Abogados de DDHH llaman a presentar casos ante la Corte Interamericana

Cuatro investigadores, tres en Uruguay y uno en Argentina, un abogado especializado y un grupo de antropólogos bajo la coordinación de Mariana Mota y Wilder Tayler, directores de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), trabajan en la búsqueda de los 197 detenidos desaparecidos durante la dictadura.

Mota dijo a la diaria que actualmente los antropólogos trabajan en una zona amplia del Servicio de Material y Armamento del Ejército (SMA), en Transmisiones 1 y Batallón de Infantería 13, que están en un mismo predio “bastante extenso”. Asimismo, trabajan en el Batallón 14, en Toledo. “Están finalizando determinadas áreas definidas de excavación que se habían establecido antes, en función de testimonios, como posibles lugares de enterramiento. Habían avanzado, culminando algunas zonas e iniciando otras dentro de los mismos predios”, informó la directora. En las áreas cauteladas por la Justicia el trabajo está cerca de finalizar, afirmó Mota. Además, los investigadores están “mejorando y buscando” datos sobre un posible enterramiento clandestino en La Tablada a partir de información que surgió de la última intervención que se hizo en ese lugar. A su vez, surgió una posibilidad de otra zona de excavación lindera a ese lugar.

En la chacra de Pando, en la que se encontraron los restos de Ubagésner Chávez Sosa, está prevista la búsqueda de José Arpino Vega, militante comunista detenido y desaparecido en abril de 1974. Testimonios indican que también sus restos estarían allí, en “espacios que no han sido inspeccionados con anterioridad” por los antropólogos. “Se trata entonces de profundizar la información, de delimitar lo más posible los espacios, porque cuando se habla de zonas tan amplias o genéricas, el trabajo es poco fructífero”, explicó.

En relación con los detenidos desaparecidos en Argentina, dijo que sigue de cerca el juicio del Pozo de Quilmes. Por ese centro de detención clandestino pasaron unas 250 personas secuestradas de varias nacionalidades, especialmente de Uruguay, Paraguay y Chile, en el marco de las acciones del Plan Cóndor. Siete mujeres secuestradas cursaron allí sus embarazos, entre ellas dos uruguayas, que fueron trasladadas luego al Pozo de Banfield porque el lugar donde estaban no contaba con sala de partos. Los niños y niñas nacidos en cautiverio fueron apropiados y privados de su identidad, según el Sitio de Memoria.

En esos centros de detención clandestinos estuvieron secuestrados uruguayos que estaban vinculados con los Grupos de Acción Unificadora, y “prácticamente todos” desaparecieron, señaló Mota. Dijo que “hay que hacer más foco en lo que pueda obtenerse de los testimonios que se están recogiendo en los juicios y profundizar en la información” vinculada con los “vuelos de la muerte”. Sostuvo que se ha recabado información de los libros de vuelo de 1973 a 1980 que se han incautado este año. “Son varias líneas de investigación que van avanzando”, señaló la directora de la INDDHH.

Mota dijo que incluso cuando no se produzcan hallazgos en el terreno, “esto no quiere decir que se haya hecho un trabajo infructuoso”. Afirmó que “hay muchas hipótesis abiertas vinculadas a la situación de detenidos desaparecidos”, y que es necesario trabajar en ellas para verificarlas o descartarlas. Si se excava una zona y se determina que allí no hay nada, “esa es una hipótesis cerrada porque se verificó”, ejemplificó Mota. O si hay “un solo testimonio, de tercera mano, que es un indicio muy débil, hay que buscar otra información”, añadió.

El trabajo que realizan es “muy largo”, porque “ha pasado mucho tiempo” desde las desapariciones, y “hay varios testimonios a los que no se puede acudir porque los testigos murieron”, señaló. “Lo que va quedando es toda una información que no se trabajó en profundidad en su momento”, dijo.

Respecto de la política de Estado que propusieron implementar en su último informe para hallar más archivos en dependencias militares, la directora de la INDDHH sostuvo que “era de orden hacerlo”. Por el momento, esa política no se está llevando adelante: “Lo que nosotros dijimos tiene sentido y lo va a seguir teniendo hasta que eso se haga”. 

Hallazgos en diferentes etapas de la historia han dado cuenta de que esos archivos existen. Mota insistió en que se debe hacer una búsqueda “sistemática” en las diferentes unidades militares para poder verificar la existencia de la información y valerse de ella. “Hay que ver qué información puede ayudarnos en la búsqueda para que además pueda ayudar a conocer más de este pasado”, comentó.

