Se presentó este martes en la Cámara de Diputados de Argentina el proyecto de Ley de Emergencia Nacional en Salud Sexual y Derechos Reproductivos, impulsado por el Frente Nacional de VIH, Hepatitis y Tuberculosis. La iniciativa, que contó con el respaldo de más de 600 firmas de organizaciones y el apoyo inicial de al menos 15 legisladores de distintos bloques, llega al recinto parlamentario ante el deterioro de las políticas públicas bajo la administración del presidente, Javier Milei.
El proyecto, que fue presentado por el diputado Esteban Paulón (del Partido Socialista), solicita una serie de reclamos que organizaciones de la sociedad civil vienen realizando desde hace meses ante lo que consideran un proceso de desfinanciamiento de las políticas públicas esenciales, así como dificultades en el acceso a insumos y programas destinados a la prevención y el tratamiento del VIH, las infecciones de transmisión sexual (ITS), las hepatitis virales y la tuberculosis. Frente a esta situación, el texto legislativo propone declarar la emergencia nacional por dos años con posibilidad de prórroga para recomponer programas, presupuesto y acceso a insumos esenciales.
De esta forma, tiene como objetivo el “acceso universal, oportuno y gratuito a todas las prestaciones y servicios relacionados con los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento del VIH, otras ITS, hepatitis virales y tuberculosis; anticoncepción; interrupción legal del embarazo; educación sexual integral; y acceso a tratamientos hormonales para personas trans”, señala el proyecto. También busca la “restitución y el fortalecimiento de las políticas públicas de salud sexual y derechos reproductivos”, y la “priorización de la ejecución de las partidas presupuestarias destinadas a salud sexual y reproductiva en el Presupuesto Nacional”.
El proyecto solicita también que se garantice la compra urgente y la distribución sostenida de insumos esenciales como “preservativos y otros métodos de prevención, test rápidos, tratamientos antirretrovirales, PrEP (profilaxis preexposición) y PEP (profilaxis posexposición), tratamientos para otras ITS e infecciones oportunistas”, entre otros.
A la vez, pide financiamiento directo y sostenido a organizaciones de la sociedad civil, campañas públicas masivas de prevención y promoción de la salud sexual, la implementación plena de la Ley de Educación Sexual Integral y del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (conocido como Plan ENIA, desmantelado por Milei en 2024], así como el fortalecimiento del poder de control y sanción del Ministerio de Salud y la Superintendencia de Servicios de Salud.
La crisis epidemiológica y los recortes de Milei
En los fundamentos del proyecto se señala que en 2025 se registraron alrededor de 6.900 nuevos diagnósticos de VIH por año en Argentina, con un 48,1% de detección tardía, lo que incrementa la mortalidad y la transmisión, según citan del informe publicado en diciembre por la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis del Ministerio de Salud de la Nación. Además, hubo un récord de 55.183 casos de sífilis en 2025, un 71% más que el promedio de los años previos y la cifra más alta registrada en el país. Mencionan, al mismo tiempo, una “caída histórica” en la vacunación contra el virus del papiloma humano y un “desabastecimiento crítico de preservativos”.
A esta situación se le suma el desfinanciamiento de las políticas públicas esenciales bajo la gestión del gobierno de Milei. El proyecto de ley deja claro en sus fundamentos que la administración del libertario “ha provocado retrocesos estructurales frente a las infecciones de transmisión sexual, el VIH, la hepatitis virales, la tuberculosis y la salud sexual y reproductiva, que amenazan el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales y la salud de la población”.
Además, el texto recuerda que, bajo la administración de Milei, Argentina dejó de ser miembro de la Organización Mundial de la Salud, lo que “supone abandonar los marcos multilaterales de cooperación y vigilancia sanitaria que sustentan esa y otras metas globales en salud”. “Este retiro tiene consecuencias directas sobre la respuesta nacional a enfermedades prevenibles y tratables”, agrega.
La Ley de Presupuesto 2026 impulsada por el gobierno consolida las decisiones de recorte en áreas críticas de salud y, según información del Frente Nacional, el programa encargado de la respuesta al VIH, la hepatitis, las ITS y la tuberculosis verá reducida su asignación en un 38%. Según recoge el proyecto, “esta disminución implica que el programa representará apenas el 2% del presupuesto del Ministerio de Salud, frente al 4,8% que constituía en 2023”.
“Se torna urgente declarar la Emergencia Nacional en Políticas de Salud Sexual y Derechos Reproductivos para restablecer recursos, capacidades técnicas y programas esenciales, asegurando la prevención, educación, atención y acompañamiento integral que la población requiere y a la que tiene derecho”, afirma la iniciativa, y concluye: “La emergencia en salud sexual no es una opción: es la única herramienta para evitar un retroceso sanitario con consecuencias irreversibles”.