En menos de un mes terminará el receso parlamentario y comenzará, oficialmente, el segundo año de esta legislatura. Si en 2025 el Parlamento se concentró en atender urgencias y aprobar proyectos fundamentales –como el de presupuesto–, 2026 podría ser un escenario propicio para que se amplíen discusiones legislativas postergadas. Las iniciativas vinculadas a temas de género podrían entrar en esa categoría.

El año pasado, una de las iniciativas aprobadas en la materia fue la que aumenta de 16 a 18 años la edad mínima para contraer matrimonio, que, luego de obtener el respaldo unánime del Senado, tuvo la sanción definitiva de la Cámara de Representantes el 2 de diciembre. También avanzó el proyecto de ley que declara de interés nacional la obtención de datos sobre brecha salarial de género y mandata al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) la elaboración de un indicador para sistematizar esa información. En este caso, el texto fue aprobado por el Senado en agosto y poco antes del receso parlamentario tuvo el visto bueno de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Representantes, por lo que el terreno está allanado para que obtenga la sanción definitiva en los próximos meses.

A unas semanas de que se reactive el movimiento en el Palacio Legislativo, la diaria hizo un repaso de algunos proyectos de ley que abordan cuestiones de género y hoy están pendientes de estudio en las dos cámaras, sobre todo para conocer qué proponen y cuáles tendrían más posibilidades de aprobarse en el corto plazo.

Iniciativas en el Senado

La Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género del Senado tiene varias propuestas en el tintero. Una de ellas es la que propone declarar imprescriptibles los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, que fue presentada por la bancada del Frente Amplio (FA) de la cámara alta en agosto de 2020, no logró avanzar, terminó encajonada al final de la legislatura pasada y fue desarchivada en marzo de 2025.

El proyecto, que propone modificar el artículo 119 del Código Penal para que los delitos como la violación, el abuso sexual o el atentado violento al pudor contra las infancias y adolescencias no prescriban, fue incluido en la lista de prioridades legislativas que tenía el oficialismo para el año pasado. Incluso la vicepresidenta Carolina Cosse dijo públicamente que el Parlamento estaba “de puertas abiertas” para que avanzara y la senadora frenteamplista Bettiana Díaz se comprometió a “hacer todo lo posible para darle trámite rápido”, las dos en un mismo evento sobre violencia sexual en agosto. Sin embargo, no avanzó.

La presidenta de la comisión, la senadora del FA Constanza Moreira, señaló en la última sesión de 2025, el 8 de diciembre, que el debate sobre este proyecto se retomaría a inicio de año y adelantó que “va a estar ligado a un conjunto de seminarios”. “Va a haber iniciativas de debate parlamentario con académicos, con operadores jurídicos, con legisladores, con feministas, con Inmujeres, a los efectos de que demos una discusión un poco más profunda o más amplia que la que puede darse en esta comisión. Entiendo que vamos a iniciar el año con un seminario sobre imprescriptibilidad de los delitos sexuales”, señaló en esa ocasión, según consta en la versión taquigráfica.

En diálogo con la diaria, Moreira dijo que los proyectos desarchivados son “lo primero que van a tratar” cuando se retome la actividad en la comisión. En ese sentido, además del de imprescriptibilidad, mencionó el de inscripción de hijas e hijos de parejas del mismo sexo, que la comisión del Senado empezó a tratar en setiembre del año pasado. La iniciativa –que había sido presentada por el exdiputado frenteamplista Enzo Malán y que es una de las banderas del colectivo Dos Mamás– propone modificar el artículo 27 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que contempla el registro del “hijo habido dentro del matrimonio homosexual” o del hijo adoptivo de “parejas homosexuales, cónyuges o concubinos entre sí”, para que incluya a hijas e hijos que nazcan “dentro o fuera del matrimonio” (lo que abarcaría tanto a uniones homosexuales como heterosexuales).

Entre octubre y diciembre de 2025, la comisión introdujo modificaciones tras las sugerencias del Instituto de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y la Asesoría Letrada de la Dirección Nacional del Registro de Estado Civil, de acuerdo a lo que se lee en las versiones taquigráficas. La idea era aprobarlo antes de fin de año, pero “quedó a medio camino”, apuntó Moreira, así que será uno de los proyectos que se retomarían en el corto plazo.

Otro que está en manos de esta comisión es el que propone un cupo mínimo de 50% de mujeres y disidencias en espectáculos musicales “organizados, auspiciados o que utilicen, de manera directa o indirecta, dineros de origen estatal”, inicialmente presentado en 2021 por las exsenadoras Sandra Lazo (FA) y Gloria Rodríguez (PN).

La Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género también tenía a estudio el proyecto de “Regulación de la extensión del derecho de licencia maternal de las magistradas pertenecientes al Poder Judicial”, impulsado por la bancada del FA en la pasada legislatura y retomado en 2025, pero quedó suspendido después de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) informara a la comisión que “no se puede legislar” sobre este tema porque “históricamente, es la propia SCJ, a través de acordada, quien resuelve cuáles son las licencias”, de acuerdo a lo que se desprende de la versión taquigráfica de la sesión del 8 de diciembre y ratificó Moreira en diálogo con la diaria.

La senadora adelantó además que existe la posibilidad de elaborar un nuevo proyecto de ley sobre “democracia paritaria”, después de que naufragara el intento de aprobar la ley de paridad en la anterior legislatura. “Hay acuerdo con la idea, pero todavía no tenemos un texto o una iniciativa más o menos compartida con mujeres de otros partidos para avanzar en ese sentido”, afirmó la legisladora.

Nuevos intentos de modificar la ley de violencia de género

La Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género del Senado también tiene pendientes de estudio dos proyectos que buscan modificar la Ley 19.580. Son iniciativas que fueron presentadas en 2024 –entre cuestionamientos de organizaciones feministas y expertas en violencia de género–, no registraron avances y se desarchivaron al comienzo de este período. Las dos tienen como argumento central un supuesto aumento de las “denuncias falsas” por violencia de género, en contra de lo que expone la evidencia disponible.

Los senadores del Partido Colorado (PC) Gustavo Zubía, Andrés Ojeda y Robert Silva presentaron un proyecto que pretende “subsanar” algunos “excesos” de la ley que, a su entender, “con la finalidad de proteger los derechos de la mujer”, terminaron “quebrantando derechos del hombre, al ubicarlos en planos muy desparejos al momento de la intervención judicial”, apunta la exposición de motivos. En particular, propone modificar cuatro artículos: el 3, relativo a la interpretación de la norma; el 46, sobre la valoración de la prueba; el 59, respecto de la denuncia, y el 80, acerca de la reparación económica para las víctimas.

Por otro lado, está el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo encabezado por Luis Lacalle Pou en mayo de 2024, que en esta legislatura fue desarchivado a pedido de la senadora Graciela Bianchi, del Partido Nacional (PN). En una línea parecida, el argumento que se esboza en la exposición de motivos tiene que ver con que, “en su génesis”, la ley de violencia de género “buscó subsanar una situación de vulnerabilidad de la figura de la mujer”, pero, “lamentablemente, ese fin perseguido por ley no se ha alcanzado, ya que en la actualidad siguen abrumando las consecuencias nefastas originadas en delitos de género”. Este texto también propone modificar los artículos 3, 46, 59 y 80.

Moreira señaló a este medio que, “obviamente, el FA y la sociedad civil se han manifestado muy en contra de todas esas modificaciones” y recordó que el oficialismo tiene mayoría en esa comisión, por lo que las chances de que las iniciativas prosperen son pocas.

Violencia sexual digital

En un momento en el que avanzan en el mundo distintas leyes sobre violencia de género digital, las dos cámaras del Parlamento uruguayo tienen a estudio dos proyectos vinculados específicamente a la violencia sexual digital. Por un lado, el diputado Gabriel Gurméndez, del PC, presentó en julio una iniciativa que propone modificar el artículo 92 de la Ley 19.580, referente a la penalización de divulgación de imágenes o grabaciones con contenido íntimo, para agregar aquellas que son creadas con inteligencia artificial (IA). La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Representantes a mediados de diciembre y ahora está en manos de la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género del Senado.

El otro proyecto fue promovido por la diputada Roxana Berois, del PN, y también apunta a penalizar la “difusión de imágenes íntimas, sexuales o explícitas, incluyendo aquellas generadas mediante IA o medios digitales, sin el consentimiento de la persona afectada”. En este caso, no modifica la ley de violencia de género, sino que crea una norma independiente. Esta propuesta, además de prever penas para quienes cometen los delitos, dispone que “las plataformas digitales que permitan la publicación de este tipo de contenido deberán implementar mecanismos ágiles de denuncia para las víctimas, eliminar el material ofensivo en un plazo no mayor a 48 horas tras recibir la notificación, e informar públicamente sus políticas de respuesta y remoción de contenido íntimo no consentido” o, de lo contrario, podrían enfrentar “sanciones de carácter civil o penal”. El texto ingresó en setiembre a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la cámara baja y continúa allí desde entonces.

