Diez años de #NiUnaMenos: un repaso por las conquistas feministas y las cuentas pendientes en Uruguay

El 3 de junio de 2015, el dolor, la impotencia y la rabia frente al aumento de los femicidios en Argentina dieron lugar a la primera convocatoria del Ni Una Menos. La movilización, impulsada por las feministas argentinas bajo la consigna “Paren de matarnos”, fue replicada en muchos países de América Latina, incluido Uruguay. A diez años de ese hito, es evidente que el grito contra las formas más extremas de violencia machista dio lugar a nuevas conversaciones, debates e incluso leyes, no sólo en torno a este fenómeno, sino, en general, respecto a la percepción de las mujeres y disidencias como sujetas de derechos.

En nuestro país, el primer Ni Una Menos llegó cuando la nueva ola feminista empezaba a organizarse después del punto de inflexión que había marcado el Primer Encuentro de Feminismos del Uruguay, celebrado en noviembre de 2014 en Montevideo. Fue durante ese encuentro que se conformó la Coordinadora de Feminismos, que, desde entonces y de forma ininterrumpida, convoca las alertas feministas en las calles cada vez que se comete un femicidio.

Esa plataforma que nuclea a distintos colectivos feministas, de hecho, es la que llamó a manifestarse hace una década en la plaza Independencia para hacer eco del grito colectivo que rugía en Argentina. Es la misma que convoca a movilizarse este martes en la plaza Libertad, a las 19.00, con un reclamo todavía vigente: “Ni una muerta más, ni una mujer menos”. Es que, pese a los avances que hubo en los últimos diez años, la violencia hacia las mujeres no sólo no disminuye, sino que recrudece y adopta nuevas formas.

El décimo aniversario del comienzo de un movimiento que transformó en Argentina y el mundo la forma en que la sociedad percibe las violencias y las desigualdades de género, que revolucionó la manera en que las víctimas las narramos y denunciamos, y que dibujó con tinta permanente el antecedente para muchas iniciativas que vinieron después, desde el #MeToo al #VaronesCarnaval, invita a repasar cuánta marea pasó bajo el puente.

Los avances más destacados de la década en Uruguay

El Uruguay de junio de 2025 no es el mismo que el de junio de 2015. Hay un marco normativo más robusto, pero también es otra la sociedad. En gran parte, gracias a la lucha de los feminismos. Todavía falta muchísimo, y hablar de “cambio cultural” sigue apareciendo como un objetivo lejano, pero hay formas de violencia que ya no se naturalizan. Los medios ya no hablan de “crímenes pasionales” para referirse a los femicidios. Hay menos tolerancia a conductas que antes se dejaban pasar. Los organismos públicos prestan más atención a las capacitaciones sobre perspectiva de género. Algunas empresas tienen protocolos para proteger a sus empleadas. Se entiende mejor qué configura un abuso sexual, qué es acoso, por qué una violación es una violación.

En la cronología de los avances de esta década en Uruguay, resalta particularmente 2017. Ese fue el primer año que se convocó en el país el Paro Internacional de Mujeres, que decantó en lo que, hasta el día de hoy, fue la marcha del 8M más multitudinaria de la historia. Pero, además, tras la intensa pelea de activistas y académicas feministas, ese año se aprobaron dos leyes fundamentales: la que tipificó el femicidio como agravante del delito de homicidio y la Ley 19.580, que define 18 formas de violencia basada en género, y dispone obligaciones y directrices para todos los organismos del Estado, entre otras cuestiones que estructuran una hoja de ruta muchas veces calificada como “modelo”.

A la vez, en el medio de las dos sanciones parlamentarias, a fines de 2017 entró en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal, que creó la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía y, entre otras cosas, se instaló para cambiar el paradigma de atención y acompañamiento a las víctimas de delitos de violencia de género y sexual.

En 2018 se aprobaron otras dos leyes que garantizan derechos para mujeres, infancias, adolescencias y disidencias. Por un lado, la ley de combate a la trata de personas (19.643), que establece una regulación integral de prevención, persecución y sanción de esta problemática, así como la atención, protección y reparación de las víctimas. Por el otro, la Ley Integral para Personas Trans, con toda una batería de medidas para que el Estado garantice el acceso de esta población a distintos ámbitos como la salud, la educación, el trabajo o la vivienda, pero también a derechos como la pensión reparatoria para aquellas que fueron víctimas de violencia institucional.

Esta cronología no puede dejar afuera la iniciativa #VaronesCarnaval, en 2020, que a cinco años puede verse como una versión local de otros movimientos que estaban impulsando las mujeres en el mundo para romper el silencio en torno a la violencia sexual en múltiples espacios. Si bien es temprano para medir el impacto, sin dudas puso el tema arriba de la mesa y alentó denuncias, revisión de prácticas e incluso creación de protocolos dentro y fuera del carnaval.

En este período de tiempo también se destapó primero la Operación Océano y después la causa del exsenador Gustavo Penadés, dos casos que visibilizaron las dimensiones dramáticas que tiene la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en Uruguay, y cómo opera cuando es ejercida por hombres con poder.

Por supuesto que la llamada “agenda de derechos” empezó a delinearse antes de 2015 en nuestro país y tuvo otros hitos en la primera mitad de esa década, como la ley que estableció la pensión para hijas e hijos huérfanos de femicidio (2011), la de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) (2012), la que regula las técnicas de reproducción humana asistida o el matrimonio igualitario (2013). Sin embargo, el Ni Una Menos marcó un antes y un después porque empujó una nueva ola feminista que puso en el centro la denuncia contra la violencia y, desde allí, permeó en otros debates, desde el lenguaje inclusivo a las formas de vincularnos sexoafectivamente, o la necesidad de repensar qué entendemos por masculinidad.

Diez años después: las deudas pendientes

Todavía queda mucho por hacer y ojalá no lleve otra década revertir algunos vacíos y pendientes que quedan en el tintero. Uno de los primeros debes que remarcan las organizaciones feministas desde 2017 es la implementación cabal de la Ley 19.580, una norma pionera a la que ningún gobierno ha destinado hasta ahora un presupuesto a la altura. Un reclamo específico en ese marco ha sido el retraso en la creación de los juzgados especializados –sólo se crearon tres, en la pasada administración–, pero hay otros que repercuten específicamente en la atención y la protección que hoy reciben mujeres, niñas, niños y adolescentes en situaciones de violencia.

Más allá de la falta de juzgados especializados, la demanda de la sociedad civil es en general por un acceso a la Justicia que no revictimice, que no tenga sesgos machistas, que cuente con personal capacitado en violencia de género, que no actúe cuando ya es tarde.

En paralelo, hay proyectos de ley que buscan ampliar garantías, protecciones y derechos para mujeres, infancias y adolescencias que están estancados desde hace años en el cajón de algún despacho. Uno es el que establece la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Otro es el que propone aumentar la edad mínima para contraer matrimonio.

Todo esto en un contexto regional y mundial de avance de las ultraderechas antiderechos, que también tienen sus tentáculos en Uruguay, como quedó demostrado con las diferentes propuestas que llegaron al Parlamento en esta legislatura y la pasada para modificar la Ley 19.580.

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