El Centro de Máxima Contención (CMC) del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) tiene un largo historial de violencia. Es la cárcel para adolescentes que acumuló más suicidios. Los múltiples episodios violentos determinaron incansables recomendaciones de cierre. El centro, que estuvo un tiempo clausurado, fue reabierto por la anterior gestión. Dada la falta de condiciones básicas para el funcionamiento, y los altos niveles de conflictividad y violencia, los pedidos de cierre se reiteraron. Tras el suicidio de un adolescente y un incendio intencional ocurrido en diciembre de 2018, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, por intermedio del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, instó al cierre definitivo del CMC.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura planteó la “profunda preocupación por los intentos de autoeliminación y autoagresiones ocurridas en el CMC durante el año”. Por eso, sugirió “implementar las acciones necesarias para el cierre definitivo de esta cárcel en el menor tiempo posible, en tanto es un centro que no reúne las condiciones para un trabajo con jóvenes”. Cuestionó la falta de luz, de ventilación, de espacios aptos para la vida, y la sobrecarga de rejas y encierro. El Inisa respondió que no iba a cerrar el CMC debido a una cuestión financiera y de dificultades logísticas para trasladar el centro o realojar a los adolescentes.

En 2019 también hubo varios hechos de violencia: intentos de autoeliminación, agresión a funcionarios y un incendio intencional. Otro hecho que se destacó en 2019 fue la intoxicación del director del centro al ingerir un jugo con psicofármacos que era preparado para los adolescentes, que contenía diazepam. Según fuentes del Inisa, el jugo se preparaba para los adolescentes y “se le ponía psicofármacos para que no molesten”. Se planteó que estos medicamentos eran suministrados sin el consentimiento ni el conocimiento de los adolescentes. El hecho generó una investigación administrativa, pero no tuvo consecuencias penales.

En febrero de 2020, finalmente se determinó el cierre del CMC. Un año después, la nueva gestión resolvió reabrir la cárcel con un nuevo nombre: Espacio de Tratamiento Transitorio Integral. El cambio de nomenclatura es una práctica común en el sistema penal adolescente. En los últimos diez años, el Inisa tuvo otros dos nombres: se llamó Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente y antes, Sistema de Ejecución de Medidas para Jóvenes en Infracción.

Rosana de Olivera, actual presidenta del Inisa, dijo a Telemundo que van a trasladar a cuatro adolescentes “que no se adaptan a ninguno de los otros lugares” y que el espacio fue “reacondicionado”. “Por un período corto se los va a trasladar a este centro, y después del trabajo psicotécnico y multidisciplinario volverán a su centro de permanencia. Es exclusivamente para jóvenes con este perfil. Desde el punto de vista edilicio, cuando asumí en medio de la pandemia este espacio lo dejé renovado: se pintó, las piezas son luminosas, me gustaría que lo vieran antes que opinar, porque debe ser uno de los mejores lugares”, dijo en la entrevista, y agregó que “la idea es que [los adolescentes recluidos allí] reciban un tratamiento integral, a cargo de un equipo interdisciplinario, para luego volver a sus centros”.

La existencia de centros que son utilizados para trasladar por castigo, confinar en solitario –contra lo que establecen las normas internacionales– y aumentar el encierro son otra práctica común en el sistema penal adolescente, según señalan informes de organismos especializados. Además del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) es una de las organizaciones que han trabajado en la elaboración de informes que denuncian la situación de este centro penitenciario.

Tamara Samudio y Florencia Lemos fueron las responsables del documento elaborado tras una visita en diciembre de 2019, dos meses antes del cierre del CMC. La investigación contó con el apoyo del trabajo de cooperación y el desarrollo de la capacidad de la sociedad civil local para proteger a los más vulnerables contra la tortura y los malos tratos en Uruguay, que la Organización Mundial contra la Tortura lleva a cabo con Serpaj como su socio local. Las visitas de monitoreo de todos los centros de privación de libertad adolescente son una de las principales líneas de acción de esta iniciativa.

¿Cómo era el CMC que se cerró hace un año?

El CMC se ubica en Montevideo, en Bulevar Artigas y Cufré. Forma parte de un conjunto de edificaciones integradas por el centro Pre Egreso y el CIAF (cárcel para mujeres adolescentes). Fue construido por la anterior gestión y ofició como Centro de Ingreso, Estudio Diagnóstico y Derivación (CIEDD). La mala calidad de la construcción, y diversos informes contrarios a su funcionamiento, determinaron que se dejara de utilizar esta cárcel y se trasladara el CIEDD (con otro nombre) al ex Complejo Belloni.

