El exintegrante de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) Jorge Guldenzoph fue conducido a la Fiscalía, acompañado de su abogada, Ximena Perdomo, para declarar ante el fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 1º Turno, Enrique Rodríguez, en la causa que investiga espionaje militar y policial en democracia.
Según señalaron a la diaria fuentes que estuvieron en la audiencia, Guldenzoph declaró durante más de dos horas ante el fiscal sobre su participación en los actos de espionaje a partir de 1985 y su vínculo con el inspector Víctor Castiglioni, ya fallecido, quien estuvo al frente de la DNII entre 1971 y 1982 y tuvo en su poder parte del archivo que documenta las actividades de espionaje.
La causa fue abierta en 2018 tras dos años de trabajo de la comisión investigadora del Parlamento que estudió el espionaje en democracia, a partir de la publicación de los archivos Berruti, unos 1.144 rollos microfilmados que fueron encontrados en 2006 durante la gestión de la ministra Azucena Berruti. Los documentos fueron encontrados mayoritariamente donde funcionaba el Centro General de Instrucción de Oficiales de Reserva; otros se encontraron en la sede del Ministerio de Defensa Nacional (MDN).
En enero de 2015 el semanario Brecha dio cuenta de la existencia de un archivo militar escondido en la casa de un alto oficial de Inteligencia, que luego sería conocido como el archivo Castiglioni.
En octubre de ese año, la jueza Beatriz Larrieu allanó la casa del coronel Elmar Castiglioni, sobrino del inspector Víctor Castiglioni. En el operativo se logró la incautación de 60 cajas con archivos de Inteligencia, que complementan el material encontrado en el MDN en 2006.
Guldenzoph fue uno de los más cercanos colaboradores de Castiglioni. En declaraciones realizadas a la Justicia, en el marco de la causa que investiga torturas en La Tablada, admitió que una de las principales razones por las que abandonó la Unión de Juventudes Comunistas fue su vínculo con Castiglioni, y el hecho de que le diera “la oportunidad de hacer lo que me gustaba: escribir, dar conferencias”.
En noviembre de 2016 se creó en el Parlamento la Comisión Investigadora sobre Actividades de Inteligencia Militar en Democracia, a raíz de una publicación realizada en el semanario Brecha en setiembre de ese año, que revelaba el espionaje desplegado por la inteligencia militar en democracia contra políticos y sindicatos.
Durante su trabajo, la comisión analizó los archivos y convocó a autoridades de la época y personas señaladas o identificadas a partir de los documentos, a los que en principio tuvieron acceso sólo los integrantes de la comisión. De las 167 personas que convocaron sólo 63 aceptaron la invitación.
Esa comisión culminó su trabajo en setiembre de 2018, confirmando la existencia de un sistemático espionaje militar y policial en democracia “contra la totalidad de los partidos políticos, sindicatos, gremios estudiantiles, organizaciones de derechos humanos, entes del Estado, el Poder Ejecutivo, personalidades, periodistas, integrantes del Poder Judicial y empresas”, y el informe fue remitido a la Justicia.