Presentarán proyecto de ley para tipificar y sancionar la inducción al suicidio femicida en Uruguay

El colectivo Proyecto Ikove, integrado por sobrevivientes de violencia sexual, activistas y profesionales sensibles al tema, tiene previsto presentar un proyecto de ley que apunta a tipificar y sancionar el suicidio femicida, entendido como aquel que es “inducido o determinado de forma posterior a hechos o contextos de violencia basada en género en las formas descritas en el art. 4 de la Ley N° 19.580 u otros tipos de violencia sexual”, según se lee en la exposición de motivos del borrador, al que accedió la diaria.

La iniciativa propone un agregado para el artículo 315 del Código Penal, que es el que actualmente dispone penas de entre seis meses y seis años de cárcel para la persona que “determinare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo, si ocurriere la muerte”. En concreto, el proyecto plantea la creación del artículo 315 BIS, que establecería penas específicas para los casos en que la inducción al suicidio esté precedida por cualquier forma de violencia basada en género o violencia sexual.

Victoria Brückner, abogada e integrante del colectivo, señaló a la diaria que, en términos legales, la importancia de tipificar el delito de inducción al suicidio femicida, en concreto, radica en que actualmente la redacción del artículo 315 no contempla de forma explícita “la existencia de una violencia previa como la expresión de la motivación del suicidio, que es el fundamento teórico que tiene el suicidio femicida; que, en realidad, la mujer toma la decisión de matarse motivada por la situación de violencia que sufrió de forma previa”. La abogada explicó que, al ser un elemento que “no está previsto de manera explícita, dejaría al libre albedrío la decisión judicial de cada caso en entender si el hecho de existir una violencia previa constituye o no una determinación para esa persona a eventualmente suicidarse”.

La idea de redactar el proyecto empezó a gestarse hace un tiempo, cuando las integrantes de Ikove colectivizaron su preocupación por “la cantidad de intentos de suicidio y de pensamientos suicidas que tienen las víctimas de violencia sexual”, relató a la diaria Victoria Marichal, psicóloga especializada en violencia de género y una de las fundadoras del grupo. Sin embargo, las activistas tomaron la decisión de concretar esa idea luego de que trascendió el caso de Milagros Chamorro, la joven que se suicidó en octubre de 2024 después de denunciar una violación grupal, porque “fue muy significativo en cuanto a que todas las instituciones que tenían que hacerse cargo fallaron y no pudieron dar respuesta”, apuntó Marichal.

Para la psicóloga, en materia de salud mental, tipificar el suicidio femicida tendría un efecto “desculpabilizante” para muchas de las víctimas: “Da la tranquilidad de decir ‘no es que yo no estoy haciendo lo suficiente o no me estoy cuidando o tratando, sino que esto que me está pasando, tener ideas de muerte, es una forma en la que se manifiesta la violencia que me tocó vivir’”. Además, de cierta forma, “exige que el Estado se haga responsable”. “Tiene que haber políticas de prevención y de reparación. Porque ¿qué pasa cuando una persona ya vivió esa situación? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo garantizamos que tenga una vida vivible, con salud mental, con acceso al disfrute, a la recuperación, a la restauración de los derechos?”, cuestionó Marichal, y agregó en ese sentido que presentar el proyecto propone “abrir el debate a las necesidades específicas que tenemos las víctimas de violencia sexual, violencia basada en género y violencia doméstica, que requieren abordajes especializados”.

Al mismo tiempo, dijo, “pone la responsabilidad donde tiene que estar”, porque, ante un suicidio femicida, si bien “la persona que se quitó la vida lo hizo por mano propia, la responsabilidad de esa muerte es otra; tenemos que poder poner una responsabilidad sobre los agresores”.

El colectivo viene trabajando desde hace meses con algunas senadoras sobre este proyecto y sobre otro que propone declarar el 9 de agosto como Día Nacional de Solidaridad con Sobrevivientes y Víctimas de Violencia Sexual. De hecho, las integrantes adelantaron que la intención es presentar las dos iniciativas en las próximas semanas, antes de ese día.

Las claves del proyecto de suicidio femicida

En la exposición de motivos, las impulsoras aseguran que el proyecto responde a la “necesidad de reconocer y abordar una forma extrema de violencia que, aunque no siempre visible, tiene consecuencias devastadoras para las víctimas y sus entornos”. En esa línea, señalan que, “a pesar de los avances legislativos y las políticas públicas implementadas, las estadísticas muestran que muchas mujeres siguen siendo víctimas de diversas formas de violencia, algunas de las cuales culminan en suicidios que, en realidad, son el resultado de un proceso sistemático de abuso y coerción”. Para las redactoras, “la ausencia de una tipificación específica para el suicidio femicida en nuestro ordenamiento jurídico genera un vacío normativo que impide una adecuada respuesta penal y la visibilización de estas muertes como consecuencia directa de la violencia de género”.