De acuerdo con el informe elaborado por Samudio y Lemos, el ingreso al centro se determina por la conducta. “Ingresan a este centro adolescentes que tienen o han tenido ‘problemas de convivencia o conflictos’ en otros centros”. La mayoría de los ingresos provienen del MD1 (ex Ser) de la Colonia Berro y del Pre Egreso.

El CMC es considerado un centro “de máxima seguridad y aislamiento”. “Es un centro basado en el encierro, con una permanencia de los adolescentes de entre 21 y 23 horas por día en las celdas. Los adolescentes no cuentan con salidas ni actividades externas al centro”. Las medidas de seguridad “priman sobre el cotidiano y las propuestas educativas y recreativas que se implementan”. Las requisas se realizan de forma periódica y frecuente, “al menos dos o tres veces al mes, y de forma discrecional cada vez que lo solicita la dirección”.

En el centro los adolescentes son trasladados con grilletes y de forma individual, lo que evita que se crucen en actividades o en el patio. Cabe destacar que los grilletes “como mecanismos de seguridad” para movilizar a las personas dentro de una cárcel no forma parte de las prácticas del sistema penal adulto, pero sí del de adolescentes.

“La disposición general de los adolescentes en el centro es que se encuentren en las celdas bajo tranca, a menos que estén en actividades”. En entrevistas que realizaron a la dirección, plantearon que “hay adolescentes que ‘con la tranca se sienten más seguros’” y apoyan la idea de que son personas “que no se adaptan a los regímenes de otros centros”.

Cuando se llevó a cabo la visita, en esta cárcel había ocho adolescentes de 16 a 18 años, distribuidos de a uno por celda. El centro contaba con 59 funcionarios, de los cuales sólo uno era profesional (y ocupaba un rol técnico, no de dirección). “El personal de trato directo se separa en roles de educadores y seguridad” y son “los mismos funcionarios quienes permutan dichos roles”. Además, contaban con apoyo policial en el predio perimetral. Las y los funcionarios no cuentan con atención psicológica.

Todos los espacios del centro están separados por rejas, tanto en los laterales como en el techo, y el área perimetral tiene cerco y cámaras de vigilancia. La cárcel cuenta con un único espacio común para desarrollar todas las actividades en el centro. El espacio es reducido, no tiene ventanas y está rodeado de rejas.

También el patio, al que los adolescentes salían de a uno, es un espacio reducido, de cemento, vacío, sin sombra, y está rodeado de rejas. “Al salir se sientan en el suelo, ya que no hay mobiliario a disposición”, sostiene el informe.

Con respecto a las celdas, plantea que “presentan muy malas condiciones de iluminación, con puertas con doble tranca y ventanas muy pequeñas. Las condiciones edilicias están deterioradas, con humedad y goteras en paredes y techos. No existen dispositivos de calefacción, ni frazadas suficientes durante el invierno. En tanto, las pertenencias de los adolescentes se mantienen en cajas en el piso, dentro de las celdas”.

Al momento de la visita, “el edificio presentaba malas condiciones de mantenimiento”, con “problemas de humedad, grietas y goteras” en “todos los espacios”. Sobre las condiciones de higiene, las autoras del informe dijeron que eran “aceptables en el espacio común y celdas, y muy malas en los patios, donde se observa suciedad y papeles en el piso”. Las duchas cuentan con agua caliente, “pero no está regulada por los adolescentes”.

El informe registró que “la rutina cotidiana está centrada en la permanencia de los adolescentes en las celdas durante la mayoría del tiempo, exceptuando los horarios de taller o patio”. Las personas recluidas allí pasaban un promedio de 23 horas al día dentro de la celda, y podían llegar a tener hasta 90 minutos de patio individual al día. Tenían permitido fumar, mirar televisión y escuchar radio en la celda, donde comían las cuatro comidas diarias. Tenían prohibido tomar mate en ese espacio.

Los cortes y las autolesiones eran los principales motivos de consulta médica. Todos los adolescentes recibían medicación psiquiátrica, “recetada por el único psiquiatra que atiende en la institución”. Según la dirección, “se medica a todos para dormir”. Siete de los ocho adolescentes estaban en tratamiento con la organización Ser Libre por consumo problemático de drogas, y varios atravesaron internaciones psiquiátricas en instituciones fuera del sistema penal.

De acuerdo con el informe, “es importante señalar que ante situaciones de intento de autoeliminación (‘tirarse a la horca’, como le dicen) los adolescentes son sancionados, no sólo con las actividades o salidas al patio, sino también vaciando la celda ‘hasta que te portes bien’”. Las sanciones aplicadas “se orientan a reforzar el criterio de encierro y aislamiento, siendo las más comunes la retención de la salida al patio, o suspensión de la llamada por conducta”.

