La Federación de Clubes Cannábicos del Uruguay (Feccu) expresó que la propuesta del Poder Ejecutivo de brindar las direcciones de los cultivos de cannabis al Ministerio del Interior (MI), sacando esa información de la protección de datos personales, “desautoriza y debilita” al Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca).

En un comunicado publicado este jueves, la Feccu planteó que el envío de los datos al MI “dinamita la confianza que depositaron en el sistema de protección de datos” 12.386 autocultivadores registrados y sus familias y 5.152 personas asociadas a los clubes.

“Considerando que el mayor problema del crimen y violencia del narcotráfico está ligado a otras drogas como la cocaína, nos preguntamos: ¿cuál es el argumento para seguir estigmatizando al cannabis? ¿Por qué se siguen gastando recursos y esfuerzos políticos en las causas equivocadas?”, cuestionó la Feccu.

En diálogo con la diaria, la presidenta de Feccu, María José Milles, señaló que recibieron la noticia “con mucha preocupación” y están en contacto con los autocultivadores y los productores de aceite para analizar los pasos a seguir.

Milles lamentó particularmente la forma de proceder del gobierno, dado que el planteo llega en momentos en que se venía realizando un proceso institucional, a través de lo que dispone la ley y después de la negativa a dar los datos por parte de las instituciones competentes.

“No es que se esté vulnerando el anonimato de los datos por un acuerdo, respetando los procesos internos”, sino que “se vulnera por un capricho, después de esa negativa, pasándoles por arriba a los organismos que tienen que decidir esto por ley”, afirmó.

Milles resaltó que en los contactos que han tenido con el MI, los representantes de la cartera dijeron que querían las direcciones de los cultivos para que, en caso de que tengan investigaciones por delitos, chequear de primera mano si en esas direcciones hay cultivos o no, “pero en ningún momento hablaron de la fiscalización y el control” de los cultivos.

“Genera preocupación porque no se sabe si esto es un inicio de algo o a cuenta de qué viene (...) más con la evidencia del último año”, señaló, en referencia a las irregularidades en los procedimientos policiales en los cultivos.

Por su parte, el diputado del Frente Amplio Sebastián Sabini, que integra la Comisión Especial de Adicciones, dijo a la diaria que se trata de un artículo que “no tiene nada que ver con una Rendición de Cuentas”, y señaló que si el MI quiere prevenir el delito puede acceder a los datos a través de una orden judicial, en la medida en que haya algún hecho que lo justifique. “Acá lo que se está pidiendo es toda la base de datos para prevención, no hay un argumento real o están diciendo que todos los usuarios son potenciales narcotraficantes”, agregó.

Para Sabini el planteo del Ejecutivo “destruye el sistema”. “Nadie se va a querer inscribir para que después venga la Policía a golpearte la puerta de tu casa”, señaló y advirtió que va contra el espíritu de la ley que designó al Ircca como organismo regulador.

El legislador frenteamplista recordó que cuando el entonces diputado Luis Lacalle Pou analizó el proyecto de ley que reguló el cannabis, se opuso al registro por considerarlo propio de un régimen fascista: “Ahora da un giro sumamente contradictorio, se propone agarrar esa base de datos y dársela al MI”.

El artículo 72 de la Rendición de Cuentas enviada al Parlamento declara como un dato “no sensible” las direcciones de los autocultivadores y clubes cannábicos registrados en el Ircca y plantea modificar el artículo 8 de la Ley de Regulación y Control del Cannabis (19.172) para que “sólo la información relativa a la identidad de los titulares de los actos de registro” tengan carácter de dato sensible”.

El proyecto argumenta que el acceso a los datos responde a “razones de seguridad pública” y “prevención de delitos” y asigna al MI la potestad de “realizar inspecciones y controles regulares”, una tarea que realiza el Ircca.

Hasta ahora el Ircca se ha negado a brindar las direcciones de los usuarios del sistema por entender que no pueden ser anonimizados, lo que estaría violando la reserva planteada en la Ley de Regulación y Control del Cannabis, usando el marco de la Ley de Protección de Datos Personales.

Ante la insistencia del MI, el Ircca consultó a la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, que respaldó la posición del Ircca y señaló que en la medida en que los datos no sean anonimizados, el Ircca sólo puede entregarlos por orden judicial o voluntad expresa del titular del registro.