Durante su comparecencia en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) planteó la necesidad de tener una política de Estado sobre el acceso a los archivos de la dictadura, según informó El Observador.

El director de la INDDHH, Wilder Tayler, dijo a la diaria que cuando recibieron los archivos del Batallón de Artillería 5 enviaron al Ministerio de Defensa un resumen informando de su utilidad. Si bien en esos archivos no se encontró información relevante para la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos en Uruguay, los directores de la INDDHH consideraron que el análisis del documento sirvió para obtener información de contexto que es valiosa para la investigación y advirtieron la necesidad de sistematizar la búsqueda de archivos operativos en algunas unidades militares.

“Después de todo el análisis que se hizo concluimos que era importante acceder a ese tipo de archivos”, comentó Tayler, pero advirtió que el acceso a ellos “no debería quedar librado a su aparición aleatoria en alguna unidad”.

Para la INDDHH la documentación más relevante es el archivo operativo del Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), que aún no ha sido localizado.

Además, en función de la información con la que está trabajando la INDDHH son prioritarios el acceso a los archivos del ex Batallón de Infantería 13 y del Servicio de Material y Armamento, la Brigada de Comunicaciones 1 y el Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea.

Tayler señaló ante la comisión parlamentaria que la INDDHH necesita “mirar, en particular, algunos meses y años”. “Son muy específicas las franjas temporales que estamos buscando porque la fecha de la desaparición de la gente se conoce. Lo que precisamos son partes operacionales de días específicos, eso sería de gran utilidad”, expresó, según consta en la versión taquigráfica.

La directora Mariana Mota señaló que esos archivos, correspondientes a los lugares donde se sabe que hubo enterramientos, podrían brindar información sobre la situación de los detenidos desaparecidos, sus detenciones, traslados y lugares de enterramiento. Además, dijo que es necesario saber qué tipo de información existe en las unidades militares del interior del país. “Siempre se ha focalizado en Montevideo porque efectivamente existieron, pero el interior no resultó ajeno a esto. [...] Me parece que debería haber una política de Estado en la que se analice qué involucramiento tenían las diferentes unidades militares en distintos lugares y qué posibilidad puede haber de que existan archivos”, añadió.

En diálogo con la diaria, el profesor especializado en historia reciente Oscar Destouet destacó la importancia de la voluntad política para que la información de los archivos militares sea accesible y leíble, y la importancia de indexarla para buscar adecuadamente y acceder también a lo que los militares no quieren dar.

“Hasta el día de hoy ningún organismo de inteligencia, ni las Fuerzas Armadas como tales tienen un inventario público de la información que atesoran”, afirmó, y puso como ejemplo el caso de la Prefectura Naval, de la que nunca se conocieron sus archivos, o el de la Fuerza Aérea, que está mencionado en los archivos brindados a Presidencia en 2005, pero luego “nadie ingresó”.

Destouet señaló que, a los efectos de la información militar, el marco de la ley de acceso a la información pública fue perjudicial, porque habilita la reserva, y recordó que trabajando en los archivos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia del Ministerio del Interior le advirtieron que avanzara con su trabajo antes de que entrara en vigencia la ley.

El profesor dijo que los archivos militares, por su naturaleza, están estructurados y codificados para ocultarse, y recordó que en los primeros años de retomada la democracia se aseguraba que los archivos no existían. Destouet recordó que en 2004, con compañeros de la generación 83 pidieron a las Fuerzas Armadas fotos que les habían sacado en la marcha de estudiantes del 25 de setiembre de 1983, y luego de “varios días de negociación” les entregaron algunas fotos. “Nos dijeron ‘esto es todo lo que hay’; de ese día a hoy tengo 50 veces más información del mismo lugar, pero nosotros no lo sabíamos”, señaló.

Consultado sobre la posibilidad de que no existan archivos en algunas unidades específicas, Destouet respondió: “Todos dejan registrado lo que se hace, no se tira; puede haber alguna destrucción por acción del tiempo, pero no por la voluntad de romper”. Asimismo, planteó que los registros tienen diferentes significados para quienes los hicieron y quienes los desclasifican, y recordó que encontró un informe de 1975 firmado por José Gavazzo, en el que argumentaba a favor de la estrategia de operar en Buenos Aires y París, y al mostrárselo en un juzgado este lo reconoció como propio sin pedir pericias.

Destouet dijo que la publicación de los inventarios aceleraría el acceso a los documentos y recordó que para la reconstrucción de los archivos del servicio secreto de la República Democrática Alemana se contrató a 3.000 técnicos; el archivo es público y sigue aumentando. “Hubo recursos y voluntad política para hacerlo”, afirmó.