La mayoría de los adolescentes tenían clases de educación formal dentro de la cárcel. Pero, al momento de la visita, no existía un documento por escrito del Proyecto del Centro”, sino que “iba a ser redactado en el mes de enero”, un mes antes del cierre. “Como descripción del proyecto, desde la dirección se hizo referencia a que el mismo se basaba en la existencia de talleres. La metodología de trabajo según se recabó en las entrevistas es ‘que tengan muchas actividades’”.

“Los adolescentes que se encuentran en el CMC tienen permitido trabajar, aunque al momento de la visita sólo uno estaba con trabajo en un taller de gomería, y dos de los adolescentes se encontraban en proceso de entrevistas para comenzar próximamente”, señalan las autoras.

Los adolescentes podían hacer llamadas dos veces por semana, por un máximo de ocho minutos cada vez. “Si tienen buena conducta”, pueden acceder a una llamada extra por semana, de cuatro minutos. “Las llamadas son controladas por educadores, que permanecen al lado de los adolescentes durante toda la comunicación”.

Dos veces por semana, durante una hora y media, podían visitarlos “la familia directa o la novia”. Los adolescentes pasaban por una revisión luego de cada visita.

Los principales planteos que hacían los adolescentes eran “la posibilidad de tener salidas, tomar mate en la celda, no pasar tanto tiempo encerrados en las celdas y tener contacto con otros adolescentes”.

El informe concluye que el CMC “responde a un proyecto altamente punitivo; es un lugar de castigo, aislamiento y encierro prolongado, que no cumple con el objetivo de las medidas socioeducativas en la privación de libertad”. Las autoras constataron “condiciones de reclusión totalmente inadecuadas para los adolescentes, primando el encierro, el aislamiento individual, la sobremedicación y la falta de cumplimiento de las medidas socioeducativas establecidas para adolescentes en el Código de la Niñez y la Adolescencia”.

El documento reafirma “la urgencia y necesidad de abolir el mecanismo de traslado a centros de máxima seguridad como medida de sanción para los adolescentes”, emergente que se reitera en esta reapertura. “Esta práctica refuerza la lógica de premio-castigo en el sistema de privación de libertad, donde los centros ‘castigo’ basados en criterios de encierro y aislamiento individual consolidan la autopercepción de los adolescentes como ‘sujetos peligrosos’ y refuerza la violencia simbólica que recae sobre ellos”.

“El aislamiento individual y el encierro compulsivo como mecanismos para solucionar problemas de conducta vulneran derechos fundamentales de los adolescentes privados de libertad, consagrados en instrumentos nacionales e internacionales a los que Uruguay suscribe y que ratifica”, señalan.

Sobre la estructura carcelaria y las condiciones edilicias, concluyen que “presenta grandes carencias en el mantenimiento de la infraestructura y no cumple con las condiciones mínimas adecuadas para la permanencia de los adolescentes”. Situación que se refuerza “ante la ausencia de espacios comunes y equipamiento necesario para la realización de actividades fuera de las celdas”.

“Estas condiciones generan efectos nocivos y de alto impacto en la salud mental de los adolescentes, siendo la sobremedicación la primera respuesta institucional. El registro de reiterados intentos de autoeliminación y autolesiones por parte de los adolescentes en el centro reflejan la falta de una adecuada atención de la salud mental, así como la ausencia de un abordaje posterior a estas situaciones”. Señalan que es “de extrema gravedad la imposición de una sanción disciplinaria a los adolescentes” que tienen intentos de suicidio.

Para cerrar, recomiendan “el cierre definitivo del CMC en el menor tiempo posible”, y la “no reapertura de un centro con estas características”. Tras un año de que este cierre se concretó, la actual gestión del Inisa dispuso la pronta reapertura.

Cuando se informó del cierre del CMC, el presidente del Sindicato Único del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, Joselo López, dijo que esa decisión había sido tomada de forma “unilateral” por la administración y no era “compartida del todo” por el gremio, ya que “puede generar inconvenientes”. El sindicato no se ha expresado ante la reapertura.

Andrea Venosa, actual directora del Inisa por la oposición, planteó en una columna de opinión en la diaria su discrepancia con la decisión de reabrir el CMC: “En la actualidad el Inisa no cuenta con personal de trato directo o de niveles de dirección con la capacitación específica para el tratamiento de jóvenes con conductas violentas, disruptivas y de escasa o nula aceptación de las normas de convivencia. Además, si el gobierno está empeñado en reducir costos de funcionamiento, la reapertura del espacio CMC aumenta el gasto, al otorgar encargaturas a un número significativo de personas en toda la escala de funciones”.