Los cambios sociales y tecnológicos que se dan casi de forma diaria en el mundo hacen que sea necesario modificar “mucho” de las respuestas que el Estado tiene que dar en materia de violencia de género hacia las mujeres, según la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Xavier.

A un año de haber asumido su cargo, y en el marco del Día Internacional de las Mujeres, la exsenadora del Frente Amplio repasó en una entrevista con la diaria algunos de los hitos del primer año de gestión y los desafíos que quedan por delante, por ejemplo, en cuanto a la autonomía económica de las mujeres, ya que, según señaló, “no hay mujer que pueda salir de una situación de violencia si no tiene una autonomía construida”.

Además, adelantó que el gobierno busca construir un “modelo diferente de respuesta del Estado” a la violencia basada en género, que sea interinstitucional y que pueda dar una respuesta integral. Xavier destacó que el objetivo es que estén en un mismo lugar “aquellas instituciones encargadas de la respuesta hacia situaciones de violencia”.

¿Qué balance hacés de este primer año de gestión?

Fue un año muy intenso, lleno de desafíos y oportunidades, en el que fue muy importante trabajar en equipo. Los cambios en el mundo son absolutamente vertiginosos, la tecnología viene transformándolo todo en nuestras vidas y tiene impactos en las cosas de las que el instituto tiene que ocuparse y se impone la revisión permanente de cómo cambian las cosas en función de estos cambios. Me estoy refiriendo a la tecnología, pero también al crimen organizado y cómo en la región y en nuestro país ha tenido otros desarrollos y eso impacta.

Para lo tecnológico, presentamos una ley modelo para la región, a través del Mesecvi, el mecanismo que monitorea la aplicación de la ley de la Convención de Belem do Pará, que consiste en una respuesta a una situación muy grave en el continente, que es la violencia [digital] hacia las mujeres.

Sobre el impacto del crimen organizado y del narcotráfico, a fines del año pasado, presentamos un estudio que comparaba un período de años con otro período sobre los femicidios en nuestro país. Y el gran quiebre en los femicidios es la aparición del contexto de narcotráfico, desde 2019 hasta el presente. No es in crescendo, pero sí es permanente y no vuelve a salir del contexto en que esos femicidios ocurren.

Todas estas cosas están cambiando mucho las respuestas que el Estado tiene que dar. Tenemos conferido por ley la rectoría en materia de política de género, pero esa perspectiva de género tiene que ser interseccional. Si no lo vemos con los lentes del género, no estamos viendo los impactos diferenciados, estamos creyéndonos que todo es neutral y no lo es. En las múltiples capas de desigualdad que tenemos las mujeres, que tenemos las personas en general, también hay una concepción que tenés que aplicar a la política pública.

En estos días se va a presentar el Plan Nacional de Seguridad. ¿Esas políticas tienen que tener perspectiva de género?

Sin duda, y por eso reclamamos, porque originalmente no estábamos en las instancias de diálogo que se dieron. Estuvimos y planteamos la necesidad de que la consigna “igualdad de género, compromiso de Estado” no sea solo una consigna de los 8M, sino una realidad constante de que un plan de seguridad tenía que tener en cuenta la perspectiva de género.

Por ejemplo, la tasa de prisionización de las mujeres producto de una decisión de la LUC [ley de urgente consideración] nos trae las consecuencias que hoy tenemos, que espero que se puedan revertir, porque ahí el tiempo cuenta muchísimo para la vida de esas mujeres y de esas niñas y niños, tanto de los que crecen detrás de las rejas, como de los que están separados de sus madres por ser mayores de edad. Hay que pensar alternativas, en particular para estas mujeres, debido al daño que se produce sobre ellas y sus hijas e hijos. Es un país que no soporta más seguir incrementando la tasa de prisionización. Sería lógico que tuviéramos mucho más desarrollo de medidas alternativas a la privación de libertad, como una forma que los expertos han recomendado desde hace mucho tiempo, y que, sin duda, es el camino en el mundo que ha demostrado ser más eficaz para la no reincidencia.

En otras ocasiones hablaste de la importancia de la autonomía económica de las mujeres como forma de prevenir la violencia, y en ese sentido, la necesidad de robustecer esta área. ¿Qué vínculo tiene la autonomía económica con la prevención de violencia de género?

