La Fiscalía General de la Nación realizó este jueves su Rendición de Cuentas con datos cerrados a febrero e informó que alcanzó 1.635 denuncias formalizadas con al menos una persona imputada. En 2020 el promedio mensual de denuncias formalizadas fue de 1.540.

El director del Departamento de Políticas Públicas, Sebastián Pereyra, destacó que desde el inicio del Código del Proceso Penal la cantidad de denuncias formalizadas está en aumento sostenido, y en setiembre de 2020 se registró un máximo histórico de 2.002 denuncias.

Pereyra valoró el aumento de la cantidad de personas privadas de libertad con condena, que alcanza a 84,2%, lo que pone al país en el primer lugar de América del Sur, lo que atribuyó al instrumento del proceso abreviado. De todas formas, advirtió que ese indicador redujo su crecimiento en el último mes, con relación al avance de los meses anteriores.

Por otra parte, señaló que si bien con la aplicación del nuevo código se redujo la prisión preventiva, la cantidad de personas privadas de libertad continúa en aumento desde julio de 2018, con un incremento de 13,5% anual. Con 13.443 personas privadas de libertad, Uruguay es el país con mayor prisionización de América del Sur.

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, destacó que mientras las denuncias de delitos bajan, las imputaciones y las noticias criminales aclaradas crecen debido a una mayor eficacia del sistema, y reconoció el trabajo de los funcionarios de la Fiscalía, en condiciones de rebaja salarial y restricciones presupuestales.

“Nuestro talón de Aquiles son los recursos. [...] Nosotros necesitaríamos tener una tercera fiscalía de drogas, una tercera fiscalía de Delitos Económicos y una fiscalía de Delitos Sexuales más, y poder reinstalar la Fiscalía de Toledo”, señaló. Díaz dijo que esas reformas “no son grandes números en el presupuesto” pero “marcarían la diferencia” en el trabajo.

Consultado sobre la incidencia de la suspensión condicional del proceso en el aumento de la tasa de prisionización, Díaz señaló que ante el continuo incremento de los procesos abreviados es difícil saber en qué medida corresponden a efectos de la eliminación de ese instituto.

En cuanto a la posibilidad de recuperarlo, Díaz respondió que cuando se discutió la eliminación de la suspensión condicional del proceso hubo una respuesta unánime de los operadores del sistema de Justicia a favor de mantenerlo y planteó que si existiera un proyecto para restablecerlo, la Fiscalía tendría una postura favorable.

Díaz se refirió también a la implementación del teletrabajo en la Fiscalía y señaló que desde que la Suprema Corte de Justicia decretó la feria judicial extraordinaria se definió mantener los turnos con el mínimo de presencialidad posible.

Además, destacó que a todos los fiscales que trabajan en el sistema acusatorio se les asignó una computadora con acceso al sistema de información, lo que les permite pedir pericias, realizar órdenes de allanamiento, de detención, preparar acusaciones, formalizaciones y juicios. “La institución tiene las herramientas para teletrabajar y para controlar el teletrabajo”, agregó.

El fiscal de Corte se refirió a la vacunación de los fiscales, que accedieron a ser considerados una población prioritaria por parte del Ministerio de Salud Pública, y sostuvo que “no es un privilegio, sino un derecho de funcionarios públicos que cumplen funciones esenciales”.

Operación Océano: el fiscal de Corte dijo que la Fiscalía fue perjudicada por las irregularidades en el manejo de la evidencia

El fiscal de Corte fue consultado por la denuncia que el miércoles presentó el Ministerio del Interior (MI), luego de constatar que en la Unidad de Delitos Informáticos había sido borrado manualmente un archivo de la carpeta de datos de los dispositivos incautados en la Operación Océano.

Díaz subrayó la actitud tanto del MI como de la Fiscalía de imponer investigaciones internas para conocer las causas por las que faltaba un archivo en los discos copiados a los abogados.

“Nosotros no miramos para otro lado, fuimos a ver cuál era problema y cuando el MI detectó la irregularidad, no barrió para abajo de la alfombra“, señaló.

Además, planteó que la cadena de custodia no se vio afectada, por lo que todos los datos incautados están a disposición de la causa. Consultado sobre las consecuencias de la validez de la evidencia, dado que no todos los datos fueron distribuidos a todas las partes, Díaz planteó que en la medida en que no se realizaron actos procesales en esa situación, no pueden ser anulados.

“Si se hubiera diligenciado la prueba anticipada y las defensas no hubieran tenido todos los archivos, ahí habría un problema sin duda, pero no pasó”, advirtió.

“La Fiscalía ha sido perjudicada por esta acción, porque la prueba anticipada que debió haberse empezado a diligenciar el año pasado, todavía no se empezó a diligenciar y se ha utilizado para atacar la reputación de la Fiscalía”, afirmó.

Díaz señaló que la causa fue derivada a una fiscalía especializada en Delitos Económicos porque “se entendió que puede haber un delito de corrupción pública”.