Las defensas de los 21 imputados se presentaron este viernes en el Palacio de los Tribunales ante la fiscal Darviña Viera y la jueza Adriana de los Santos, en la causa que investiga una red de explotación sexual de menores.

Según pudo saber la diaria, durante la audiencia los abogados de los formalizados mostraron una lista con más de 100 notas de prensa sobre la Operación Océano y cuestionaron la cantidad de apariciones mediáticas de Viera y su equipo. La queja estuvo vinculada al carácter reservado de las actuaciones, algo que, según su perspectiva, se contradice con las notas de prensa que dieron las representantes del ministerio público.

En la audiencia, los imputados fueron informados de la identidad de las 22 personas que fueron protegidas en la causa, 18 víctimas y cuatro testigos. A los imputados se les dispuso la prohibición de comunicación con ellas. La fiscal había pedido la prohibición de acercamiento a un kilómetro a la redonda, pero la medida no fue concedida.

Si bien las víctimas tienen derecho a estar presentes durante todo el proceso, no concurrieron a la audiencia y fueron representadas por sus defensas.

También se definió el levantamiento de la reserva de la causa, una medida que fue reclamada por las defensas de los imputados para acceder a las actuaciones.

“La fiscalía entendió que ha tenido suficiente tiempo para investigar, si bien quedan evidencias por recolectar entendió que era pertinente el levantamiento de la reserva”, expresó la fiscal Viera tras la audiencia, y agregó que la decisión se tomó para que exista igualdad entre las partes. A partir de la semana que viene las defensas de los imputados podrán acceder a la carpeta investigativa.

Además, se resolvió adelantar la declaración de una de las víctimas que pidió dar su testimonio antes de lo dispuesto en el proceso porque debía viajar al exterior, algo que fue aceptado por las partes.

Las víctimas de delitos sexuales tienen derecho a realizar una única declaración para no ser revictimizadas. Las defensas de los imputados acuerdan con la fiscalía y el juez las preguntas que quieren realizar y esa declaración queda como prueba para las diferentes instancias judiciales que se den en el proceso. Según informó la fiscal Viera, aún no se ha tomado declaración a todas las víctimas.

Las primeras formalizaciones en esta causa, por el delito de retribución o promesa de retribución a menores para mantener relaciones sexuales, ocurrieron a mediados de mayo, cuando las víctimas eran unas diez. En julio, a partir de la habilitación de una línea telefónica para realizar denuncias o brindar información sobre casos de explotación sexual, la cantidad de víctimas pasó a 15, y ahora, con la ampliación de la investigación, llegó a 18 víctimas directas y cuatro testigos.

A cinco de los imputados se les quitó la patria potestad, en razón del artículo 79 de la Ley 19.580, que dispone que las personas imputadas por este tipo de delitos queden suspendidas en el ejercicio de la patria potestad e inhabilitadas para ejercer funciones públicas o privadas en áreas educativas o de la salud que impliquen el trato directo con niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad o mayores en situación de dependencia, por un lapso de diez años.

Desde las primeras formalizaciones, la fiscalía tiene plazo de un año, con derecho a otro de prórroga, para recabar pruebas y presentar las acusaciones. Entre las principales pruebas con las que cuenta se encuentran las pericias de los teléfonos y las computadoras de los imputados, con los mensajes entre las víctimas y los victimarios. Para la fiscalía, en ninguno de los casos los victimarios fueron engañados respecto de la edad de las víctimas, tal como pretenden instalar alguno de los defensores de los imputados.

El abogado Alejandro Balbi, que representa a dos de los imputados, dijo en declaraciones recogidas por Subrayado que sus clientes fueron inducidos a error y que las víctimas “falseaban su identidad, entregaban documentos de otras personas diciendo que eran mayores de edad, falseaban sus datos ingresando a páginas para mayores de edad”.

“La balanza está muy inclinada para un lado, pero los abogados entendemos que no es así cuando vos te viste enfrentado a situaciones en las que sos víctima de un engaño”, agregó Balbi.

Algunas de las líneas argumentativas de la defensa de los acusados buscan enmarcar los hechos en un vínculo de amistad y plantean que hubo “consentimiento mutuo” y “cariño recíproco que excedía el acto sexual ocasional”. En algunos casos niegan haber dado retribuciones materiales a cambio de los actos sexuales o esgrimen haber sido engañados en cuanto a la edad de las víctimas.

“Se presentaba como estudiante universitaria que efectuaba viajes al extranjero, con un grado de madurez intelectual y emocional acorde a una adulta”, señaló uno de los indagados en la causa.

En esta primera etapa de la investigación se está indagando sobre la responsabilidad de los imputados, pero está previsto que en siguientes etapas se avance sobre otros aspectos de la causa, como el uso de la plataforma de la página de citas Locanto o la eventualidad responsabilidad de los padres de las adolescentes.