La jueza penal de 40º turno, María Laura Sunhary, formalizó al dueño del hotel Quijano Apart & Suite, en el marco de la causa que investiga la muerte de un trabajador de la construcción en marzo de 2020.

El hombre, un ciudadano argentino radicado en Uruguay, fue formalizado por un delito de falsificación ideológica y un delito de estafa especialmente agravada, debido a que registró al trabajador en el Banco de Previsión Social (BPS) luego del accidente.

Si bien la defensa de la víctima pidió la prisión preventiva como medida cautelar, la jueza dispuso la fijación de domicilio y el cierre de fronteras con retención de pasaporte por 90 días.

El accidente ocurrió el 12 de marzo de 2020, cuando Eugenio Bichinique, de 62 años, estaba trabajando sin casco, ni medidas de protección, en una azotea y cayó al vacío desde una altura de cuatro metros. El hombre fue trasladado al Centro de Tratamientos Intensivos del Hospital Policial y murió 14 días después.

Según informó a la diaria Oscar López Goldaracena, abogado de la familia de la víctima, el dueño del hotel no hizo la denuncia policial y la escena del accidente fue removida, lo que dificultó la investigación en torno a la muerte del trabajador. Si bien el dueño declaró que la caída había sido a nivel de piso, tanto la autopsia del cuerpo como la declaración de varios testigos del accidente marcan que la caída fue desde la azotea, en donde el hombre estaba trabajando en la terminación de un parrillero.

Después del accidente el imputado registró al trabajador en el BPS, lo que le permitió acceder a la cobertura asistencial del Banco de Seguros del Estado, y dijo que había empezado a trabajar tres días antes. Sin embargo, en una audiencia admitió que declaró eso para ocultar que el trabajador, que estaba haciendo los trámites jubilatorios, venía trabajando en negro en el hotel desde octubre de 2019.

Goldaracena señaló que la investigación penal, a cargo del fiscal de Flagrancia de 5º turno, Diego Pérez, continuará analizando la responsabilidad del dueño del hotel en el fallecimiento del trabajador, en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial o tipificando un homicidio culposo.

El abogado también inició una demanda civil contra el empresario, en busca de una indemnización reparatoria para la familia del trabajador.