Ikove recuerda que “diversos estudios y casos han evidenciado que muchas mujeres que se suicidan lo hacen tras haber sido sometidas a situaciones prolongadas de violencia física, psicológica, sexual o económica”, y enfatiza en que estos suicidios “no son actos aislados ni decisiones autónomas, sino el resultado de un proceso de vulneración de la autoestima y la voluntad de la víctima por parte del agresor”. A su vez, el colectivo afirma que, de acuerdo con lo que indica la literatura, la violencia de género “incrementa notablemente el riesgo de ideación suicida, intentos de suicidio y suicidios consumados en las víctimas, principalmente mujeres”.

La primera en referirse al fenómeno con la expresión “suicidio femicida” fue la activista y escritora feminista sudafricana Diana Russell, en la Conferencia Internacional sobre Violencia, Abuso y Ciudadanía de la Mujer de 1996. Lo que ella planteaba en ese entonces era que “los abusos reiterados en un contexto patriarcal extremo pueden llevar a una víctima a percibirse sin salida, induciendo la decisión suicida”, como traen a cuento las activistas en el texto. También puntualizan que, luego de varios años de investigación, Russell desarrolló con mayor amplitud la tipología del suicidio femicida, en la que identifica aquellos suicidios realizados por mujeres “obligadas a matarse a sí mismas, por ejemplo por maridos abusivos, padres, padrastros [sic], hijos, acosadores, perpetradores de incestos”, es decir, “mujeres que, a causa del abuso masculino, se destruyen a sí mismas”. En todos esos casos, “las mujeres actúan como agentes de perpetradores masculinos” en atención al daño que produjeron las acciones violentas anteriores sobre ellas.

Ikove menciona dos casos recientes que ilustran el problema en Uruguay. Primero, el de Chamorro, que describe como “un ejemplo doloroso de cómo la falta de respuesta efectiva del sistema puede llevar a estos desenlaces trágicos”. El otro caso es el de Lucía, “que en 2022, luego de ser víctima de una violación grupal por parte de tres efectivos de la Guardia Republicana, se suicidó”. “Estos y otros casos similares ponen de manifiesto la necesidad de contar con herramientas legales que permitan identificar y sancionar adecuadamente estas situaciones”, agregan las promotoras del proyecto.

“El suicidio femicida es una manifestación extrema y devastadora de la violencia de género que, hasta ahora, ha permanecido invisibilizada en nuestro ordenamiento jurídico. La tipificación de este delito es un paso necesario para reconocer la gravedad de estas situaciones, sancionar adecuadamente a los responsables y brindar justicia y reparación a las víctimas y sus familias”, concluyen las integrantes de Ikove, a la vez que aseguran que la aprobación de este proyecto de ley “contribuirá a fortalecer la lucha contra la violencia de género y la violencia sexual en Uruguay y a garantizar una vida libre de violencia para todas las personas”.

Marco regional y normativa comparada

El colectivo recuerda que el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género, elaborado por ONU Mujeres y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “recomienda investigar los suicidios de mujeres en contextos de violencia de género como posibles femicidios, dada la posibilidad de que hayan sido inducidos o forzados por el agresor”.

También puntualiza que el Comité de Expertas del Mesecvi (Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, de la Organización de Estados Americanos) desarrolló la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Muerte Violenta de Mujeres y Niñas, que “prevé una tipificación concreta para el caso especial del suicidio feminicida por inducción o ayuda”. Según señala Ikove, ese documento establece sanciones para “cualquier hombre que induzca u obligue a una mujer al suicidio o le preste ayuda para cometerlo”, con “la pena prevista para la inducción o colaboración en el suicidio aumentada de un tercio a la mitad” cuando el suicidio “fuera precedido por cualquier forma de violencia de género del actor contra la víctima” o en los casos en que “el agresor se haya aprovechado de la superioridad generada por las relaciones preexistentes o existentes entre él y la víctima”.

En paralelo, el texto especifica que existen al menos tres países de la región que, de distintas maneras, consagran la figura penal de suicidio femicida en sus marcos normativos: El Salvador, Venezuela y Bolivia. Sus experiencias, dicen, “demuestran la viabilidad y la importancia de contar con una tipificación específica que permita abordar adecuadamente el suicidio femicida, garantizando justicia para las víctimas y sus familias”.