La fiscal especializada en estupefacientes de 1° turno, Mónica Ferrero, alcanzó un acuerdo abreviado con la defensa de Ricardo Cáceres Correa, conocido como “Ricardito”, por una condena a nueve años de penitenciaría. El acuerdo fue ratificado por la juez de Crimen Organizado de 2° turno, María Elena Mainard.
Cáceres fue condenado por los delitos de organización de narcotráfico, un delito de lavado de activos en modalidad de conversión, previsto en el artículo 30 de la Ley de Lavado de Activos, y reiterados delitos de extorsión, violencia privada y lesiones personales.
También se definió el decomiso de un auto Mitsubishi Colt y una vivienda en el Cerro, que quedarán a disposición de la Junta Nacional de Drogas. El acuerdo implicó que la Justicia recomendara al Instituto Nacional de Rehabilitación el traslado de Cáceres por la situación de “precariedad” del sector del Penal de Libertad en el que se encuentra.
Fuentes de la investigación dijeron a la diaria que se pudo comprobar que Cáceres lideraba una organización criminal que se dedicaba principalmente a la importación y distribución de pasta base en Montevideo desde la cárcel utilizando diferentes celulares.
El grupo criminal que opera en Montevideo desde la década del 90 está integrada por su hermano, Luis Alberto Betito Suárez Correa, que en mayo fue condenado por comercialización de estupefacientes, y su hermana Sandra Lorena Loly Suárez Correa, quien cumple una condena por homicidio en la Unidad 5 Femenino, cárcel de mujeres de Montevideo, desde diciembre de 2016.
La organización liderada por los tres hermanos se caracteriza por realizar mutilaciones contra integrantes de otras organizaciones en la disputa de territorio o como actos “disciplinarios” contra los propios integrantes de la organización si quieren abandonar la organización o tienen deudas con ella.