Gobiernos locales de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay comenzarán a trabajar en una red regional para impulsar el uso estratégico y responsable de la inteligencia artificial (IA) en la gestión pública. La iniciativa, denominada Ciudades por la Inteligencia Artificial Responsable, es impulsada por la Red de Innovación Local (RIL) junto al BID Lab, y busca acelerar la adopción de tecnologías emergentes en los gobiernos subnacionales, con foco en la innovación, la transparencia y la protección de derechos.
El proyecto se desarrolla en el marco del programa “Govtech Connect”. Impulsando Ecosistemas de Colaboración Público-Privada con Tecnologías Emergentes y Código Abierto”, y contempla programas de aceleración para startups, el fortalecimiento de la demanda pública de innovación y la promoción de tecnologías abiertas como bienes públicos digitales, dijo a la diaria la directora ejecutiva de la Red de Innovación Local (RIL), Victoria Gadea.
Según explicó, la propuesta convoca a municipios y ciudades que ya vienen avanzando en procesos de transformación digital, uso de datos e IA, y busca potenciar esas capacidades mediante una red de aprendizaje y colaboración. En cada uno de los cuatro países participantes se seleccionarán 10 gobiernos por año, que podrán realizar diagnósticos sobre su madurez digital, intercambiar experiencias con pares y recibir acompañamiento técnico para diseñar e implementar proyectos GovTech junto a startups.
“El objetivo central es acompañar a los gobiernos locales en la incorporación de soluciones tecnológicas que mejoren los servicios públicos y modernicen el Estado”, remarcó.
¿Qué es una IA responsable en la gestión?
Gadea subrayó que hablar de “IA responsable” en la gestión local implica ir más allá de la incorporación tecnológica. “Supone un enfoque ético y estratégico que asegura que las soluciones de inteligencia artificial beneficien genuinamente a la ciudadanía, promuevan la equidad y fortalezcan la confianza en el gobierno”, señaló. En la práctica, esto incluye asegurar que los ciudadanos y funcionarios comprendan cómo funcionan los sistemas de IA, no se reproduzcan sesgos ni discriminación, se establezcan mecanismos claros de rendición de cuentas, se proteja la privacidad y seguridad de los datos y se mantenga siempre la supervisión humana.
Para equilibrar eficiencia, innovación y protección de derechos, el proyecto propone un “enfoque multidimensional” que combina diseño centrado en el ciudadano y en la ética, marcos de gobernanza claros, evaluaciones de impacto algorítmico, desarrollo de capacidades internas y promoción del software abierto. “El uso de tecnologías abiertas, como lo hace Govtech Connect, aumenta la transparencia, la auditabilidad y reduce la dependencia de proveedores, facilitando el control público y la adaptación a las necesidades locales”, destacó Gadea.
Sobre la iniciativa
La convocatoria está dirigida a municipios y ciudades con voluntad política de innovar, capacidad de absorción tecnológica, desafíos públicos concretos donde la IA pueda generar impacto y apertura a la colaboración con otros gobiernos y actores del ecosistema. También se priorizarán proyectos con potencial de ser replicados en otros lugares y una representación geográfica diversa dentro de cada país.
“RIL imagina a los gobiernos locales trabajando en red, tomando decisiones en base a evidencia, potenciando sus capacidades de gobierno, automatizando procesos que liberen tiempo a los funcionarios para que puedan dedicarse profesionalmente a resolver y acompañar a las personas de su comunidad”, afirmó Gadea.
Sostuvo que la IA es una “gran oportunidad”, ya que la “historia de la humildad muestra que en los últimos 300 años el desarrollo de las economías se explica en gran medida por la adopción de la tecnología”.
Finalmente, dijo que el proyecto busca dejar aprendizajes que trasciendan a las ciudades participantes: demostrar que la innovación local es posible y escalable, consolidar la colaboración público-privada como motor de transformación, posicionar a la IA responsable como estándar a seguir, fortalecer los bienes públicos digitales, promover una cultura de uso estratégico de los datos, crear comunidades de aprendizaje y demostrar que “la innovación tecnológica bien aplicada se traduce directamente en mejores servicios, mayor inclusión y respuestas más efectivas a los problemas urbanos”.