La jueza penal de 26º turno, Ana de Salterain, convocó a dos audiencias para avanzar en la causa que investiga el asesinato de Cecilia Fontana, madre del ministro del Interior Luis Alberto Heber, quien murió en setiembre de 1978 tras ingerir un vino envenenado que llegó a su casa con la leyenda “el jueves 31 al mediodía brindaremos por la patria en su nueva etapa”.

La botella de vino con la que fue envenenada Fontana iba dirigida a su esposo, Mario Heber, quien era uno de los integrantes de la dirección del Partido Nacional, que funcionaba sin autorización de la dictadura. También recibieron una botella de vino con la misma leyenda Luis Alberto Lacalle y Carlos Julio Pereyra, pero no llegaron a probarlo.

La primera audiencia será el jueves y en ella declarará uno de los peritos que participaron en la causa, quien realizará una puesta a punto de lo trabajado hasta el momento, en una de las pericias que aún está inconclusa, según informaron a la diaria fuentes judiciales. A pedido expreso de la familia, la causa se lleva adelante con hermetismo, por temor a que una filtración a la prensa afecte la investigación.

En esta etapa del proceso se buscará reconstruir lo actuado e identificar los puntos débiles de la investigación anterior, donde el manejo de las pericias y la actuación de los técnicos fue un tema central. Una de las pericias caligráficas sobre la esquela que llegó con los vinos identificó a una expolicía integrante del equipo de inteligencia policial, pero otras dos pericias, realizadas por el actual director de la Escuela Nacional de Policía, Washington Curbelo, deslindaron su responsabilidad. El ahora ministro del Interior en su momento cuestionó la validez de esas pericias por el vínculo existente entre el perito y la mujer.

Otro de los cabos sueltos de la investigación es la participación del subcomisario Ricardo Zabala, también integrante de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, quien dejó sus huellas dactilares en una de las botellas, según informó el semanario Brecha.

Documentos desclasificados de la CIA fortalecieron la hipótesis de que se trató de una operación de facciones de la dictadura que buscaban evitar el fortalecimiento de los actores políticos. Entre las líneas de investigación también está la participación de un integrante de la publicación de extrema derecha, Azul y Blanco, quien habría comprado la sustancia con la que fueron contaminados los vinos.