El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, recibió en su despacho a la presidenta de la Federación de Clubes Cannábicos de Uruguay, María José Miles, y al responsable de comunicación, Ruffo Martínez, para analizar la situación generada a partir del artículo 72 de la Rendición de Cuentas.

Con el artículo 72 el Ministerio del Interior (MI) pretende sacar de la protección de datos sensibles a las direcciones de los autocultivadores y clubes cannábicos, y realizar inspecciones y controles regulares en los domicilios registrados en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA).

Según informó Miles a la diaria, durante el encuentro Heber expresó su intención de que los autocultivadores sean excluidos de la pretensión de acceder a los datos por parte del MI y descartó la segunda parte del artículo, que habilita los controles de la Policía, al considerar que se trata de una tarea del IRCCA.

El ministro se manifestó interesado en que el MI tenga acceso a la dirección de los clubes cannábicos y manejó la posibilidad de que los datos permanezcan en las tres fiscalías especializadas en estupefacientes para que los responsables de las investigaciones policiales consulten al fiscal en cada caso.

Miles señaló que la reunión se había pedido antes del envío de la Rendición de Cuentas al Parlamento y que la situación generada por el artículo 72 precipitó el encuentro. “Nos vamos con un balance súper positivo”, expresó Miles, quien destacó la disposición al diálogo de Heber. Planteó que el ministro no descartó el retiro completo del artículo 72, pero advirtió que estaba analizando el caso. Además, se interesó por la forma en que se realizaban los controles del IRCCA, coincidiendo con los representantes de los clubes en que es el IRCCA el que tiene la facultad de inspeccionar a los cultivadores registrados.

Tal como fue enviado, el artículo atenta contra el principio de retroactividad de la ley, opinó Miles, en la medida en que obliga a quienes ya están en el registro. Además, va contra los artículos 72 y 82 de la Constitución, porque afecta derechos inherentes a la personalidad humana, y va contra la forma republicana de gobierno, dado que ya existe una institución rectora en la materia.