Dos semanas después de obtener luz verde en la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género, el Senado aprobó este miércoles, por unanimidad, el proyecto de ley que establece el aumento de la edad mínima para contraer matrimonio en Uruguay. La iniciativa, presentada por la bancada del Frente Amplio (FA), propone modificar el artículo 91 del Código Civil –que refiere a los impedimentos dirimentes para el matrimonio– con el objetivo de aumentar la edad mínima requerida para casarse de los 16 a los 18 años.

El texto habilita como única excepción los casos de adolescentes mayores de 16 años que tengan una autorización judicial. Según dispone la propuesta votada, a la que accedió la diaria, el juez competente “analizará el grado de evolución” de las facultades de la o el adolescente y “adoptará la decisión en base a su interés superior, respetando su derecho a ser oído y a la asistencia letrada”, en consonancia con lo que establece la Convención de los Derechos del Niño y el Código de la Niñez y la Adolescencia.

El proyecto de ley había sido presentado por el FA en abril de 2023, a impulso de la exsenadora Silvia Nane, llegó a debatirse en la comisión de la cámara alta pero no logró avanzar y quedó encajonado al final de la legislatura pasada. En marzo de este año, en el marco del 8M, fue desarchivado a pedido del oficialismo junto con el proyecto para la imprescriptibilidad de los delitos sexuales y el que busca sistematizar los datos sobre la brecha salarial de género. El proyecto original que se debatió hace dos años proponía la excepción para mayores de 16 años que tuvieran el consentimiento de los progenitores; la nueva redacción judicializa el proceso y sustituye la autorización de los padres por la de un juez.

La senadora frenteamplista Constanza Moreira, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y miembro informante en la sesión de este miércoles, reconoció que las recomendaciones de organismos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) es aumentar la edad de matrimonio sin excepciones, pero valoró que “la nueva redacción asegura un vínculo más claro entre la normativa civil y los principios rectores del derecho de la niñez y la adolescencia, fortaleciendo la coherencia normativa”.

Además del cambio en la edad mínima, que es el “corazón de proyecto”, el texto sustituye y deroga otros artículos “para armonizarlos con esta norma”, explicó la legisladora.

Un “avance sustantivo” en la protección de las niñas y adolescentes

En su alocución, Moreira recordó que los organismos internacionales advierten respecto de que estas uniones “limitan la capacidad de las niñas, niños y adolescentes para construir un proyecto de vida autónomo y afecta sus etapas de desarrollo psicosocial al imponer las responsabilidades propias del mundo adulto”, al tiempo que “condicionan su acceso y permanencia en el sistema educativo”.

También presentó algunas cifras para ilustrar el panorama en nuestro país, donde entre 2020 y 2024 se registraron 84 matrimonios en los que una o las dos personas eran menores de 18 años. La senadora señaló que 91,5% de estos matrimonios son de “mujeres menores con hombres mayores”, que 66% tenía menos de 17 años y 34% menos de 16. A la vez, resaltó que, para la celebración de estos matrimonios, se contó con el consentimiento de los progenitores legítimos o naturales y, en caso de ausencia, de los abuelos. Por otro lado, en 62% de los casos, la edad del mayor era entre 18 y 22 años; 20% tenía entre 23 y 27, 11% entre 28 y 36, y, aunque son excepcionales, “hay algunos casos de personas de 40 a 44 y de hasta 78 años que se casaron con menores de 16 años”.

Moreira destacó que “la evidencia estadística demuestra que el matrimonio infantil y las uniones tempranas están vinculados a la desigualdad educativa y socioeconómica”, en tanto 23% de las mujeres que alcanzaron sólo estudios primarios se encontraban casadas antes de los 18 años.

En este escenario, la iniciativa “constituye un avance sustantivo en la prevención del matrimonio infantil, en la protección de los derechos de niñas niños y adolescentes, y en la coherencia normativa del Código Civil. Su aprobación significará una adecuación importante del ordenamiento nacional a los compromisos internacionales asumidos con el Estado uruguayo”, concluyó la legisladora.

Durante la discusión en el plenario, senadoras y senadores de los distintos partidos destacaron el trabajo serio, en conjunto y “ágil” que realizó la comisión y celebraron el consenso alcanzado. Además, resaltaron el aporte de la academia: el proyecto votado se basa en la recomendación que presentó el Instituto de Derecho Civil Salas I y IV de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, a cargo de la catedrática Beatriz Ramos Cabanellas, que fue mencionada en varios tramos del debate.

A favor, pero con reparos

El proyecto se aprobó en el Senado con 26 votos sobre 26. Sin embargo, algunos senadores de la oposición que intervinieron en el debate aseguraron que lo apoyaban pese a tener algunos reparos. El nacionalista Sergio Botana, por ejemplo, dijo que lo votaría “a pesar de que va en el sentido exactamente inverso” de lo que piensa, en tanto la iniciativa “es una limitación de derechos”. Esto es porque, a su entender, la mayoría de edad en Uruguay debería establecerse a los 16 años.

“Si se produce un día una discusión de reforma constitucional, me van a ver con una banderita que es la de la mayoría de edad a los 16 años. Creo que la sociedad debería reconsiderar el cambio de esta convención y que deberíamos reconocerle a los muchachos la posibilidad de participar en la sociedad decidiendo, con su voto, lo cual implica, obviamente, todos los derechos; es manejar, es casarse, es trabajar”, argumentó. En esa línea, dijo que votaba la propuesta “en reconocimiento del trabajo, de los acuerdos, y en confianza de la sabiduría de los legisladores que han llevado adelante la iniciativa”, pese a que considera que “hay que ir para el lado de todos los derechos y todas las obligaciones a los 16”.

Por su lado, el senador colorado Gustavo Zubía afirmó que “sin perjuicio” de votar favorablemente, identifica “ciertas dificultades de comprensión”, sobre todo en la decisión de fijar la excepción en los 16 años. “Reivindico las posiciones de una comisión que se ve que ha estudiado el tema, [pero] hubiera preferido un guarismo inferior de 15 años para dar amplitud a un marco social que solamente desde el punto de vista de la legislación no lo vamos a poder modificar”, puntualizó.