Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) presentó un informe que actualiza datos sobre el estado de situación de los derechos sexuales y reproductivos en el país y, además, plantea recomendaciones de política pública para este gobierno. Con base en el análisis de información oficial sistematizada entre 2019 y 2024, la organización concluye que, “en términos generales”, las políticas de salud sexual y reproductiva durante el período pasado “han tenido continuidad en el funcionamiento de sus prestaciones, pero no se han superado obstáculos ni barreras que generan desigualdades”.

En esa línea, asegura que “durante la pandemia no fue una prioridad en la emergencia sanitaria y tuvo consecuencias inmediatas”, como demuestra el incremento de los registros de muertes por embarazo, parto y aborto en 2020 y 2021.

A la vez, cuestiona que “tampoco se sostuvo una estrategia para fortalecer la universalidad de acceso y la calidad de la atención”, “la difusión de los servicios es precaria y la fiscalización ante el incumplimiento de protocolos y guías clínicas es débil”. “Las inequidades registradas impactan, desproporcionadamente, sobre las mujeres, infancias y adolescencias de los sectores más vulnerados en sus derechos”, remata MYSU.

Durante la presentación del documento, el jueves pasado en el Palacio Legislativo, Lilián Abracinskas, coordinadora del informe y asesora senior de MYSU, dijo que con el cambio de gobierno se abre una “ventana de oportunidad”, en tanto “gobierna la misma fuerza política” que estaba en el poder cuando “estas normas prosperaron”, y “además tenemos un Poder Ejecutivo que se alinea con que los derechos sexuales y reproductivos tienen que ser parte de la política pública”.

En ese sentido, puso énfasis en la necesidad de que la Administración de los Servicios de Salud del Estado “incorpore salud y derechos sexuales y reproductivos desde la infancia hasta la vejez en el plan quinquenal, porque las desigualdades entre los subsistemas han quedado demostradas”, en los cambios que requiere la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y en la importancia de que las políticas de promoción y prevención “empiecen a incorporar a los varones” para “romper esta herencia de la salud materno-infantil que terminó derivando en salud reproductiva exclusivamente dirigida para mujeres”.

Por su parte, el subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo, agradeció al Observatorio de MYSU por los datos que presenta desde hace años en esta materia y que, según dijo, “constituyen elementos insoslayables para el desarrollo de las políticas públicas”. El jerarca aseguró que “el reconocimiento del movimiento de mujeres y feminista para el gobierno se refleja no solamente en lo discursivo”, sino en que una de las “primeras medidas” que tomó la actual gestión del Ministerio de Salud Pública (MSP) fue “convocar nuevamente” –después de siete años sin sesionar– a la Comisión Nacional Asesora Honoraria de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, una “instancia de conjunción y de síntesis de los principales temas de la agenda de los derechos sexuales y reproductivos” entre los distintos poderes del Estado, la sociedad civil y la academia.

Briozzo adelantó que la comisión está “elaborando en ejes temáticos cuáles serían las prioridades más importantes para tratar de llevar adelante en el ámbito legal algunas, en el ámbito normativo reglamentario otras y en el ámbito de los decretos otras”. En esa línea, dijo que “no está en la agenda” de la cartera plantear cambios legales respecto a la ley de IVE, pero sí “tratar de flexibilizar la reglamentación de la ley vigente porque la situación del país ha cambiado”.

Abortos: crecimiento estable, garantías y barreras

El informe de MYSU revela que desde que se aprobó la ley de IVE, en 2012, se realizaron 117.869 abortos legales, un promedio anual de alrededor de 9.822, según la información aportada por el MSP. Con la excepción de los años 2019 y 2020, en los que se produjo una caída que coincide con la emergencia sanitaria, el crecimiento de los abortos “ha sido sostenido”, mostrando un incremento anual promedio de 0,5%.

El número de abortos legales “refleja la magnitud de una necesidad en salud reproductiva que, antes de la reforma legal, en la gran mayoría de los casos se realizaba de manera ilegal, exponiendo a las personas a riesgos significativos para su salud, vida y seguridad”, señala el documento, y agrega que “esta inseguridad persiste para aquellos que quedan fuera de los márgenes y condiciones estipulados por la ley”.

Las cifras también muestran que el aborto es una decisión firme: en el quinquenio analizado, sólo 5% de las mujeres que informaron su decisión de abortar desistieron durante el proceso. Este dato “cuestiona uno de los supuestos del contenido normativo por el que transitar un proceso engorroso desmotivaría la práctica”, señala MYSU.

Otro de los datos ratifica que la enorme mayoría de los abortos se realiza por propia voluntad de la persona gestante y no por causales: entre 2019 y 2024, se practicaron 52.667 abortos legales; de ese total, 52.453 fueron por voluntad de la persona gestante (99,5%). En cuanto al resto, 27 fueron por la causal violación, 33 por anomalías fetales incompatibles con la vida y nueve por riesgo de salud de la mujer.

Para MYSU, “llama la atención” la baja incidencia de los casos de violación, si se tienen en cuenta “los altos índices de violencia sexual y de género que se registran en el país”. “El plazo establecido de 14 semanas para esta causa no es un tiempo suficiente que permita captar todos los casos y, probablemente, muchos se resuelvan antes o fuera del sistema legal. La exigencia de denuncia policial previa podría actuar como otro factor obstructor para acudir a esta posibilidad”, cuestiona la organización.