Investigaciones y búsquedas

El área de Transmisiones 1, que funciona en el predio donde está el Batallón de Infantería 13, ya se excavó en su totalidad y no se encontró ningún elemento, ni que hubiera tierra removida. En tanto, cerca de allí, del otro lado de la cañada en donde se encontraron los restos de Eduardo Bleier Horovitz, en 2019, hay un área cautelada “bastante extensa” en la que se prevé terminar las excavaciones a mediados de setiembre. Este trabajo “dura un poco más” porque es una zona bastante inundable y fue necesario encauzar el agua para poder drenar el terreno y continuar con la búsqueda.

A su vez, ya se excavó en una zona de La Tablada señalada por testigos que en época de la dictadura habían visto “situaciones anómalas”. Ahora se trabaja en una parte “muy precisa” de un lugar donde había una construcción. Hay testimonios de que allí había restos de personas desaparecidas. Para que terminen las excavaciones restan “solo días”, supo la diaria.

En tanto, en el Batallón de Infantería 14, se seguirá trabajando en la búsqueda de María Claudia García de Gelman, secuestrada en Buenos Aires en 1976. En el primer gobierno de Tabaré Vázquez, el entonces comandante en jefe del Ejército, Ángel Bertolotti, afirmó con mucha firmeza que allí estaba enterrada María Claudia, pero no hubo ningún hallazgo.

En ese lugar se hicieron excavaciones muy específicas, luego se abandonó la zona. Ahora se iniciará una investigación “más exhaustiva de todo el terreno, como se ha hecho en el Batallón 13”. “Así fue como se encontró a Bleier, por ejemplo”, dijo Mota. Debido a la falta de información, es necesario relevar todo el terreno, y eso enlentece la búsqueda, explicó. No obstante, existen testimonios que señalan esa zona como un “lugar posible” donde encontrar a María Claudia García de Gelman y a “otros” desaparecidos.

En el marco del Día del Detenido Desaparecido, que se conmemora el lunes, para Mota la muerte de los represores Juan Carlos Larcebeau, José Nino Gavazzo y el excanciller de la dictadura Juan Carlos Blanco “nos vuelve a la reflexión” sobre cuántos violadores de derechos humanos y personas fueron partícipes de los crímenes de lesa humanidad, y sobre la información que no aportaron. Para Mota, estos fallecimientos llevan a decir a la gente que “el Estado debe hacer algo” para que ese silencio de alguna manera “se quiebre” y “alentar a dar la información, superando las diferentes visiones acerca de lo que sucedió”. Señaló que la muerte no cierra ningún capítulo, sino que simplemente nos deja con menos posibilidades de conocer la verdad”.

El derecho internacional como respuesta

Si bien la creación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, en 2018, impulsó el avance de las causas que investigan violaciones a los derechos humanos en Uruguay durante la dictadura, a 36 años del retorno de la democracia aún queda más de una decena de causas con pedidos de procesamiento sin resolver, otras que se encuentran en investigación y otras que vieron frustrado su proceso por definiciones de los tribunales de apelación o la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que mantiene una posición mayoritaria de no reconocimiento de los crímenes de lesa humanidad dentro del orden jurídico.

El reciente archivo de la causa que investigaba el asesinato del médico de San Javier, Vladimir Roslik, ocurrido en abril de 1984, en el que la SCJ ratificó la definición del Tribunal de Apelaciones en lo penal de 2° Turno que consideró el caso cosa juzgada por la actuación de la Justicia militar, o el archivo por prescripción de la causa Los Vagones, que investigaba la tortura de decenas de militantes entre finales de la década del 60 y mediados de la década del 70 en Canelones, son ejemplos de cómo la normativa internacional no está asumida por el Poder Judicial en su conjunto. Si bien, diferentes abogados consultados entienden que el no reconocimiento de esa normativa es una posición en retroceso, quienes defienden esa postura ocupan puestos claves, y desde los tribunales y la corte, cierran las alternativas en la Justicia uruguaya.

Entre los tribunales de apelaciones en lo penal, diferentes fuentes coincidieron en que el único que sostiene una preocupación y aplicación cabal de la normativa internacional, particularmente en lo referente a la prescripción y la sentencia de condena en la causa Gelman vs. el Estado uruguayo es el Tribunal de Apelaciones de 1er Turno, integrado por Graciela Gatti, Alberto Reyes y Sergio Torres, mientras que el Tribunal de Apelaciones en lo penal de 2° Turno se encuentra en las antípodas de esa posición.

