La detención de uno de sus socios fundadores, en marzo de este año, marcó un punto de inflexión en la vida de la Unión de Productores de Aceites y Cremas de Cannabis (Upacc), e impulsó la creación de la Coordinadora de Cannabis del Uruguay, que también está integrada por los clubes cannábicos, las empresas y los autocultivadores. La detención ocurrió en Fray Bentos, a partir de una inspección generada por una denuncia anónima. Le encontraron cuatro plantas más de las permitidas. La fiscalía pidió prisión preventiva por considerar que, pese a estar registrado, el hombre había “ingresado en la ilegalidad” al superar la cantidad de plantas permitidas; la jueza lo consideró excesivo y dispuso prisión domiciliaria.

El hombre fue uno entre decenas de autocultivadores que en el primer semestre de este año fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia. En varios casos fueron imputados o condenados con prisión por tenencia no para consumo y en otros esperan los resultados del Instituto Técnico Forense que determinará la suerte de su proceso.

A partir de la LUC, que dispuso agravantes para delitos vinculados a drogas, y la instrucción general de Fiscalía que en marzo estableció el microtráfico como una de las prioridades de la persecución penal, el espíritu de la ley de Regulación y Control del Cannabis, y la presunción de destino para consumo personal, fueron quedando por el camino.

La situación dejó al sector en una zona gris en la que no están claras las reglas de juego, con cambios de hecho en la interpretación de la Ley 19.172, pero sin cambios en la ley y bajo la incertidumbre sobre si se está en regla o no, particularmente por la forma en la que se realizan las inspecciones, en las que cuentan los lugares destinados a secado como “laboratorios” y se pesa la producción, cuyo máximo permitido es de 480 gramos, sin considerar la reducción del peso tras el proceso de secado, que puede llegar a ser hasta de 80%.

Marga Olivera, de 72 años, es una de las 20 personas que integran la UPACC. Hace tres años comenzó a cultivar con hidroponia para producir el aceite de cannabis: “La hidroponia funciona en un mueblecito que tiene una bandeja con agua, que sube por capilaridad a las raíces de las plantas. En un compartimento tenés los nutrientes, es un sistema súper cómodo y práctico. Uno siempre mira las plantas, pero pueden quedarse solas sin problemas. Además, tenés ciclos muy cortos, n dos o tres meses tenés producción. La primera vez que lo hice no lo podía creer, porque eran unos plantines chiquititos que tuvieron un altísimo rendimiento, de muy buenos cogollos, con muy buena resina, porque los nutrientes están super dosificados, reciben lo que la planta realmente necesita y no se contamina”.

El aceite lo produce mediante lo que llama “el método tradicional”, dejando el cogollo limpio en aceite de oliva a baño María: “Yo tengo artrosis y la verdad que es maravilloso: los dolores se fueron y los medicamentos, que me rompían el estómago, no los tuve que tomar más”.

Tras las primeras detenciones y evaluando otros aspectos de su situación personal, Marga optó por dejar de cultivar, al menos por este año: “Yo estoy registrada, renové el registro, pero después me pregunté '¿me vale la pena estar nerviosa?' y decidí no cultivar. Vos te registrás pensando que está todo bien, que la ley te protege, y de repente todo empieza a cambiar y se dieron todos estos operativos policiales que terminaron con cultivadores presos, sin que se les comprobara ninguna cosa rara”.

Para Marga, la finalidad de los operativos policiales contra los autocultivadores es horadar la Ley de Regulación del Cannabis y que, en los hechos, no se pueda aplicar.

“Se están llevando presa a gente por pequeñísimos excedentes y se supone que el Ircca [Instituto de Regulación y Control del Cannabis] se tiene que hacer cargo. Tener excedentes en todo caso es una falta administrativa, pero hay mucha gente que está presa, [algo] que no tiene sentido, porque no cometió ningún delito; la planta le dio más de lo que esperaba”, expresó.

Espacio de cultivo y secado de marihuana, en el barrio Prado.

Espacio de cultivo y secado de marihuana, en el barrio Prado.

Foto: Ernesto Ryan

Para la integrante de la Upacc, el artículo 72 de la Rendición de Cuentas que quita de la protección de los datos personales la dirección de los autocultivadores y los clubes cannábicos y habilita al Ministerio del Interior a realizar inspecciones y controles fue “el broche de oro” de la política del gobierno.