A su vez, recuerda que los casos realizados antes del plazo legal de 12 semanas, aun cuando son por violación, se registran bajo la categoría de “propia voluntad”, según informa el MSP. También destaca que “la situación de especial vulnerabilidad de las mujeres y personas gestantes en situación de violencia y abuso puede limitar el acercamiento a los servicios” y que “la falta de una captación oportuna de situaciones de violencia (y su posterior atención integral) agudiza estas dificultades”.

En tanto, reafirma que la objeción de conciencia “sigue operando como una barrera, sin monitoreo adecuado ni control por parte de las autoridades”.

Por otra parte, entre 2020 y 2024 se hicieron 287 abortos en niñas de menos de 15 años, un promedio anual de 57 casos, que se encuentra “un poco por debajo del promedio anual de 63 abortos” en esta población desde la aprobación de la ley. El documento especifica que el número de IVE en este grupo poblacional “presenta un aumento sostenido para el quinquenio, después de alcanzar su mínimo histórico, en 2019, de 35 casos”.

El informe incluye los resultados del estudio que MYSU presentó a fines de 2024 sobre cuánto cuesta un aborto legal en nuestro sistema de salud, un cálculo que arrojó un monto de 20.963 pesos uruguayos, lo que refleja un “sobrecosto” de 33% en comparación con lo que saldría si se siguieran las recomendaciones de las últimas guías de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esto, dice la organización, “sin que exista justificación clínica que lo respalde para asegurar una práctica segura y sin riesgos”.

“Hoy por hoy tenemos suficiente información para decir que hay un sinsentido en la realidad uruguaya y es que más de 10.000 personas por año transitan por una interrupción voluntaria del embarazo que antes de la ley lo resolvían en el sistema ilegal”, señaló Abracinskas durante la presentación. “Lo que hay que preguntarse es cómo puede ser que el país no atendiera a 10.000 personas que hoy transitan por el sistema de salud para resolver un requerimiento que necesitaba. Cuando dicen si se dispararon [los abortos], si son muchos, si ahora son más que antes, mi gran pregunta es si realmente todas las personas que están transitando por un embarazo no deseado, no planificado o no previsto están encontrando la solución segura. Ya les voy diciendo que no todas”, agregó la referente, y mencionó en particular la situación de las migrantes, que por ley no pueden acceder a una IVE si no acreditan haber cumplido un año de residencia en el país.

“El hecho de restringir a que tengan que estar un año de residencia en el país para acceder a un aborto legal es algo que no debe tolerarse. Esta es una de las grandes interrogantes que tenemos a resolver en esta ventana de oportunidad que se abre en estos cinco años”, apuntó Abracinskas.

Aumento de la mortalidad materna y demasiadas cesáreas

MYSU también advierte sobre el incremento de la mortalidad materna durante el período analizado, en particular en el contexto de la pandemia. Según las cifras relevadas, la tasa de mortalidad materna fue de 22,3 en 2020 y de 52,0 en 2021, cuando el promedio anual ha sido de 17,7 desde 2010, “con una tendencia a la baja que se ha visto interrumpida por este pico de dos años”.

Otra de las alertas estuvo puesta en los nacimientos por cesárea, que representaron casi la mitad de los nacimientos (49%) para el período 2020-2024, “muy por encima de las recomendaciones de la OMS”, que estiman como máximo recomendable el 15%. El documento puntualiza que “si bien el alto porcentaje es en todos los prestadores del sistema de salud, hay un número aún mayor en el subsector privado”, que registra “sistemáticamente más cesáreas que partos vaginales desde 2017”.

Teléfono para el gobierno

La organización referente plantea algunas recomendaciones para “contribuir a avanzar en el desarrollo de garantías para ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en el país”.

Entre otras cosas, sugiere “fortalecer la información a la población sobre derechos y servicios de salud sexual y reproductiva” mediante “campañas sostenidas de promoción y prevención en el respeto a las decisiones reproductivas de las mujeres y sus parejas, así como en la autonomía progresiva de infancias y adolescencias, en toda su diversidad”, así como “incluir a los varones en los dispositivos de promoción, prevención y atención para que el goce de la sexualidad sea tan gratificante como responsable, no abusivo ni violento”.

Otras sugerencias incluyen asignar presupuesto para “planes, programas, designación y formación de los equipos a cargo y el aseguramiento de insumos suficientes para los requerimientos” en cada área de salud sexual y reproductiva; “fortalecer la rectoría sanitaria y mejorar en su fiscalización”, y “robustecer el sistema de información” para que “las decisiones en política pública se sustenten en datos que reflejen resultados en base a metas establecidas y fortalezca la transparencia de la gestión”.

En cuanto al aborto, MYSU propone revisar la ley de IVE para “superar los problemas detectados en la reglamentación y en su funcionamiento”, con el foco puesto en “ampliar plazos, condiciones y alcances de manera de asegurar la universalidad en el acceso para evitar embarazos no intencionales o maternidades impuestas”.