En el ámbito judicial, la agenda 2020 estuvo marcada por los avances y retrocesos de la Operación Océano, la investigación judicial sobre explotación sexual de menores con mayor cantidad de víctimas e imputados en la historia del país.

La causa comenzó a partir de las pericias realizadas a los celulares de una adolescente víctima de explotación sexual en Maldonado, que radicó una denuncia en noviembre de 2019.

En el correr de 2020, la fiscal especializada en Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género de 5º Turno, Darviña Viera, y su equipo lograron avanzar en la investigación imputando a 33 personas. Una de ellas ya fue condenada tras alcanzar un acuerdo abreviado con la Fiscalía.

Si bien la causa tomó una dinámica en la que buena parte de las decisiones de la jueza penal de 33º Turno, Adriana de los Santos, fueron recurridas, tanto por la Fiscalía como por las defensas de los imputados, la investigación avanzó, la Fiscalía implementó nuevos mecanismos de denuncia y puso en la agenda pública el delito de explotación sexual de menores.

Uno de los hitos de la causa fueron las formalizaciones de mayo, que involucraron al diputado suplente del sector Ciudadanos del Partido Colorado Nicolás Ortiz (que fue suspendido del sector), al ex juez de adolescentes Washington Balliva, al empresario y organizador de eventos, Nicolás Chirico, y al director de Endeavor, Ariel Pfeffer, entre otros empresarios con alto poder adquisitivo, todos formalizados por el delito de retribución o promesa de retribución a personas adolescentes por mantener sexo o cualquier otro acto erótico.

En junio fue formalizado el argentino Ricardo Cirio, ex director del colegio privado St. Claire, de Punta del Este, y el ciudadano uruguayo-paraguayo Hermen Daoiz, el único formalizado con prisión preventiva, a quien se le prorrogó en varias instancias la medida cautelar, que vencerá el próximo 15 de febrero.

Julio fue un mes clave para el avance de la causa, que tomó un nuevo impulso a partir de la habilitación del número 091507531 para recibir denuncias vinculadas a delitos sexuales. Esa campaña no sólo permitió aportar más datos sobre la causa Océano, sino que también brindó información a Fiscalía para abrir nuevas investigaciones sobre delitos sexuales.

En la última mitad del año, el número de víctimas de la causa Océano pasó de 11 a 20. Algunas de las nuevas víctimas llegaron a la causa a través del número telefónico, otras por el avance de las pericias de las computadoras incautadas y otras fueron presentadas directamente a Fiscalía.

Si bien hubo muchos tires y aflojes entre la Fiscalía, las defensas de los imputados, el juzgado penal de 33º Turno y el Tribunal de Apelaciones de 1er Turno, que fue recusado por prejuzgamiento, la disputa más significativa en la causa es la relacionada con la postergación de la declaración de una de las víctimas como prueba anticipada y la demora en la entrega de las pericias de las computadoras y los celulares de las víctimas realizadas por Policía Científica e Interpol.

A principios de octubre, la jueza De los Santos suspendió la audiencia preparatoria para la declaración anticipada de una de las víctimas, considerando dos elementos: un brote de covid-19 en el ámbito carcelario que obligó a suspender el servicio de traslados, por lo que hacía imposible que todos los imputados estuvieran presentes en la audiencia, y la falta de acceso a las pericias.

La decisión de suspender la audiencia fue apelada por la Fiscalía, desde donde se entiende que no es necesario tener las pericias para acceder a la prueba anticipada, que muchas veces se concreta antes de la formalización.

Ante eso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la suspensión de la audiencia, señalando que debían estar las pruebas a disposición de todas las partes. Si bien coincidió con la fiscal Viera y los abogados de las víctimas en considerar los perjuicios que implica para las víctimas la prórroga de sus declaraciones, encontró responsabilidad en la postergación, tanto en la Fiscalía como en la sede, e instó a la jueza De los Santos a insistir con la Policía para que entregara las pruebas.

La situación provocó la intervención del fiscal de Corte, Jorge Díaz, quien tras leer el fallo llamó al ministro del Interior, Jorge Larrañaga, para resolver el problema.

A principios de diciembre, los datos de las computadoras y celulares fueron entregados a las defensas de los imputados, quienes plantearon la imposibilidad de trabajar con los datos debido a que son dos terabyte sin organizar, y cuestionaron que se le llame pericias a la simple entrega de los datos incautados.

La primera audiencia de 2021 será el 23 de febrero, cuando finalmente se concrete la instancia preparatoria suspendida. Allí ya se conocerá quién sustituirá a la jueza Adriana de los Santos como juez de garantía, dado que ella fue designada en uno de los tribunales de apelaciones en lo penal.