El Frente Amplio (FA) definió en estos días cuáles son los proyectos de ley que priorizará este año. En la lista, que incluye una quincena de propuestas, aparece la iniciativa para declarar imprescriptibles los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes. El proyecto fue presentado por la bancada frenteamplista del Senado en agosto de 2020, no logró avanzar, terminó encajonado al final de la legislatura pasada y fue desarchivado en marzo de este año, cuando ingresó a estudio de la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género de la cámara alta. Lo que propone es modificar el artículo 119 del Código Penal para que los delitos como la violación, el abuso sexual o el atentado violento al pudor contra las infancias y adolescencias no prescriban.

Durante el recorrido, la propuesta recabó el respaldo de activistas, académicas y legisladoras, que aseguran que su aprobación saldaría varias de las deudas que el Estado uruguayo tiene con las víctimas de violencia sexual. Este año también fue apoyado públicamente por jerarcas como la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, y la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Xavier.

Cosse, de hecho, expresó recientemente su intención de que “el Parlamento esté de puertas abiertas” para debatir sobre la imprescriptibilidad de los delitos sexuales y “para que avance de la mejor manera en la Comisión de Género [del Senado] para finalmente ir al pleno para su votación”. Lo hizo el 8 de agosto, en la apertura de la jornada “Resistir para transformar: diálogos urgentes sobre violencia sexual”, organizado por el colectivo Proyecto Ikove en el marco del Día Regional de Solidaridad con Víctimas y Sobrevivientes de Violencia Sexual.

En esa misma ocasión, Ikove presentó formalmente ante la diputada del FA María Inés Obaldía un proyecto de ley que busca tipificar y sancionar el suicidio femicida. La iniciativa –que será remitida a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, adelantó Obaldía–, propone incorporar un agregado al artículo 315 del Código Penal (sobre determinación o ayuda al suicidio) que establecería penas específicas para los casos en que la inducción al suicidio esté precedida por cualquier forma de violencia basada en género o violencia sexual.

Los dos proyectos de ley contemplan, en definitiva, garantías para la protección, reparación y atención a víctimas de violencia sexual y estuvieron en el centro de la actividad que organizó Ikove, que reunió distintas perspectivas sobre cada temática.

Tanto en el panel que giró en torno al suicidio femicida como en el dedicado a la imprescriptibilidad de los delitos sexuales tuvieron voz no sólo legisladoras, jerarcas, especialistas y representantes de organismos internacionales, sino también víctimas y sobrevivientes.

Imprescriptibilidad, derecho al tiempo y justicia

La mesa sobre imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes abrió con el testimonio de Gabriela Elena, integrante de Ikove, estudiante de educación social y educación sexual integral y sobreviviente de violencia sexual. Ella contó que, según la legislación vigente, su caso va a prescribir en unos meses. “Eso quiere decir que tengo unos meses para decidir si denuncio o no. Es como si dentro de mí sonara un reloj, y no es un reloj cualquiera. Es uno que me corre desde el miedo, desde la presión, desde el lugar en que se nos pone cuando se cree que la responsabilidad de buscar justicia recae sólo sobre la víctima”, relató.

“Yo no me callé porque no supiera que estaba mal o porque no me doliera; me callé porque no podía hablar, porque ponerlo en palabras requiere tiempo y en la mayoría de los casos requiere años. Y recién hace poco pude empezar a hacerlo [...] Por eso quiero decir algo muy claro: que los casos no prescriban nos da tiempo. Tiempo para procesar, para sanar, para entender. Tiempo para animarnos, para organizarnos. Para hablar, si es que alguna vez queremos hacerlo”, agregó Gabriela.

Para la activista, el debate tiene que ver también con el “mensaje que da el Estado” respecto de “construir un país donde el silencio no sea la única opción” y donde el “modelo de justicia no se base en el olvido, sino en la reparación”.

A unos metros de ella, la senadora del FA Bettiana Díaz, que integra la comisión en la que ingresó el proyecto, reafirmó que el tema es “una prioridad para este año” en la bancada oficialista y se comprometió a “hacer todo lo posible por darle trámite rápido”. “Sé que no va a ser fácil, sé que vamos a tener que escuchar discursos que todo este tiempo escuchamos, pero tenemos que caminar juntas, superar esto y generar una solución urgente para quienes siguen esperando, porque esto se está pagando con la vida de muchas personas y es lo que el Estado uruguayo tiene que entender”, planteó.

En nombre del gobierno también participó la abogada Rosa Anselmi, asesora de Inmujeres, quien ratificó que el instituto está “muy de acuerdo con que la ley se modifique y los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes sean imprescriptibles”. La representante dijo que “deben ser imprescriptibles porque son gravísimos”, pero, además, porque “las víctimas pueden denunciar cuando están en condiciones de denunciar, y esas condiciones tienen que ver con muchos factores ambientales, hasta físicos, psicológicos y emocionales”. “Ese derecho al tiempo tiene que estar reconocido, y la imprescriptibilidad del delito es una forma de reconocerlo”, zanjó.

Anselmi aclaró que este sería “un paso más y que no es suficiente porque, seguido al cambio en la ley, tienen que adecuarse las políticas públicas con las que el Estado uruguayo también tiene la obligación de actuar con la debida diligencia no sólo para atender sino para erradicar la violencia basada en género”.