Violencia hacia niñas, niños y adolescentes

Entre las iniciativas que abordan la violencia específica contra infancias y adolescencias aparece la de “Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia”, presentada en noviembre por las diputadas y diputados del FA y que tomó notoriedad pública después de los infanticidios vicarios cometidos por Andrés Morosini contra su hija y su hijo. La iniciativa, que ingresó a la Comisión Especial de Población y Desarrollo de la cámara baja, introduce modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia y a la Ley 19.580 para adaptarla a nuevos escenarios de vulneraciones que atraviesan las infancias en la actualidad.

Entre otras cosas, reconoce y tipifica las violencias vicaria, digital y comunitaria, y garantiza derechos específicos a las infancias víctimas de violencia. A su vez, deroga la ley de tenencia compartida, aprobada en 2023, por “imponer la tenencia compartida obligatoria”, “habilitar la figura del agravante por ‘falsa denuncia’, contraria a los estándares internacionales de derechos humanos”, y “exponer a infancias y adolescencias a la revinculación con padres agresores”, según se señala en la exposición de motivos.

Otro proyecto, que reposa en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, busca la “Prevención y combate de la trata y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el ámbito de los viajes y el turismo”, y fue presentado también en noviembre por el diputado del PN Álvaro Dastugue. Como dice el título, apunta a reforzar la protección de las infancias en un sector donde “la informalidad, la precariedad laboral, el uso anónimo de plataformas digitales y la limitada fiscalización facilitan escenarios donde la trata y la explotación sexual pueden desarrollarse con impunidad”, de acuerdo a lo que expone el texto legislativo.

En ese escenario, la propuesta apuesta por establecer mecanismos efectivos de fiscalización y sanción progresiva, además de garantizar la asistencia integral a las víctimas (atención en salud física y mental, alojamiento y protección temporal, asesoramiento jurídico gratuito, medidas de reparación y reinserción social). También incorpora un nuevo capítulo a la Ley 19.253 de regulación de la actividad turística, estableciendo responsabilidades para el Ministerio de Turismo, los gobiernos departamentales y los prestadores de servicios turísticos.

La deuda pendiente con las trabajadoras sexuales

Una vez más, el Parlamento uruguayo vuelve a tener entre manos la posibilidad de agiornar la ya vetusta Ley 17.515 de trabajo sexual, aprobada en 2002, y responder a los reclamos que los colectivos de trabajadoras sexuales sostienen desde hace años. En este sentido, Pedro Jisdonian (PN) y María Eugenia Roselló (PC) presentaron en abril del año pasado un proyecto que actualiza otro que ambos impulsaron en 2024, que llegó a aprobarse en Diputados pero no prosperó. La iniciativa deroga la normativa vigente y, entre los principales cambios que plantea, establece la eliminación del actual Registro Nacional de Trabajo Sexual –que funciona en la órbita de los ministerios del Interior (MI) y de Salud Pública (MSP)– para crear el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras Sexuales en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

A la vez, especifica los motivos por los que se puede presumir que existe “proxenetismo” y establece más requisitos para conceder la habilitación de locales donde se ejerce el trabajo sexual, incluido el de no tener “antecedentes penales o involucramiento en los delitos de trata o tráfico de personas con fines de comercio sexual, explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, violencia basada en género, proxenetismo, tráfico o comercialización de drogas”.

Por su parte, el FA presentó en agosto un proyecto de ley que no deroga la Ley 17.515 por completo, sino que anula 18 artículos e introduce modificaciones en otros 15, con el objetivo de “garantizar el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos de quienes desarrollan esta actividad, eliminando enfoques punitivos e higienistas, y reafirmando una mirada basada en el reconocimiento laboral de las personas que ejercen el trabajo sexual como medio de vida”, según señala la exposición de motivos. En este caso, la fuerza política retoma un proyecto presentado en 2021 e “incorpora aportes presentados por diversas delegaciones ante la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social” de la cámara baja.

El proyecto del FA propone, entre otras cosas, la “unificación de registros existentes de personas que ejercen el trabajo sexual y la radicación del registro único en el MTSS”, y establece que también sea esa cartera la que expida el carné de trabajo sexual y lidere la Comisión Nacional de Trabajo Sexual (la otra propuesta le confiere esos dos roles al MSP).

En las dos iniciativas se asegura que la elaboración contó con la participación de colectivos de trabajadoras y trabajadores sexuales y, en el caso de la del FA, reconoce también la “incorporación de elementos” de los proyectos presentados por Roselló y Jisdonian.