Estamos hablando de una autonomía económica que les permita a las mujeres desarrollarse, que si son víctimas de violencia les permita salir de esa situación sin estar condicionadas a no tener la posibilidad de sustentar su vida –ellas y sus hijas e hijos– fuera del vínculo con el agresor. Es generar una autonomía económica que haga que puedan estimularse a seguir estudiando, que no sea solo el buscar alternativas, que obviamente muchas de estas logran estimular y sostener la vida de esas mujeres durante algunos meses. Pero muchas veces son alternativas breves, precarias y que refuerzan aquello de que las mujeres están vinculadas a la limpieza o a tareas de menor capacitación y de menor ascenso para la trayectoria de ellas. Entonces, todos esos temas están arriba de la mesa con impactos diferentes. Una cosa es quien necesita comer de noche con sus hijas e hijos y otra cosa es decir que hay una importante brecha en las opciones de trabajo de las mujeres producto de que hay áreas en las que seguimos estando sumamente rezagadas y tienen que ver con la ciencia, la tecnología, la innovación. Deberíamos estar mucho más incorporadas, y se hacen esfuerzos, pero igual la brecha persiste.

La brecha de desigualdad que genera la violencia es en la que más le ha costado al país poder generar algún cambio más significativo, más medible. No tenemos picos en general, pero tenemos valores muy altos. En la brecha salarial venimos registrando una reducción; no es suficiente y por eso viene muy bien que se pueda aprobar el proyecto que está en el Parlamento, en donde hay una forma en la que podemos tenerlo más presente, más medible, más incorporado al mundo del trabajo y las preocupaciones de la gente.

¿Qué se hizo en el Inmujeres este año para fortalecer el área de autonomía económica?

Para el instituto, trabajar interinstitucionalmente es clave, no solo porque lo mandata la ley, sino porque estos temas son muy complejos, son transversales a todas las políticas. Hay un espacio institucional que resume estos esfuerzos y es el que queremos potenciar al máximo posible: el Consejo Nacional de Género. Está creado por ley, lo preside el Inmujeres, tiene más de 30 ámbitos del Estado, no solo los lugares de los ministerios, que son la mitad de ellos, también el Poder Judicial, la Fiscalía, la Universidad de la República, así como las cámaras empresariales, los trabajadores, las organizaciones de la sociedad civil. Es allí donde hay una reactivación de esa mirada interinstitucional y de perspectiva transversal en estos temas, y es donde estamos tratando, en cuatro comisiones, de poder hacer que converjan estas preocupaciones y no estén dispersas en miles de mesas de trabajo.

Este año tenemos que volver a insistir mucho en la autonomía económica, porque no hay país que crezca con tantas mujeres fuera del mercado de trabajo, formal e informal. Nuestra apuesta es a la formalidad y recordamos siempre el compromiso de este gobierno: un país que crezca, un país que cuide, un país seguro. Para ese país que crece, las mujeres tenemos que tener otros niveles de incorporación al mercado de trabajo. Para poder lograrlo tenemos que tener un Sistema de Cuidados mucho más robusto, pero también tenemos que tener una perspectiva de que las mujeres no estén solo en los lugares tradicionales, sino en algo que el país, por ejemplo, viene avanzando y apuesta más, como son las energías renovables o el mundo digital, que también tiene que tener a las mujeres en números mucho más significativos.

El año pasado, a raíz de los infanticidios vicarios de Alfonsina y Francisco Morosini, de 2 y 6 años, por parte de su padre, el gobierno creó una mesa de trabajo para revisar el sistema de respuesta a la violencia de género. ¿Cómo entra esta mesa en este trabajo interinstitucional?

La idea era dar una respuesta en plazos muy breves, no porque no motivara una reflexión importante el planteo, sino porque de alguna manera ya lo veníamos haciendo en los espacios institucionales. El Consejo Nacional Consultivo para una Vida Libre de Violencia se reúne mínimo una vez por mes, lo integran 14 instituciones del Estado más la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, y esta es una determinación que la trae la propia ley [19.580]. Hemos tenido muchas sesiones extraordinarias en función de la mucha demanda que ha existido. Hay que revisar el sistema de respuesta y, de hecho, ya se venía haciendo en este espacio: todo el sistema de respuesta, los protocolos específicos de cada una de las instituciones, los protocolos interinstitucionales. Yo quiero reivindicarlo, porque estas normas legales fueron difíciles de aprobar. En un mundo en donde los temas vinculados a las temáticas de las mujeres vienen siendo objeto de cuestionamiento, de posiciones negacionistas o reduccionistas, me parece muy importante que nos paremos sobre lo que hemos conquistado. Eso no quiere decir sentirse satisfecho con lo hecho y ponerse a dormir. No, nada más lejos. Y así lo entendió el Consejo Consultivo desde el principio.

Además, a partir de la irrupción, en los últimos años, de varios episodios de violencia vicaria, sentimos que teníamos que conceptualizar con la mayor evidencia nacional y ahí tenemos trabajos en curso de contexto teórico de estas cosas. Entendemos que este es un fenómeno de violencia de género en el que el varón utiliza incluso a sus propios hijos para dañar a la mujer. Estas cosas son importantes porque hay que hablarlas con el mayor rigor académico, más allá de que no exista demasiado bagaje en este tema porque es relativamente reciente que se empieza a conceptualizar la violencia vicaria. Es más, se discutió en el momento de la ley integral [de violencia hacia las mujeres basada en género], pero no hubo consenso para incorporarla como tal. Y se da de bruces con la concepción de la ley denominada de tenencia compartida, porque en función de ella hay decisores de justicia que entienden que esa ley los mandata a la revinculación de niñas y niños con padres violentos. Era muy importante alinear claramente desde dónde esta administración se ubicaba en este tema. ¿Hay que derogar la ley? Bueno, no sé si total, si parcialmente, pero hay artículos que no podrían estar aún en nuestro ordenamiento jurídico, y espero que el Parlamento cumpla con eso a la brevedad.

