El Colegio de Abogados y la Asociación de Abogados Penalistas se expresaron ante las críticas sobre el trabajo de las defensas de los imputados en la causa Operación Océano, por la que 33 personas son investigadas por explotación sexual de adolescentes.

“Nos vemos obligados a repudiar enfáticamente las expresiones soeces, agravios, descalificaciones, que se han proferido por algunos actores de relevancia pública”, señala el comunicado de la Asociación de Abogados Penalistas, que defendió el trabajo de los abogados como “un rol fundamental en cualquier Estado de Derecho que se precie de democrático” y advirtió que la defensa es “el canal a través del cual todos los individuos podemos hacer valer nuestros derechos”.

Además, llamó a la “reflexión” para “reconceptualizar” el rol de los abogados defensores, destacando su “importancia en aras de garantizar y promover el total respeto a los derechos humanos” de toda persona que sea sometida a un proceso penal “independiente de los hechos que se le atribuyan”. “El abogado defensor no se identifica con su cliente, sino que brega por el respeto irrestricto a las garantías, derechos y facultades que le asisten en juicio”, agregaron.

El comunicado surgió a raíz de un tuit del comunicador Diego González en el que calificó de “indigno” el trabajo de los abogados.

“Ojalá que los abogados de los abusadores sexuales de la operación océano les vacíen las cuentas y los dejen pelados. Como para pensar que por lo menos lo hicieron por plata, es indigno, pero es un justificativo por lo menos”, expresó el comunicador.

Por su parte, el Colegio de Abogados señaló su preocupación por diferentes agravios sobre las defensas en causas públicas, y recordó que la defensa de una persona ante un proceso judicial es un derecho humano fundamental y que “todo imputado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad”.

“Vemos con alarmante preocupación el surgimiento de nuevos e indiscriminados ataques provenientes de personas que por su exposición pública están llamadas a actuar con seriedad y responsabilidad ante cuestiones que hacen a la esencia misma de un Estado de Derecho”, agregó.

“Cuando se ataca a un abogado o una abogada, por el solo hecho de garantizar el respeto de un derecho humano fundamental, se está atacando a la Justicia, a valores democráticos fundamentales y a la sociedad misma”, añadió.