritaria”.

Cuando se desagregan los datos por partido, lo que destacan es que la mayor parte del aumento de la tasa de representación femenina se debe al crecimiento electoral –comparado con las elecciones de 2019– del “único partido que ha adoptado voluntariamente la paridad para la elaboración de sus listas electorales”, en referencia al FA. Estos datos muestran que, “si se adoptara una ley de paridad en Uruguay, esto conduciría a un aumento en la tasa de representación femenina parlamentaria, aunque la proporción de mujeres electas quedaría todavía muy lejos de la paridad efectiva en la composición de las cámaras”, miden las autoras.

Pérez explicó a la diaria que una de las claves para revertir este efecto “limitado” de la paridad y lograr que “la paridad llegue al encabezamiento de las listas” es dejar de aplicar únicamente la paridad vertical –la ubicación alternada de hombres y mujeres en las listas– y caminar hacia un principio de paridad horizontal o transversal, que aseguraría que la mitad de las listas presentadas por un partido sean encabezadas por mujeres.

En el estudio, Pérez y Johnson también aseguran que, más allá de “insistir” con la aprobación de una ley de paridad, en caso de que se siga utilizando la ley de cuotas es necesaria “una modificación que regule las suplencias y estipule que las mujeres que renuncien a sus cargos parlamentarios deben ser sustituidas por mujeres”. Para las politólogas, esto “evitaría las ‘trampas’ que se han verificado desde que se aplica la ley”.

Por otra parte, las académicas sugieren el monitoreo de los efectos de los incentivos establecidos en la nueva ley de financiamiento de los partidos políticos (aprobada el año pasado) que otorgan una partida de dinero público en los casos de listas encabezadas por mujeres, así como por cada mujer titular electa, ya que “podrían ser una innovación interesante en un sistema de partidos altamente institucionalizado que ha tenido dificultades para incluir políticamente a las mujeres”.

El análisis en números

El informe resalta que si en las elecciones parlamentarias de 2014, las primeras en las que se aplicó la ley de cuotas, el porcentaje de legisladoras electas creció significativamente en el Senado, las de 2024 marcaron otro “salto” en la Cámara de Representantes. En total fueron elegidas 37 mujeres: ocho senadoras (a las que se suma la vicepresidenta) y 29 diputadas. Este escenario muestra que no hubo cambios en la integración por género del Senado respecto del período anterior, pero sí en la cámara baja, donde fueron electas diez mujeres más que en 2019, lo que implica “el mayor crecimiento histórico de legisladoras en Uruguay, incluso mayor que el registrado la primera vez que se usó la ley de cuotas”, afirman las politólogas. Como resultado de este incremento, las mujeres representan 29% de las bancas de cada cámara. Pese a este avance, las expertas señalan que Uruguay “no sólo sigue estando muy lejos de la paridad, sino que las legisladoras ni siquiera alcanzan un tercio del Parlamento”.

En paralelo, remarcan que “podrían haber sido electas cuatro legisladoras más”. Tres de ellas corresponden a casos en los que una misma candidata ocupaba dos lugares elegibles en listas diferentes y resultaron electas por ambos lugares, por lo que tuvieron que elegir. El cuarto caso es el de una candidata que ocupaba el tercer lugar y resultó electa, pero decidió renunciar, cediendo su banca a un varón.

“La limitada presencia de listas encabezadas por mujeres es un dato sistemático en Uruguay”, dice el informe. Del análisis del total de listas de los partidos que obtuvieron representación parlamentaria se desprende que el porcentaje de listas encabezadas por mujeres fue de 27,3% en el Senado y 29,2% en la Cámara de Representantes. Al discriminar por listas ganadoras, se observa que, en el Senado, sólo en el FA hubo listas ganadoras encabezadas por mujeres (dos), que representaron 28,6% de las listas frenteamplistas que ganaron al menos una banca en esa cámara. En la Cámara de Representantes, todos los partidos menos Identidad Soberana y el Partido Independiente tuvieron listas ganadoras encabezadas por mujeres, aunque de los partidos grandes el mayor porcentaje se observa en el FA (24%).

Así las cosas, luego de las elecciones de 2024, el lugar de Uruguay en la Clasificación Mundial de Mujeres en los Parlamentos de la Unión Interparlamentaria “mejora en términos de composición de género, pero sigue siendo deficitaria”: quedaría levemente por encima del promedio mundial (27%) y en el lugar 75 de un total de 190 países. En América Latina, sigue quedando por debajo de democracias como México (50,2%), Costa Rica (49,1%), Bolivia (46,2%), Ecuador (43,1%), Argentina (42,4%), Perú (38,5%), República Dominicana (36,8%) y Chile (35,5%).

La representación de disidencias y personas afro

Además de analizar la representación de mujeres en el Parlamento, el texto aporta algunas claves para pensar en la participación de personas LGBTI+ y afrodescendientes en las elecciones. Lo primero que aclara es que el propio análisis presenta “importantes desafíos”, porque es información que no se encuentra registrada en la documentación oficial de la oferta electoral. Esto implica que “es imposible cuantificar con certeza su participación en candidaturas viables”.

De todos modos, una revisión de la ubicación en las listas ganadoras de “candidaturas cuya identidad disidente es de público conocimiento” muestra que “la mayoría no ocupa lugares competitivos en las listas”. “Ninguna encabeza una lista ganadora y, en general, se ubican en lugares no elegibles de la lista de titulares o figuran únicamente en la lista de suplentes”, exponen las politólogas. Aun así, resaltan que en las listas del FA hay “personas que encarnan identidades sexogenéricas disidentes en suplencias relevantes, lo que seguramente permitirá su acceso a la banca en algún momento de la legislatura”.

Respecto de la presencia de candidatas afro, las autoras recuerdan que en la etapa previa al año electoral se relanzó el Partido Autóctono Negro (PAN), que había sido fundado en 1936 y disuelto en 1944. El PAN ingresó formalmente al FA a pocas semanas de las elecciones parlamentarias, pero “no compitió como tal en la contienda electoral, aunque algunas de las figuras que lo integran ocupaban lugares de suplente en listas del FA”, señala el documento, por lo que “el Parlamento electo en 2024 vuelve a ser mayoritariamente blanco en su composición étnico-racial”.