Otro de los proyectos a estudio en el Parlamento desde el período pasado es el de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, y el año pasado dijiste que esta iniciativa tenía que ser la prioridad cero. ¿Por qué creés que no se avanzó?

A mi juicio, es de las deudas más dolorosas que tiene la bancada parlamentaria con este tema. Tiene antecedentes en la discusión y falta de consenso como para poder aprobarlo en otros momentos. Pero el tiempo pasa y esa situación es realmente terrible. Yo creo, pero no estoy en las reuniones de la bancada, que todos estos temas van a ser parte de ahora en más, ahora que el [proceso para la aprobación del] presupuesto culminó. Hay que hacerles espacio a estos temas que muchas veces tienen el motor en pocas personas y no en la totalidad de las bancadas. Sin duda que los tiempos corren mucho para la vida de estas personas.

En cuanto al presupuesto, se dieron recursos solo para dos juzgados especializados en violencia de género, cuando el pedido de la Suprema Corte de Justicia era de 24. En ese sentido, ¿hay margen en las rendiciones cuentas para asignar más recursos para la prevención de la violencia de género?

Muchas veces evaluamos el presupuesto por el incremento que se vota, pero también se vota la línea de base que tienen las diferentes instituciones. En ese sentido, que el Mides [Ministerio de Desarrollo Social], el instituto dentro del Mides, haya tenido la posibilidad de sincerar la línea de base a lo ejecutado en 2024 constituye un gran salto. ¿Eso qué significa? Que el nivel de refuerzos a pedir durante los años siguientes a la aprobación del presupuesto no va a ser tan significativo como era antes, en función de que se sale ya de un nivel superior y a eso se le agrega 30 millones de pesos anuales. Pero además hay que ver cómo se distribuye el presupuesto del instituto, que está prácticamente destinado en su totalidad a los servicios de respuesta a la violencia. Esto no quiere decir que sea suficiente. Pero sí que los refuerzos presupuestales que vamos a necesitar van a ser de menor cuantía, y eso nos va a permitir incluso más facilidad, en función de que es menos cantidad de dinero los refuerzos presupuestales que iríamos necesitando.

Frente a las situaciones de violencia y de vulneración de derechos, ¿cómo tiene que ser el vínculo entre distintas instituciones del Estado como, por ejemplo, el Inmujeres y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay?

Estamos trabajando en la línea de iniciar un modelo diferente de respuesta del Estado, que pueda ser interinstitucional y que dé una respuesta integral hacia la mujer víctima de violencia. Aún estamos en la fase de acumular evidencia, ver experiencias que hay en el mundo, cuál se puede adaptar de mejor forma a nuestra realidad, pero venimos madurando esa idea, porque creemos que por más trabajo en conjunto como el que venimos haciendo, necesitamos superar esa fase y lograr una respuesta interinstitucional. Que estemos en un mismo lugar físico aquellas instituciones de la respuesta hacia situaciones de violencia. No tenemos de antemano la ilusión de que podamos nuclear toda la respuesta, pero sí poder ir en una progresividad sumando instituciones que puedan recibir a la mujer, sus hijas e hijos, determinar la situación de violencia, definir las medidas de protección en los diferentes ámbitos y construir, después de la protección, una ruta de salida. Eso se viene haciendo, pero desde el esfuerzo de cada institución, y yo creo que teniendo la espalda de esta interinstitucionalidad, conferida por ley, estamos en mejores condiciones de enfrentar una respuesta conjunta, como tienen algunas experiencias de la región. Nuestro modelo de mayor profundización en lo que venimos estudiando es el Polo de la Mujer de la ciudad de Córdoba [en Argentina], que tiene una dimensión que es de alguna manera más asimilable a la de nuestro país.

Esto va a suponer progresividad desde todo punto de vista; va a ser un lugar inicial de referencia, que después habrá que mejorarlo y aplicarlo a otras zonas del territorio. También tenemos que ver que hay diferentes formas de violencia, las cuales como instituto no estamos pudiendo abarcar, porque abarcamos la forma de mayor prevalencia de violencia, que es aquella que se da en el ámbito de la pareja o expareja en mayores de 18 años. Nos está preocupando el que podamos expandirnos a otras modalidades de violencia, pero todo eso es el horizonte.