En tanto, en la SCJ la posición de reconocimiento a los delitos de lesa humanidad es apoyada por la ministra Bernadette Minvielle y el ministro John Pérez, mientras que el presidente de la SCJ, Tabaré Sosa, la ministra Elena Martínez y el ministro Luis Tosi tienen una posición opuesta. Tosi dejará su lugar en octubre por lo que podría cambiar la correlación de fuerzas. En los últimos años se han dado varios casos de integración de la corte en los que ascienden ministros con una posición favorable al reconocimiento de los crímenes de lesa humanidad, como es el caso del ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia de 2° Turno, Eduardo Cavalli, o quien fuera ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3er Turno, Fernando Cardinal. Además, en anteriores integraciones de la corte hubo una posición favorable al reconocimiento, como fue el caso de Ricardo Pérez Manrique, Leslei Van Rompey o Felipe Hounie.

Uno de los principales puntos de la discusión está en la aplicación de la Convención Internacional sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad de Naciones Unidas, aprobada en 1968 y ratificada por el Parlamento uruguayo en 2001. Además del artículo 72 de la Constitución, que establece que su enumeración de derechos, deberes y garantías no excluye otros derechos “inherentes a la personalidad humana”, el artículo 1º de la Convención plantea que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles “cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido”.

Hasta ahora han llegado dos causas de derechos humanos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la causa Gelman, que es la única con sentencia de condena y dos sentencias de supervisión; y la causa que integra los casos de la desaparición de Óscar Tassino y Luis Eduardo González y el triple asesinato conocido como “Las muchachas de abril”, del que se espera una sentencia de condena para fin de año. De manera colateral se investiga lo ocurrido en Uruguay, en la causa sobre la responsabilidad del Estado argentino en el caso del secuestro de los hermanos Julien, en la que un fiscal argentino cuestionó la falta de cooperación de la Justicia uruguaya.

“El Sistema Interamericano de Derechos Humanos está sobrecargado, pero sigue siendo el sistema regional de protección de derechos por excelencia y al cual el país adhirió y se comprometió a respetar”, señaló a la diaria el abogado denunciante Martín Fernández. Dijo que lo más valioso de recurrir a la Justicia internacional es que exista “un pronunciamiento en relación a todo este tiempo en que Uruguay violentó artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos y la reafirmación de que las víctimas estaban en lo correcto al reclamarle al Estado que investigue y que tenga políticas de búsqueda activas”.

El abogado señaló que, si bien es menos explícito, la posición contraria al reconocimiento de la normativa internacional sigue vigente dentro y fuera del Poder Judicial, y señaló que los archivos por prescripción o cosa juzgada “muestran que el derecho internacional y los pactos que Uruguay ratificó son considerados de segundo nivel cuando al menos deberían ser considerados del mismo rango de la Constitución”.

“Hay una cuestión de cultura jurídica, no vemos la importancia de recurrir a los tribunales internacionales”, señaló, y añadió que se trata de un problema que se ve reflejado también en el ámbito legislativo. “Se adoptan leyes que van en contra de esas convenciones, eso se ve en la ley de urgente consideración y en tantas otras”, agregó. Fernández lamentó que en esos ámbitos se presente la normativa internacional como “lo foráneo”, en detrimento de la soberanía.

Pablo Chargoñia, abogado del Observatorio Luz Ibarburu, planteó que la sentencia de supervisión del caso Gelman muestra la “debilidad de Uruguay en las investigaciones a las violaciones a los derechos humanos”. En ese caso, la CIDH reprocha que no haya resuelto la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y tampoco impute el delito de desaparición forzada, optando por el de homicidio.

“El panorama judicial en Uruguay no está respondiendo adecuadamente a los deberes que el Estado uruguayo tiene”, señaló.

Consultado sobre el consenso en cuanto a las implicancias de la ratificación parlamentaria de las convenciones internacionales, Chargoñia planteó que la idea de la soberanía nacional absoluta aún se mantiene en el sistema uruguayo. “La postura de que las normas locales nacionales se imponen por encima de los tratados internacionales están perdiendo territorio en el ámbito judicial, y en el ámbito doctrinario están francamente superadas”, opinó.

Si bien reconoció los años que implica realizar el planteo a la Corte, señaló que “es un camino que hay que recorrer para que haya un diálogo jurisprudencial entre la CIDH y los tribunales uruguayos” y opinó que “necesitamos más juicios y más sentencias que ventilen el atraso en el abordaje e interpretación que el sistema uruguayo está revelando”.

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