En un sentido similar fue la intervención de Mariela Solari, exdirectora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía y actual analista especializada en estado de derecho y derechos humanos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Desde su antiguo rol, advirtió que “una cosa es que se pueda aprobar” el proyecto de imprescriptibilidad y “otra cosa es después la implementación de la normativa”, que “implica cambiar prácticas del sistema de justicia, de cómo se evalúa desde la investigación criminal, de cómo un fiscal analiza cómo le llega ese testimonio, de cómo la Policía y la Fiscalía trabajan ese caso, y después cómo lo analiza un juez y cómo trabajan las defensas en esto, con qué elementos y con qué estándar de calidad”.

A su vez, reivindicó el derecho al tiempo en varias dimensiones: “El tiempo en que las víctimas pueden procesar lo que pasó, el tiempo que requiere poder tener un entorno seguro y de confianza para decir lo que pasó”, y el de las prácticas institucionales, en tanto “de nada va servir tener una buena norma” si después de que la víctima presentó la denuncia, con todo lo que eso conlleva, “transcurren tres o cuatro años sin que pase nada porque hay 4.000 casos en la bandeja de Fiscalía”.

Suicidio femicida: “Si no lo nombramos, no existe, y si no existe, no hay responsables”

La primera en hablar en el otro panel fue Nadia Tesija, integrante de Ikove, que narró su experiencia personal como sobreviviente de violencia sexual y suicidio femicida. La activista contó que empezó a atravesar situaciones de violencia sexual intrafamiliar cuando tenía siete años y que a esa edad tuvo su primer intento de autoeliminación.

Sin embargo, señaló que nadie en su entorno “pudo ver o dimensionar la gravedad de todo esto”. “Traigo esto para que podamos dimensionar el desamparo que solemos afrontar quienes fuimos víctimas de violencia sexual y violencias basadas en género y generaciones, donde la vulneración ya es total y, como si no fuera suficiente, nos enfrentamos a familias, instituciones educativas y profesionales de la salud que no tienen la formación adecuada para intervenir de manera oportuna sin patologizarnos ni estigmatizarnos”, apuntó.

“Es fundamental que se pueda entender que para alguien que padeció estas violencias es muy difícil sostener la existencia. Yo hoy puedo estar acá, pero hay muchas vidas que nos faltan. Vidas que valían la pena ser vividas y no pudieron encontrar la forma de resignificar el dolor. Por ellas y por mí, debo exigir respuestas en forma de acciones. No quiero promesas. Necesitamos compromiso real”, exigió Nadia. Y continuó: “Porque justicia es que no pase, pero, si pasa, tenemos derecho a seguir existiendo. Porque nadie se salva solo, hoy les pido a las autoridades y referentes del Estado y de las instituciones que están acá presentes, con el mayor de los respetos, que no nos sigan dando la espalda, que estén a la altura de esta causa colectiva y que, en definitiva, sepan cumplir”.

Victoria Marichal, psicóloga especializada en violencia sexual y una de las fundadoras de Proyecto Ikove, hizo un repaso cronológico de cómo nació la idea de redactar el proyecto de suicidio femicida y cómo el caso de Milagros Chamorro, la joven que se suicidó en octubre de 2024 después de denunciar una violación grupal, fue el impulso que precisaba el colectivo para ponerse manos a la obra. “Lo que buscamos hoy es nombrar que hay muertes que son consecuencias directas de la violencia basada en género o de la violencia sexual y de un sistema que falló en protegerlas [...] Si no lo nombramos, no existe, y si no existe, no hay responsables, no hay reparación y no hay justicia”, esgrimió.

La especialista destacó que la iniciativa “no apunta solamente a la tipificación del suicidio femicida como delito, sino que sienta las bases para empezar a pensar con urgencia políticas públicas de prevención y reparación que intersecten las políticas de salud mental con la realidad específica de las víctimas y sobrevivientes de violencia basada en género”.

En esa línea, abogó por enfoques de atención a sobrevivientes que sean “informados en trauma”. “Necesitamos entender que, cuando vivimos una violencia traumática, hay alteraciones neurobiológicas que dentro de las consecuencias generan una sensación de amenaza constante, de falta de salida, de desamparo, y que en respuesta a eso la persona siente que no tiene escapatoria, que el dolor es eterno y que la única forma de terminarlo es morir”, explicó. “Eso no es una decisión individual”, continuó; “es una respuesta del sistema colapsado tras enfrentarse a la violencia una y otra vez, pedir ayuda y no obtenerla”.

Marichal aseguró que la eventual aprobación del proyecto de ley implicaría “justicia para las que ya no pudieron seguir y reparación para todas las víctimas y sobrevivientes que hoy están vivas luchando con la ideación suicida y los intentos de autoeliminación”.

“Como nada podemos esperar si no es de nosotras mismas, quiero recibir este proyecto de ley de suicidio femicida pensando en incorporarlo a nuestro Código Penal como una figura que hoy no existe”, afirmó Obaldía minutos después, con el documento entre manos. La diputada dijo que la iniciativa es “una forma de asumir que el derecho puede y debe ser una herramienta de reparación, de prevención y de protección”. “Estamos diciendo que estas muertes tienen causas evitables y que el Estado tiene una responsabilidad. Queremos un país que no les dé la espalda a las mujeres que ya no pueden hablar. Necesitamos empezar por nombrarlas”, puntualizó.

En el panel también participó la exsenadora del FA Silvia Nane, una de las principales impulsoras de la agenda de género en la anterior legislatura, quien consideró que “estaría bueno” que estos dos proyectos, junto con el que busca aumentar la edad mínima para el matrimonio, “salgan en esta legislatura”, para “mínimamente empezar a encarar los elementos simbólicos de la protección”.