“En la época del pachecato se hablaba de la rosca que estaba en el poder, que quería decir que los que estaban directamente involucrados en los intereses de los bancos, o de los terratenientes, eran los representantes que estaban en el gobierno; hoy está pasando algo muy parecido y se da un proceso tanto económico como represivo parecido; no igual, porque la violencia de aquella época era brutal, pero esto que está pasando ahora con los autocultivadores tiene bastantes puntos de contacto con aquello, que no te podías expresar, que tenías que cuidarte”, comentó.

Entre sus proyectos, está la posibilidad de trabajar en un proyecto de cosmética natural vegana con cannabidiol y un proyecto de cannabis medicinal. Para eso, además de que se concrete la reglamentación de la Ley 19.847 que regula las condiciones de producción de derivados del cannabis, necesita unos 12.000 dólares para acceder a la licencia industrial. “Los costos de las licencias son brutales, está todo pensado para grandes empresas, no está pensado para que alguien común y corriente pueda invertir”.

Consultada sobre las razones que la llevaron a participar en la coordinadora y defender la regulación respondió: “Yo soy militante por definición, toda mi vida milité. Fui militante estudiantil, después vino la dictadura, y una ya no tiene ganas de que le pongan la bota arriba, son muchas batallas perdidas. El cannabis le cambia la vida a la gente, le mejora la calidad de vida, ¿por qué negarle a la gente eso? Da bronca. ¿Qué es la guerra a las drogas? Una guerra contra las personas. Más allá de que yo cultive o no, el cannabis es mi vida, es lo que me interesa cultural e intelectualmente también, y no tengo por qué dejarlo”.

Cecilia Olivera Campanella, de 37 años, es la encargada de la Comisión de Género, Derechos Humanos y Cannabis de la Upacc. Es docente de historia, investigadora social y adscripta en Secundaria. Utiliza la producción para extraer rosin, elaborar manteca o consumir las semillas, que tienen buen contenido de omega 6 y omega 3, y asegura que el aceite de cannabis le cambió su forma de comer y dormir.

Olivera planteó que la comisión de género de la Upacc se creó ante la desigualdad existente en la industria y dentro de la comunidad cannábica: “la mujer tiene como ese doble estigma, por ser mujer y por ser usuaria. Eso hace que el consumo de la mujer sea más en la esfera privada que en la pública, como es el consumo del hombre”. Además, afirmó que las mujeres debieron “dar batalla” para ganar espacio dentro de la comunidad cannábica, ante lo que entiende como una falta de reconocimiento del rol de la mujer en la comunidad.

Para Olivera, los operativos policiales y los cambios en la interpretación de la ley revelan la existencia de “un doble discurso, donde prima lo moral por sobre lo jurídico y lo constitucional”.

“Está el uso responsable, pero después quieren los registros, hacen allanamientos 'voluntarios' y muestran que las políticas de seguridad pública apuntan a encerrar a chiquilines jóvenes y pobres. ¿Les pasa una tonelada de cocaína frente a las narices y me vienen a perseguir a mí?, cuestionó.

Los operativos policiales vinieron a confirmar algo que los autocultivadores sospechaban: “El miedo que teníamos hace ocho años, de que si cambiaba el gobierno podían cambiar las normas de juego, está pasando, y la interpretación es distinta y hay un sistema judicial acorde a esa política. No es que estemos en contra del registro o de los controles, pero en la medida en que sean legítimos y democráticos”.

Olivera hizo hincapié en la falta de apoyo a los emprendimientos y aseguró que el gobierno desplazó a los pequeños productores, pensando la industria del cannabis como la de los rubros tradicionales de exportación, y lamentó que el gobierno optara por la persecución en vez de fomentar la investigación y el desarrollo de un mercado que cuenta con ocho años de experiencia.

Para Olivera el artículo 72 de la Rendición de Cuentas viene “encastrado” con los cambios realizados en la LUC y apunta a perjudicar los derechos adquiridos: “La LUC vino a fomentar aún más un paradigma prohibicionista, que aumentan los riesgos, y me quitan derechos. El prohibicionismo fue un invento del siglo XX que salió muy mal y tienen que reconocerlo, el uso de la planta es milenario y estadísticamente el prohibicionismo es menos de 1% de la historia del uso de la planta”.

Consultada sobre la posible salida a la incertidumbre y la persecución que viven los autocultivadores, respondió: “Esto se soluciona con un diálogo mucho más fluido entre las asociaciones civiles y el gobierno, convocando a la Comisión Honoraria dentro del Ircca, creando un protocolo de actuación entre el Ircca y las asociaciones civiles y dejando las leyes claras”.